El gobierno prepara cambios en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con la mira puesta en una mayor “eficiencia” en el uso de los recursos. La motosierra mantiene su filo y recaerá sobre el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que registra más de 5,3 millones de beneficiarios.
Por Daniel Víctor Sosa*
El segundo bienio del gobierno nacional incluirá nuevas batallas políticas, parlamentarias y en la opinión pública, a fin de consolidar el proyecto ultraliberal. Se aspira principalmente a flexibilizar la legislación laboral, con el argumento de que la mano de obra es hoy demasiado “costosa”. Otras ensoñaciones libertarias apuntan sobre el sistema impositivo, para alivio de sectores productivos. Y por supuesto, ya se diseñan rectificaciones en las pautas de acceso a las prestaciones jubilatorias, con el fin de mantener a raya el gasto público.
Pero eso no será todo. Habrá también otra apuesta fuerte de la Casa Rosada, con una expectativa de ahorro cercano a los 1.000 millones de dólares anuales.
Tal sería el resultado del giro profundo que se pretende implementar en materia de atención sociosanitaria de personas adultas mayores, por parte de la obra social más grande de América latina, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
La motosierra mantiene su filo y recaerá sobre el principal dispositivo del INSSJP, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que registra más de 5,3 millones de beneficiarios.
El proyecto involucrará directamente a 4,2 millones de afiliados del INSSJP de 65 años o más, de los cuales 63 por ciento son mujeres, mientras 1,3 millón tienen alguna discapacidad. El alcance de modo indirecto abarcará a 1,1 millón de afiliados con edades inferiores a los 65 años.
¿Mejoras?
La eficiencia en el uso de los recursos del INSSJP “continúa siendo un área con oportunidades de mejora”, resumió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiará la proyectada transformación del área con 500 millones de dólares, a desembolsar entre este año y 2029 (el plazo de devolución está fijado fijado en 25 años, a partir de 2030).
Desde luego, se trata de un área de alta sensibilidad social y por eso el gobierno abunda en promesas de mejores servicios, sin ocultar el alineamiento de su plan con el objetivo de consolidar la reducción del tamaño y las funciones del Estado.
Para que los recortes previstos no generen resistencias sociales y políticas, o se interpreten como pura ausencia de empatía y sensibilidad hacia quienes están en la última etapa de sus vidas y requieren mayores cuidados, se enfatiza la necesidad de mejorar la “eficiencia operativa” del INSSJP.
El marketing de la operación abunda en promesas que van desde una ampliación de la cobertura integral para hipertensión, diabetes y enfermedad renal hasta la reducción de los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas en cáncer de mama y colon, y un creciente acceso a cuidados en beneficio de personas con dependencia. Todo eso, con una menor asignación presupuestaria.
El “exceso” de recursos que demanda el sistema vigente, según la visión del organismo con sede en Washington, “reduce las posibilidades de ampliar, sostener o mejorar la cobertura de servicios de salud”.
Doble presión
El diagnóstico en el que coinciden el BID y los funcionarios libertarios advierte que el envejecimiento poblacional incrementa el número de afiliados y aumenta la demanda de prestaciones complejas y prolongadas. Mientras, de modo simultáneo, cae la proporción de personas en edad activa y, como consecuencia, se ven limitados los aportes laborales que financian al INSSJP.
“Esta doble presión –más demanda, menos ingresos– erosiona la capacidad financiera per cápita, genera racionamiento y una menor capacidad de respuesta, así como una mayor dependencia de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) al presupuesto del Instituto”, indican los documentos del Banco Interamericano.
Ahí se encontró otra canilla de recursos públicos que debe ser cerrada de inmediato, para que no afecte la prioridad de pago de la megadeuda del Estado.
Si bien la Argentina se beneficia aún del “bono demográfico”, una etapa en que la proporción de personas en edad de trabajar es mayor que la dependiente, la esperanza de vida va en alza y sostiene el proceso de envejecimiento poblacional.
Este ciclo concluirá en unos quince años, se prevé, y plantea “una ventana de oportunidad” para impulsar reformas y adaptaciones alineadas con las tendencias demográficas esperadas.
En atención a esa tendencia, pero principalmente para concretar los ahorros proyectados, el funcionamiento del PAMI se concentrará en dos ejes: los “procesos administrativos ineficientes” y la “fragmentación de la información clínica y operativa”.
