Durante la segunda audiencia del proceso que investiga los delitos cometidos en La Perla y el D2 que afectaron a 43 víctimas, la jueza Prado interrogó a 18 imputados en las causas Driedrich y su acumulada Herrera. El próximo miércoles se abre la etapa testimonial con la declaración de cuatro testigos.
Por Katy García*
Tras la apertura de la segunda audiencia se trató la incorporación de una prueba nueva ofrecida por la querella y planteada por el fiscal Maximiliano Hairabedián. Se trata de una documental basada en el testimonio que Nelson Sierra realizó en 1983 ante el juez González Pizarro que podría aportar datos sobre varias víctimas de la causa Herrera. Claudio Orosz puso a disposición de la fiscalía esta información. El Tribunal hizo lugar a la incorporación y tramitará la búsqueda del testigo. Por otra parte, el fiscal ofreció como prueba nueva el libro Disposición Final de Ceferino Reato donde Videla se refiere a las desapariciones.
Durante una extensa jornada que arrancó a media mañana y culminó cerca de las 16, se completó la indagatoria a los 18 imputados. Hubo algunos problemas de conexión que fueron solucionados y un cuarto intermedio de más de una hora. Todos negaron los hechos por los que están en el banquillo. La mayoría tiene más de 70 años y no es la primera vez que afrontan un juicio de estas características. Padecen las enfermedades propias de la vejez tales como diabetes, hipertensión arterial, operaciones varias, cáncer, trastornos psiquiátricos, entre otras afecciones. Casi todos declararán más adelante. De las respuestas surgen claras diferencias de rango e ingresos. Pero los sigue uniendo la negación de los hechos.
Indagatorias
La presidenta del Tribunal, Carolina Prado, se dirigió a los imputados antes de formularles las preguntas sobre los datos personales volcados en la requisitoria. Tras aclararles que se trata de un acto de defensa comenzó con el acto procesal que permite conocer la situación del acusado. Es como llenar una ficha personal con datos filiatorios, estudios, ingresos económicos, enfermedades y convivencia. Por caso, el primero en ser indagado fue Hector Pedro Vergez (77), separado, excapitán militar, argentino, nacido en La Pampa. Se encuentra alojado en Campo de Mayo. Manifestó que gana $16 mil pesos y que además de padecer varias enfermedades estuvo con Covid 19. El segundo fue el excapitán del ejército, Luis Gustavo Diedrich (81) nombre que lleva uno de los expedientes. Vive con su esposa desde que le otorgaron la prisión domiciliaria.
El ex capitán del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro (a) “Nabo” condenado a perpetua junto a Menéndez y Héctor Pedro Vergez por desapariciones y otros delitos, cometidos en los campos de concentración La Perla y La Ribera, fue el primero en no responder al ítem domicilio “por seguridad”. La mayoría tomó esa posición que el Tribunal aceptó ya que el dato está en el expediente.
Arnoldo José López (a) Chubi habló de la recusación que les hizo a los vocales del Tribunal porque a su entender “no le garantizaban imparcialidad” y añadió que desconfiaba de la transmisión remota porque “alguien podría alterar” lo que ellos estaban diciendo y pidió “un control de calidad” por las dificultades en la comunicación. Dijo que lo hacía “en salvaguarda” de sus derechos” ya que el “señor vocal”- refiriéndose a Díaz Gavier- se había manifestado con insultos respecto a su persona.
Luego afirmó que había escuchado “parcialmente la acusación” por problemas técnicos. Fue ahí que la jueza le leyó los hechos que se le atribuyen en ambas causas. El imputado cuestionó cada uno de esos hechos por considerar que eran “imprecisos”. También habló de su legajo original dando a entender que fue cambiado.
López cuestionó las circunstancias y los términos que constan en la requisitoria fiscal en relación a su imputación. Se apoyó en la teoría de los dos demonios para justificar sus acciones y negó que la OP3 haya participado en la disposición final. No se privó de nada. Incluso acusó al abogado Claudio Orosz de ser “tan terrorista como los demás”. La jueza tuvo que advertirle que se remita a los hechos en los que está involucrado.
En definitiva afirmó que no existen pruebas directas en su contra para incriminarlo y que así no se puede defender. “No tenemos ninguna garantía”, dijo, antes de responder las preguntas de la fiscalía.
Negó haber sido parte de los interrogatorios bajo tortura. Tampoco conoció a los interrogadores. No participó en allanamientos. Dijo que ignoraba quiénes ordenaban las privaciones de la libertad y el destino de los desaparecidos porque “era el último en el escalón” de una estructura vertical. Pero, sí reconoció haber participado en lo que llamó “una acción armada” que duró cuatro horas en El Castillo, en barrio Cerro de las Rosas.
Ricardo Alberto Lardone (77) (a) Fogonazo, personal civil de inteligencia, declaró que “desconoce los hechos que se le atribuyen en las dos causas”. Negó que en 1976 haya formado parte del Grupo de Operaciones, sección tercera. Afirmó que conoció La Perla en 1977 cuando tomó fotos “a personas que no conocía”. En su larga exposición se victimizó y ayudado por un escrito habló de diversos temas ajenos a los hechos.
Afirmó que durante 1975 y 1976 trabajaba en la oficina de prensa del Teatro Rivera Indarte y que tomaba fotos de artistas para las gacetillas que se repartían en los medios. Agregó que cubría eventos culturales por orden del licenciado Infante.
El fiscal le preguntó sobre varios temas. Entre ellos sobre los problemas psiquiátricos a los que aludió. Respondió que “como esto se va tan largo vamos a morir en prisión y las causas se van ampliando…estaba pensando en matarse”. Está con prisión domiciliaria.
Orosz le preguntó cómo logró jubilarse. Y respondió que tiene una moratoria con Anses. También lo indagó acerca de otro apodo: “Lacaba”. Respondió que era un nombre ficticio relacionado con su tarea.
José Hugo Herrera (69), casado, suboficial retirado del ejército se quejó de varias cosas. De la instrucción porque se lo menciona en un lugar donde no estuvo. De los escraches, la prisión preventiva, y de la suspensión del pago de haberes. Agregó que también perdió su trabajo en Telecom y CTI.
El último indagado fue Miguel Ángel Gómez (a) “Gato” que no declaró sobre las causas. Pero acusó a La Cámpora de “desintegrar” su grupo familiar. También reclamó ante el Tribunal que no le están proveyendo una medicación cuestión de la que tomaron nota.
El próximo miércoles, 23 de septiembre, declararán cuatro testigos.
*Prensared.
Fotografía Prensa TOF 1
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