Robo de bebés: Otra trama siniestra de la represión en Córdoba

Esta nota que replicamos en este sitio ha sido publicada en la Revista Umbrales-40 años de Democracia en junio de 2023. En aquel momento se esperaba que la causa conformada por 8 hechos comenzaría  el segundo semestre del mismo año. Uno de esos expedientes,  el segundo por apropiación de bebés durante la Dictadura cívico militar eclesiástica en Córdoba, trata  la sustracción de la nieta 107 y el secuestro y tormentos de su madre María de las Mercedes Moreno. Días atrás, el TOF2 informó que el juicio n°14, caratulado como Adela María González y otros, comenzará  el 21 de febrero próximo.

Por Katy García (*)

Hace 47 años que Abuelas de Plaza de Mayo encaró la búsqueda de 500 niñas y niños, hijxs de desaparecidos que estaban con sus padres y fueron robados o nacieron en cautiverio.  Este trabajo ha logrado devolver su identidad a 132 víctimas, evidenciando que el robo de bebés y la ocultación de identidad, como las detenciones ilegales, la aplicación de tormentos, los saqueos y las desapariciones fueron prácticas sistemáticas implementadas por la última dictadura cívico-militar eclesiástica.

Entre las víctimas de esa trama siniestra de la represión ilegal en Córdoba se encuentra María de las Mercedes Moreno y su hija, separadas al nacer en 1978 en la Maternidad Provincial.

“Yo sabía que estaba viva”, dijo Moreno en 2012 en Buenos Aires, cuando Abuelas dio a conocer la noticia de la restitución de su hija, conocida como la nieta 107.

En su momento se difundió el nombre de la nieta como NN Moreno, ya que la joven pidió resguardar su nombre de pila tras conocer su identidad, luego de intervenir voluntariamente en proceso de extracción de sangre para cotejar con las muestras del Banco de Datos del organismo que encabeza Estela de Carlotto.

Ahora, una década después, sentarán en el banquillo de acusados de los tribunales a solo cuatro de la veintena de integrantes del mecanismo macabro de robo de identidades que le robó la hija a Mercedes en 1978. El resto ya falleció. El tiempo no cura nada a menos que exista justicia.

El debate podría comenzar pasada la mitad del corriente año, estima el auxiliar fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Facundo Trotta. Se trata del segundo juicio oral y público en Córdoba, tras el realizado por la apropiación del nieto de Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.

“Para Abuelas es importante que comience este juicio que investiga la sustracción, y supresión de la identidad de la nieta 107, cuya mamá es una sobreviviente que se acercó a Abuelas”, explicó Sonia.

La nieta 107 es hija de María de las Mercedes Moreno y de Carlos Héctor Oviedo, y nació en la Maternidad Provincial el 11 de octubre de 1978. Se trata de un caso único donde se restituyó la identidad a una nieta cuya madre aún está viva.

La abogada de Abuelas y querellante en la causa, María Teresa Sánchez conoce bien un proceso judicial que suma voluminosas carpetas y sostiene ante Umbrales que está “absolutamente comprobada la participación de los jueces, las relaciones entre los imputados y los distintos personajes que, incluso, fueron parte el desarrollo de la investigación. Todo eso se podrá apreciar con absoluta claridad en el juicio oral y público, que ojalá sea pronto porque ya han muerto la mayoría de los imputados”.

Secuestro, tormentos y parto

María de las Mercedes Moreno, embarazada de siete meses, fue secuestrada de su casa en barrio Los Paraísos en septiembre de 1978 por una patota que formaba parte de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2). Se le imputaba ser ‘correo’ de los presos políticos de la Cárcel de San Martín.

Encapuchada y trasladada al centro clandestino de detención (CCD-D2), que funcionaba en el edificio de Mariano Moreno y Caseros, fue torturada por Mirta Graciela ‘la cuca’ Antón y Calixto Luis Flores a dos meses de parir. La Cuca -apócope de ‘cucaracha’ por su condición despreciable aún para sus compañeros de patota, como contó la periodista Ana Mariani en la biografía que escribió sobre su torturadora- fue la primera mujer condenada por delitos de lesa humanidad en el país.

Días después de su secuestro, Moreno presentó complicaciones y fue llevada a la Maternidad Provincial donde estuvo internada hasta el 11 de octubre cuando nació su hija por parto normal.  Nunca pudo verla. Al día siguiente enviaron a María de las Mercedes nuevamente al centro clandestino donde permaneció hasta el 28 de noviembre. Trasladada a la cárcel de mujeres el “Buen Pastor”, prisión que mantenía una fachada legal pero formaba parte de un circuito clandestino, la joven madre terminó depositada junto a las llamadas “presas especiales”, presas políticas, que estaban en el lugar.

