A horas de la sentencia, integrantes de la Mesa Provincial de Trabajo por los derechos humanos que realizan un seguimiento sobre los casos de violencia institucional en Córdoba, opinan sobre el desarrollo del juicio que juzga al oficial de policía, Luciano Emanuel Carnero, autor del disparo que terminó con la vida de Lucas Funes, en diciembre de 2012.
Por Redacción*
Han pasado 11 años y medio y, gracias a la tenacidad de la familia y el abogado querellante, se ha llegado a esta instancia en donde en cada audiencia estamos escuchando a policías que en general “no vieron mucho y menos, disparar a su compañero”, olvidos que convienen para no ser involucrados en falso testimonio. Mientras que los vecinos del lugar del hecho: sí están dando indicios de una cacería.
En 2012 Lucas Funes tenía 24 años. En una fotografía, que consta en el expediente, hay dos policías uniformados que están de espaldas, y al fondo hay un cementerio y un escrito con una amenaza clara que dice: “las cosas no se olvidan, usted va a terminar acá Funes”. Ese día de diciembre de 2012, seguramente Lucas sintió que la amenaza se estaba por cumplir. Y efectivamente se cumplió
Es un caso más de gatillo fácil en la provincia de Córdoba. En este caso de otro chico pobre, al que le habían anticipado que lo iban a matar y así lo hicieron.
11 años y medio ha tardado el Tribunal de Río Tercero para dar lugar a un juicio donde parte de los testigos son muchos policías. Y son policías los que dentro del edificio de justicia deciden que los familiares y allegados no porten una remera con la cara y el nombre de Lucas Funes. La Policía también es quien determina si la organización de derechos humanos que asiste a las audiencias, puede o no llevar un distintivo que los identifica y también resuelve quién de la prensa entra o no a observar y escuchar las audiencias, o le cierra la puerta de ingreso a la sala de audiencias al abuelo de Lucas. Son casi dioses del recinto.
Testigos de las audiencias confirman que Carnero sale -casi como jefe- y se saluda con todo el grupo policial que está a cargo de la seguridad del juicio. El poder judicial y la Policía trabajan juntos, pero no hay que olvidarse que en esta causa están juzgando a un policía que aplicó una pena de muerte en un país que lo prohíbe. El delito que se expone en las audiencias deja en claro una persecución descarnada con un objetivo preciso: matar a Lucas Funes.
Este es otro juicio donde la víctima es un joven pobre. Joaquín Paredes, Damián Pérez y ahora Lucas Funes son parte del registro de jóvenes pobres que fueron muertos por la policía y que parecen importar poco sus vidas.
Cuando se arrebata la vida de un joven pobre -la sensación que tenemos todos los que asistimos a las audiencias- es que estas vidas valen menos que otras. Porque la prensa no cubre los juicios, la familia y amigos sufren el desamparo y la marginación.
Estas vidas no salen en los medios de comunicación y poca gente se acerca a abrazar a estas madres.
En este caso, como en tantos otros, se plantó un arma (protocolo no escrito a lo que la Policía nos tiene acostumbrados a los cordobeses) y con los prejuicios sociales que nos han inculcado: “hubo enfrentamiento” y eso-a algunos policías- les da permiso para matar”. Resabios de la dictadura.
La decisión de los jueces del tribunal será resolver si se puede hacer justicia después de 11 años y medio. Hace pocos días se hizo una pericia sobre el cuerpo de Lucas, que no se había hecho como correspondía en 2012. Solo esa pericia sobre el cuerpo de Lucas -hecha once años después- da un indicio de lo poco que le ha importado a quienes debían investigar, la vida de esta persona.
El cuerpo tiene once impactos de balas de goma y una bala de arma de fuego que lo remató en la nuca. Muchos policías y vecinos escucharon “dos disparos” y otro testigo-también policía- dijo que, al ver a Lucas tirado y fallecido, preguntó “qué pasó”, a lo que sus compañeros respondieron “le disparamos”.
Antes, otro policía había dicho-en la primera audiencia-que Carnero gritaba “alto Funes” y aplicó el sistema de doble tap (técnica que consiste en ejecutar dos disparos apuntados al mismo blanco en muy poco tiempo) sobre la víctima. El sistema de doble tap se aplica ante una amenaza armada real y concreta porque el resultado siempre es de lesiones gravísimas o la muerte. Amenaza de Lucas, que en este caso no se dio.
El imputado Luciano Carnero niega los hechos, pero la bala extraída de la cabeza de Lucas, es de su arma reglamentaria.
Cuando los jueces -a cargo de este tribunal- resuelvan lo que para muchos ha sido tan evidente: persecución-cacería y fusilamiento, nos preguntamos:
¿Cuál puede ser la condena para alguien que ejecuta semejante delito si la caratula expresa que solo hubo “exceso”?. Otra palabra que nos recuerda tiempos funestos de nuestro país. Y ¿se sumará a la condena penal el resarcimiento moral? Porque esta familia “rogó justicia” desde diciembre de 2012 hasta esta semana.
*Comisión de Violencia Institucional de la Mesa Provincial de DDHH de Córdoba. Foto Prensa Comisión.
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