El plan del Gobierno considera:
- los circuitos administrativos “extensos y con baja trazabilidad” generan demoras en la atención, en el pago a prestadores y en el uso eficiente de recursos.
- la autorización de prácticas diagnósticas o terapéuticas puede extenderse considerablemente, lo cual afecta la oportunidad en la atención médica.
- las deudas con prestadores impactan sobre la disponibilidad y estabilidad de la red de servicios.
- la falta de auditorías sistemáticas en cuanto a la gestión de medicamentos debilita los controles sobre la prescripción.
- la información clínica y económica está dispersa entre distintos niveles operativos (sede central, unidades de gestión local, prestadores) y en formatos diversos (digital y papel). Se dificulta así el seguimiento integral del afiliado y la coordinación entre niveles de atención. Todo lo cual impide identificar sobrecostos en la producción de servicios.
- esta fragmentación provoca, por ejemplo, la duplicación de estudios de diagnóstico por falta de acceso a antecedentes, y hace que las derivaciones se retrasen por ausencia de información unificada.
- al mismo tiempo, la falta de integración entre información asistencial y económica impide estimar costos por prestación y detectar variaciones injustificadas entre prestadores o regiones.
Cobertura
El INSSJP es un ente público no estatal que brinda prestaciones a través de centros de salud (efectores) propios o de la compra de servicios a efectores de los sectores público y privado.
Brinda cobertura de salud integral y asistencia social a 76 por ciento de la población de 65 años y más de la Argentina, y a sus dependientes.
En 2024 ejecutó un presupuesto de 6.349 millones de dólares, financiado principalmente con aportes de trabajadores activos (64,7%), descuentos sobre jubilaciones y pensiones (19,8%) y Aportes del Tesoro Nacional (ATN, 14%).
La gestión de prestaciones, trámites y consultas se organiza a través de 36 unidades de gestión local que coordinan más de seiscientas agencias de atención distribuidas en todo el país.
De acuerdo con el diagnóstico gubernamental, la calidad de vida de los adultos mayores se ve comprometida por la detección tardía y el control insuficiente de padecimientos crónicos.
“El 80 por ciento de las personas de 65 años o más padece al menos una enfermedad crónica, y 30,5 por ciento presenta limitaciones para realizar actividades cotidianas (47% de los mayores de 80 años)”, describen los funcionarios.
Como no existen mediciones directas recientes, se apela a una aproximación a partir de “mediciones disponibles para la población en general”, con indicadores sanitarios vinculados al manejo de condiciones crónicas.
Por ejemplo, se advierte que solo el 20 por ciento de las personas con hipertensión mantiene niveles adecuados de presión arterial, y apenas 20,3 de quienes padecen diabetes logra un control glucémico óptimo, proporciones que tienden a empeorar con la edad. Esta situación incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares, daño renal, deterioro cognitivo y discapacidad funcional.
En enfermedades oncológicas, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018, solo el 32% por ciento de las mujeres de 60 a 70 años se realizó una mamografía en los últimos 24 meses; 30,6 por ciento de las de 60 a 65 un Papanicolau en el mismo período; y apenas 36,4 de las personas de 60 años o más alguna vez en su vida se realizó un estudio de detección de cáncer colorrectal.
Estas brechas de tamizaje, se advierte, aumentan el riesgo de diagnósticos en estadios avanzados, donde los tratamientos son menos eficaces e invasivos y más costosos.
A la vez, trastornos de salud mental como depresión y ansiedad (que afectan al 21 por ciento de los mayores de 65 años y tienen un curso crónico o recurrente si no se tratan adecuadamente) impactan negativamente sobre el bienestar, la autonomía y la funcionalidad.
Barreras
Los afiliados al PAMI que enfrentan limitaciones de oferta para acceder de manera oportuna a servicios de salud y cuidado de calidad tienen mayor riesgo de no detectar oportunamente (y controlar de manera efectiva) sus enfermedades crónicas, o de cubrir sus necesidades de apoyo si tienen dependencia funcional.
Los obstáculos identificados se relacionan particularmente con la disponibilidad limitada de servicios. Las listas de espera para consultas médicas en atención primaria son prolongadas, tanto para médicos de cabecera como con especialistas.
Largos tiempos de espera pueden dificultar la detección y el tratamiento oportuno de enfermedades crónicas.