El rol del Buen Pastor fue fundamental en el ocultamiento de datos como quedó probado en el juicio por el robo del nieto de Sonia Torres, hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco.

Actores judiciales

La niña nació a las 32 semanas de gestación. De inmediato pasó a la Sala de Neonatología de la Maternidad Provincial donde permaneció dos meses hasta que superó un problema respiratorio por su condición de prematura. El director del centro de salud, Francisco Sánchez Cressi (fallecido), sabía que la niña era hija de María de las Mercedes Moreno y de Carlos Oviedo. No obstante, recurrió al Juzgado de Menores de 1° Nominación a cargo de Jorge Horacio Pueyrredón (también fallecido), quien ordenó el traslado de la beba a la Casa Cuna y dio intervención a la Asesora de Menores Ana María Rigutto de Oliva Otero.

Cuando la madre recuperó la libertad el 6 de abril de 1979, siete meses después de dar a luz, lo primero que hizo fue ir a la Casa Cuna para tomar contacto con su hija. Pero el personal no le permitió el ingreso. Lo mismo le había sucedido a su hermana, que visitó algunas veces a la beba hasta que unas monjas no identificadas le dijeron que ahí “no podían entrar subversivas” y le impidieron todo contacto con la menor.

María de las Mercedes fue a la oficina del juez Pueyrredón para que la autorice ver a su hija. Pero el juez de Menores y la asesora Rigutto de Oliva Otero ordenaron estudios socio ambientales y luego le negaron a la madre conocer a su hija argumentando que los resultados no fueron favorables para la familia, por su condición humilde. Por ser pobres.

Cinco meses después una asistente social de la Casa Cuna, Laura Dorila Caligaris, obtiene la guardia provisoria de NN, junto con su marido Osvaldo Roger Agüero. El dictamen para obtener la guarda lo emitió la asesora Rigutto de Oliva Otero.

Casi al cumplirse un año de vida de la beba, el 27 de septiembre de 1979, el juez Pueyrredón dictaminó que el matrimonio Caligaris – Agüero tenía la guarda definitiva y los habilitó para retirarla de la Casa Cuna, permitiendo el robo de la menor de su familia original y violando todos los requisitos que establecía la Ley de Adopción vigente en ese momento.

A las dos semanas el matrimonio se presentó al Registro Civil y la inscribieron con el nombre de María Soledad Moreno, obviando exprofeso su verdadera filiación. El acta trucha fue agregada al expediente judicial. (Acta n°4050 -Tomo 6-serie D-Año 1979).

Robo de identidad

En diciembre de 1980 los apropiadores abrieron un nuevo expediente para inscribirla esta vez como hija biológica propia. Para ello contaron con la complicidad del asesor letrado de menores Carlos Sem Rodriguez, que patrocinó dicha inscripción, y un certificado falso donde el médico Vicente Antonio Spitale afirmaba haber asistido al parto de Laura Dorila Caligaris. Dos testigos también falsos apoyaron dicho trámite, una de las cuales, Adela María González, está entre los imputados que serán juzgados este año. El otro testigo –Jorge Agustín Vivanco– falleció impune, como tantos otros protagonistas de esta historia.

El trámite se gestionó en el Juzgado Provincial de 25 Nominación Civil y Comercial, a cargo del juez Alberto Rafael Bonadero, quien ordenó inscribir a la beba, ya con un año y medio, bajo el nombre de Mercedes María Luz Agüero, anotándola con el apellido de su apropiador pero respetando la fecha original de nacimiento. Bonadero tuvo un rol clave en toda la trama porque es quién habilita el cambio de identidad a través de la inscripción apócrifa para que se pierda el rastro de la menor apropiada.

La celeridad del trámite judicial llegó al punto que en una semana estableció la investigación, se diligenció el certificado del Registro Civil, emitido el 23 de diciembre de 1980.

La abogada Sánchez mostró a Umbrales la certificación de un llamado telefónico que hacen desde el Buen Pastor al juzgado de Pueyrredón donde informaban que María de las Mercedes tenía cuatro hijos y que se los cuidaba una hermana porque estaba en prisión. Es decir que estos funcionarios estaban al tanto del estado de indefensión de la madre.

“Una de las personas encargadas de realizar esa tarea es nada más y nada menos que la apropiadora (Doris Caligari), que con posterioridad solicitó la guarda de la bebé y terminó inscribiéndola con el apellido de su marido”, explica la letrada.

Las marcas de la impunidad

El expediente desnuda el desempeño discrecional del personal jerárquico administrativo de la Ex Casa Cuna, de la Maternidad Provincial y de cuatro funcionarios del Poder Judicial de Córdoba: un Juez de Menores, un Asesor de Menores, un Juez del fuero Civil y Comercial de 1° Instancia y un Asesor Letrado.

