Organizaciones que nuclean a los medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, trabajadores de prensa y organizaciones de derechos humanos le piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alerte sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión en nuestro país.
Por Redacción*
En apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado.
La convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que solo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad.
Además de lo que ya fue hecho, a través del DNU 70/23 y los decretos de intervención, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A este escenario, se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística.
Por este motivo, AMARC Argentina, Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCO, FATPREN, REDCOM, la Red de Medios Digitales, Sipreba y el CELS realizaron una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Petitorio
El texto consta de 7 páginas. El tema de referencia expresa las Regresiones en materia de Derecho a la comunicación y libertad de expresión en Argentina. La falta de debate sobre el tema en la discusión de la llamada “Ley Ómnibus”. Las reformas ya vigentes realizadas por el DNU 70/2023. Los riesgos a la vida, la integridad física y la libertad de las y los trabajadores de prensa en la Argentina. Tras fundamentar cada tema realiza el siguiente petitorio:
- Manifieste al Estado argentino su preocupación por las regresiones en materia de derechos implicadas en las reformas contenidas en la llamada “Ley Ómnibus”, y haga aportes vinculados con los estándares del SIDH en materia de libertad de expresión así como la incompatibilidad de esas posibles modificaciones normativas con esos estándares.
- Haga constar que la vigencia del DNU 70/2023 atenta contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. Y en consecuencia, solicite una revisión de la mencionada norma.
- Adopte las medidas necesarias para trabajar colaborativamente con el Estado para evitar la aprobación de normativas que buscan coartar o limitar la libertad de expresión sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos.
- Con urgencia, el Estado adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la libertad e integridad personal de las y los trabajadores de prensa. En particular, solicitamos a la CIDH que le reclame al Estado la suspensión y derogación del Protocolo Antiprotesta, regulado por Resolución del Ministerio de Seguridad 943 y 949 de 2023.
- Solicite a la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión que organice, lo antes posible, una jornada de escucha a periodistas, fotorreporteros/as y representantes de medios de comunicación comunitarios, sindicatos de periodistas, organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión y expertos académicos y que transmita la información recibida a las y los Comisionados, como parte de los deberes de monitoreo y alerta temprana de la CIDH.
La presentación completa puede leerse en este link
*Fuente Centro de estudios legales y sociales (Cels) y Agencia Prensared con información de la presentación (Petitorio). Imagen ilustrativa Nota al Pie.
www.prensared.org.ar
