El Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia afirma que en 2025 hubo una víctima directa cada 44 horas. Según el Observatorio Lucía Pérez, se debe a que disminuyeron en la provincia de Buenos Aires, más que en el promedio nacional.
Por Soledad Ferrari*
Los machetazos del Poder Ejecutivo contra las políticas públicas no se vieron afectadas en la integridad de las mujeres. En Corrientes, La Pampa y San Juan no registraron casos. En la comparación interanual, las víctimas directas se redujeron en 28 casos entre 2024 y 2025, una caída del 12,3%. Eso refleja el informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Claudia Acuña, directora del Observatorio Lucía Pérez – el primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por aborto y desaparecidas – asegura que los homicidios en general disminuyeron en la provincia de Buenos Aires, más que el promedio nacional, lo que genera una baja sustantiva a nivel nacional. “Definitivamente entendemos que esa baja se relaciona con la persistencia y el trabajo social que se viene llevando a cabo en la provincia. Las cifras están estables. Se ha dificultado mucho para quien hace las estadísticas solo a través de medios de comunicación porque cerró Télam. Se pierde el registro de casos que no tienen la difusión en el momento exacto. Nosotros tenemos la captura de la información a través de redes locales. Hay casos en los que resulta difícil encontrar el nombre, el fiscal o la circunstancia concreta. Muchas veces se toma como las cifras de los femicidios solo a las parentales como novios o parejas. No contabilizan los femicidios territoriales, los narco femicidios. El sesgo de los datos está dado por como hacen el corte. Todos los gobiernos anuncian que bajan los femicidios”.
Cuestión de método
La Corte informa una baja porque compara víctimas directas de femicidio registradas en causas judiciales: 200 en 2025 contra 228 en 2024, es decir, una caída del 12,3%. Además suma 19 víctimas vinculadas, lo que da 219 víctimas totales investigadas.
El punto metodológico es clave: la Corte mide causas judiciales iniciadas por muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género, con datos aportados por las jurisdicciones judiciales.
El Observatorio Lucía Pérez trabaja con un universo más amplio y de carga diaria: femicidios, travesticidios, tentativas, desaparecidas, crímenes en investigación, infancias huérfanas y otros padrones de violencia patriarcal. En su informe 2025 registra 271 femicidios y transfemicidios, y su sitio muestra 12 padrones actualizados diariamente. Por eso, más que afirmar de manera lineal que los femicidios bajaron, corresponde señalar que bajaron dentro del recorte judicial de la Corte. Cuando se amplía la mirada hacia otras formas de violencia patriarcal y otros criterios de registro, el diagnóstico se vuelve menos concluyente.
Para la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, la disminución registrada en los femicidios durante 2025 se explica fundamentalmente por la baja observada en territorio bonaerense. Sin embargo, advirtió que la violencia extrema por motivos de género continúa siendo una problemática grave y que los intentos de asesinatos muestran una tendencia preocupante. “Los femicidios, en la mayoría de los casos, ocurren en el marco de relaciones sexoafectivas y no son una competencia directa del Estado nacional. La política pública consiste en prevenir, investigar y articular el trabajo entre los distintos organismos y poderes del Estado”, señaló. En ese sentido, cuestionó las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. “La Nación vació áreas, desfinanció programas, estigmatizó a las víctimas e incluso planteó eliminar la figura de femicidio. Nada de eso puede contribuir a reducir la violencia de género; todo lo contrario”, sostuvo.
Díaz destacó además que organismos internacionales han valorado el trabajo realizado por la provincia de Buenos Aires en materia de prevención y asistencia. “Los intentos de femicidio y la violencia extrema en las relaciones interpersonales están creciendo. Lo que también tenemos en PBA son alertas más tempranas y mejores mecanismos de intervención. Aunque haya bajado el número de femicidios, sigue siendo una cifra que nos desafía profundamente“, afirmó.
Diaz vincula el contexto económico con el aumento de las situaciones de vulnerabilidad. Las políticas de ajuste precarizan las condiciones de vida. La pérdida de empleo, la falta de respuestas para jubilados y personas con discapacidad generan un escenario de mayor conflictividad social. “Hay más demanda de asistencia y los estados provinciales y municipales deben responder con menos recursos”, concluyó.
Según Díaz, el aumento de las consultas y demandas en el Poder Judicial demuestra que la problemática sigue vigente. “Nos alienta ver que municipios, organizaciones e instituciones continúan comprometidos en mejorar las condiciones de vida. El derecho a vivir una vida libre de violencia es un derecho básico de todas las personas”, sostiene.
La funcionaria también cuestionó la eliminación del Consejo Federal de las Mujeres y aseguró que las provincias continúan sosteniendo espacios de articulación. “Mientras para el Gobierno nacional la violencia de género parece no existir y se pone en duda la palabra de las víctimas, desde las provincias seguimos trabajando de manera coordinada”, indicó y no dio crédito a las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich que escribió en X: “No es politiquería barata del feminismo berreta. Es Ley y Orden”.
Víctimas sin justicia
Quien no cree que la seguridad de las mujeres está mejor es Marcela Sorrentino. “Hoy se cumplen dos años de la muerte de mi hermana, Macarena Sorrentino y de su hijo León. Macarena tenía 38 años, León tenía 6 y era un niño con discapacidad. Mi hermana llevaba al menos dos años denunciando situaciones de violencia de género. Su ex marido, el papá de nene, Pedro Fernández tenía una restricción perimetral vigente. Sin embargo, él tenía una ferretería frente a la vivienda y nunca dejó de hostigarla”. La noche en la que murieron Macarena y su pequeño hijo se incendió la casa. Lo que siempre llamó de su familia atención es que una parte de la vivienda se prendió fuego y otra no. Además, mientras todo ocurría, Fernández filmaba el incendio.
Para ellos, intentó instalar la idea de que la responsable era Macarena. Pedro Fernández está detenido, pero el fallo del Juzgado N° 5 de La Matanza sostiene que “los dejó encerrados sin haber tenido voluntad de matarlos”. Marcela Sorrentino no acepta esa interpretación. ”No puede decirnos que no hubo intención cuando existían antecedentes de violencia, denuncias previas y una situación de extrema vulnerabilidad. La última presentación judicial que realizamos fue en el Juzgado de Familia N° 5 de La Matanza. Durante años advertimos sobre lo que estaba pasando. Incluso hubo situaciones graves de desprotección: en una oportunidad se solicitó una ambulancia para asistir a Macarena, pero debido a que la dirección estaba mal consignada, el personal acudió a la casa de al lado y no pudieron encontrarla”. El asesino de Macarena y de León saldrá en libertad en 2030.
*Periodista, egresada de la carrera de Periodismo (TEA). Fuente Página 12 https://www.pagina12.com.ar/Imagen ilustrativa.
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