En los pliegues y repliegues de las instituciones del Estado permanecieron intactas las huellas, así se reunió la información que demuestra el círculo de la complicidad. La niña no fue registrada por el área de servicio social de la Maternidad provincial, ni por la Casa Cuna. Tampoco en el Buen Pastor. La entregaron en guarda violando requisitos básicos establecidos por la ley, afirmó la abogada Patricia Chalup.

Sobre este proceso evidentemente irregular, el fiscal Trotta sostiene que “hubo una complicidad del poder judicial porque las personas que realizaron estos actos tenían conocimiento de que la niña estaba en la Casa Cuna. Además, el médico le comunicó al juzgado que los padres estaban detenidos. Sin duda hubo un aprovechamiento utilizando los circuitos oficiales y una falta de control mínimo del juez”.

En 2001, María de las Mercedes denunció el caso ante la Fiscalía Federal N°3, a cargo de Graciela López de Filoñuk, sin obtener respuesta alguna. Diez años después se comunicó con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) donde le tomaron testimonio, realizaron la denuncia y tramitaron los análisis de ADN. Los resultados del Banco Nacional de datos genéticos, revelaron ante el juez Alejandro Sánchez Freytes que María de las Mercedes es la madre de la niña robada.  En 2013, el mismo juzgado que convocó a la joven para que se hiciera los estudios genéticos, comenzó otro periplo de procesamientos y sobreseimientos que aportaron al retraso de la elevación a juicio.

La abogada Chalup lamenta las demoras de la investigación y elevación a juicio “por los continuos planteos de las defensas y el retardo en el dictado de las resoluciones. Este juicio tendría que haberse realizado hace cinco años. Ahora, de la veintena de acusados -civiles y militares – solo quedan vivos cuatro y así se impone la impunidad sobre la aplicación de justicia”.

(*) Periodista, editora de Prensared.

 
Recuadros
Vivos y muertos

De una veintena de imputados solo 4 llegan vivos al juicio: Mirta Graciela Antón, Adela María González, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero. Fueron separados del proceso judicial por enfermedades: Herminio Antón y Hugo Lorenzo Chilo.

En tanto, fallecieron impunes en esta causa: Luciano Benjamín Menéndez, los apropiadores Osvaldo Roger Agüero Dona y Laura Dorila Caligaris, el juez Alberto Rafael Bonadero, Vicente Spitale, Calixto Flores, Roberto Villagra, Francisco Sánchez Cressi, Jorge Pueyrredón, /// Rodolfo Funes Campis, Néstor Mulqui, Jorge González Navarro, Jorge Eduardo Gorleri, Carlos Alberto Lucena y Néstor Vivanco.

Columnas
Cumplimos la promesa que les hicimos a nuestros hijos

Por Sonia Torres (*)

Hemos conseguido junto a los organismos de derechos humanos y el pueblo argentino 40 años de democracia ininterrumpida. Desde Abuelas siempre trabajamos desde el amor a nuestros hijos y nietos que buscamos en estas cuatro décadas. Es la primera vez en la historia de nuestro país que tenemos un periodo tan largo de democracia por eso tenemos un compromiso todos los argentinos de cuidarla, sostenerla, y defenderla por nosotros y las generaciones futuras.

Nos parece fundamental que se avance con los juicios de lesa humanidad ya que en estos últimos años hubo un retroceso por diferentes causas y a eso se le sumó la pandemia. Para las Abuelas es importante que comience el juicio que investiga la sustracción y la supresión de la identidad de la nieta 107, cuya mamá es una sobreviviente que se acercó a Abuelas por el trabajo que realizamos.

Seguimos buscando cumplir la promesa que les hicimos a nuestros hijos de buscar a los nietos que faltan porque no se puede vivir con la identidad cambiada. Y son muchos aún los jóvenes que nos faltan. Por eso le pedimos a la sociedad cordobesa que nos ayude con la búsqueda.

(*) Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba.

Las abogadas de Abuelas, Patricia Chalup y María Teresa Sánchez, junto a la querida Sonia Torres. Crédito Leo Luna.
Las políticas de memoria, verdad y justicia

 Por Carlos Gonella (*)

Nuestra experiencia en el juzgamiento de delitos contra la humanidad es un ejemplo en el mundo y ha sido ponderada, no solo en otros países y organismos supranacionales de DD.HH., sino en foros jurídicos, políticos y académicos internacionales. Esta forma de resolución del conflicto, única en el mundo, goza del mayor prestigio y calidad institucional, porque son tribunales civiles -no militares- integrados por jueces y juezas, designados de acuerdo a los procedimientos constitucionales, quienes se encargan de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983.

El punto de arranque de la experiencia argentina se sitúa en 1985, año en que comenzamos a transitar un camino que tuvo varios obstáculos según las políticas que los distintos gobiernos desarrollaron para afrontar los crímenes del período dictatorial, desde la recuperación de la democracia en diciembre de 1983.

En el inicio de este proceso el expresidente Raúl R. Alfonsín tomó la decisión política de juzgar a los comandantes sucesivos de las tres fuerzas militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) durante la dictadura. En 1985 se llevó a cabo el llamado “Juicio a las Juntas” que juzgó y condenó a Videla, Massera, Viola, Agosti y Lambruschini; y se absolvió a Graffigna, Lami Dozo, Anaya y Galtieri. Ante el intento de avanzar en el procesamiento de los cuadros intermedios y las bases, ocurrieron en 1987 los sucesos de Semana Santa que amenazaron la estabilidad democrática. Los episodios comenzaron en Córdoba, protagonizados por Ernesto Guillermo Barreiro, excapitán del Ejército, condenado a prisión perpetua en la mega-causa La Perla por considerarlo responsable de los grupos de tareas que operaban en el campo de concentración, por donde pasaron 2.000 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.

Luego sobrevinieron las leyes de Punto Final en 1986 y Obediencia Debida en 1987, que trajeron aparejada la impunidad de miles de militares responsables de graves crímenes. A partir de esos años, cesó la posibilidad de llevarlos  a juicio.

En 1989 y 1990, el entonces presidente Carlos S. Menem, coronó la impunidad por medio de una serie de indultos que dejaron sin efecto las condenas contra los comandantes e impidieron el juzgamiento de los responsables civiles y militares de los delitos de Semana Santa en 1987 y de la Tablada en 1989.  Tales decisiones generaron profundas consecuencias políticas, sociales y psicológicas, especialmente, para las víctimas de la dictadura y sus familiares.

Mientras tanto, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que habían iniciado sus rondas semanales alrededor de la pirámide de Mayo en 1977, continuaron reclamando en paz por la aparición de sus hijos e hijas, nietos y nietas, y por el juzgamiento de sus responsables. En 1996 irrumpe la organización H.I.J.O.S. (hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el perdón), interpelando al gobierno y a la sociedad, a través de los escraches frente a los domicilios de los represores, para reclamar la aparición de sus padres/madres y el fin de la impunidad.

En 1999 la Madre de Plaza de Mayo, Carmen Aguiar de Lapacó, se presentó ante la Comisión Interamericana de DD.HH. para reclamar contra el Estado Argentino por la desaparición de su hija en 1977, fundándose en el derecho a la verdad. Así, se llegó a una solución amistosa para establecer la verdad sobre su caso pero sin consecuencias para los responsables, ya que lo impedían las leyes del perdón. Eso dio lugar a los llamados “Juicios por la verdad” que se desarrollaron en La Plata y Córdoba entre 2000 y 2001.

En 2003, cambió el paradigma de las políticas públicas para el abordaje de los crímenes del terrorismo de Estado de 1976-1983. Apenas asumió Néstor C. Kirchner como presidente de la Nación y luego de recibir a los Organismos de Derechos Humanos le ordenó al jefe del Ejército descolgar los cuadros de Videla y Bignone de las instalaciones del Colegio Militar. Ese hecho simbólico caracterizó el comienzo de una política de memoria, verdad y justicia que llega hasta nuestros días.

Kirchner acogió el reclamo de los organismos y lo transformó en una política pública caracterizada por acciones dirigidas a remover los obstáculos que impedían el juzgamiento de todos los responsables, y a facilitar el desarrollo de los juicios que comenzarían de manera inminente. Tras remover los obstáculos, el Poder Ejecutivo creó en el ámbito del Ministerio de Justicia equipos interdisciplinarios de acompañamiento a las víctimas y protección de testigos. El Ministerio Público Fiscal, a partir de la gestión del ex Procurador General de la Nación, Esteban Justo Righi, creó en 2008 la Procuraduría contra los Delitos de Lesa Humanidad, que desarrolló la política contra los crímenes de la dictadura y sus responsables.

Hasta la fecha, se han dictado 295 sentencias condenatorias, de las cuales 47 abordaron delitos contra la integridad sexual como parte del plan sistemático de persecución; hay 1117 represores condenados y 482 procesados a la espera de ser juzgados.

En este marco, la Justicia Federal tiene una gran deuda pendiente: llevar a juicio a los civiles cómplices de la dictadura, entre los cuales hay empresarios, ex magistrados, propietarios de medios de comunicación, profesionales de la salud que participaron de la apropiación de bebés, y dignatarios de la Iglesia Católica que prestaron una colaboración sin la cual nunca se habría podido llevar a cabo un plan sistemático que se cobró decenas de miles de víctimas, y 500 bebés apropiados.

(*) Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba. Representante del Ministerio Público Fiscal en los juicios de lesa humanidad.

*Nota publicada en la última Revista Umbrales – 40 años de democracia. Sección Derechos Humanos. Para descargar en pdf ingresar aquí. 

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