Otros aspectos a corregir en el día a día del PAMI, para que funcione mejor aún con menos recursos, son, de acuerdo con la visión libertaria, la desigualdad territorial en la distribución de prestadores; las brechas en la continuidad de la atención y en los mecanismos de evaluación y control de calidad, y la fragmentación de la oferta de cuidados de personas con dependencia funcional.
Del mismo modo se toma nota acerca de que la falta de farmacias cercanas adheridas al INSSJP en algunas zonas limita el acceso a medicación esencial y disminuye la adherencia terapéutica.
El BID sostiene asimismo que la fragmentación de la información clínica de los afiliados que se genera en distintos centros de atención constituye una barrera adicional a la continuidad de la atención.
Por otro lado, generalmente los convenios con prestadores y las auditorías se basan solo en aspectos formales o administrativos, limitando la capacidad del INSSJP para monitorear la calidad de las prestaciones que financia.
Finalmente, las personas con impedimentos para realizar actividades de la vida diaria enfrentan dificultades para acceder a servicios de cuidados progresivos adecuados.
Transformación
Para mejorar el acceso a servicios de salud y cuidados, aun con un menor gasto del Estado, el proyecto contempla, al menos en los papeles, implementar un paquete de acciones coordinadas:
- Reducción de listas de espera con nuevos canales para la solicitud de turnos presenciales y digitales, y expansión de las teleconsultas.
- En especialidades clave, implementación de un diseño inclusivo para personas con bajo nivel de alfabetización digital.
- Reorganización de la red prestacional mediante corredores sanitarios, georreferenciación de brechas de cobertura y mayor disponibilidad de farmacias –o soluciones alternativas– en zonas con alta demanda insatisfecha.
- Promoción de una atención continua y de calidad mediante el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación de prestadores; la acreditación progresiva según estándares, y actualización de protocolos clínicos.
- Estrategias de respuesta para mitigar los efectos y garantizar la continuidad de los servicios de salud y de cuidado ante eventos climáticos extremos, como un programa de prevención y atención durante olas de calor o inundaciones.
- Para personas con dependencia funcional, se fortalecerán los mecanismos de evaluación y se organizará una red progresiva de cuidados (atención domiciliaria, centros de día y de larga estadía), según la complejidad requerida.
- Se focalizarán y agilizarán además los subsidios destinados a contratar cuidadores en el hogar, según criterios de vulnerabilidad, clínicos y sociales.
Por último, en un contexto de “presión financiera” (eufemismo que equivale a decir que el excedente estatal debe ser destinado a cumplir con los acreedores), se promoverán acciones para mejorar la eficiencia operativa del Instituto, a través de la digitalización y simplificación de procesos administrativos, mayor trazabilidad y gestión de insumos, optimización de procesos de compra, y fortalecimiento de la atención a reclamos y consultas mediante herramientas digitales integradas.
La transformación digital del PAMI, a fin de superar la fragmentación de la información clínica y operativa, incluirá asimismo la integración de plataformas clínicas y administrativas, y el fortalecimiento de los canales de acceso a datos para afiliados, prestadores y equipos de gestión.
El proyecto oficial admite, curiosamente, que existen otros factores que impactan en la calidad de vida de los afiliados del PAMI, más allá de las mejoras buscadas mediante cambios relacionados con el acceso y la gestión de servicios de salud.
Se mencionan por ejemplo, los “bajos ingresos”: aunque sin hacer referencia al recorte en los haberes dispuesto por el Poder Ejecutivo desde 2024, se toma nota de que el 61,4 por ciento de los jubilados y pensionados afiliados al INSSJP percibe el haber mínimo jubilatorio.
A ello debe sumarse, según la radiografía realizada en conjunto por el BID y el gobierno nacional, la falta de transporte accesible, las redes de apoyo informal, la soledad no deseada, la inactividad física y alimentación deficiente, todo lo cual dificulta asistir a turnos, continuar tratamientos o contribuye al desarrollo y agravamiento de enfermedades crónicas.
Desde luego, el camino se hace al andar, y como en toda actividad humana algo puede fallar. En ese caso las mejoras de la atención sanitaria que hoy presta el PAMI quedarían en simples promesas incumplidas. Lo previsible, al menos hasta 2027, es que prosiga el ajuste fiscal, no importa a qué porción de la sociedad se afecte, para contribuir al pago de prestamistas locales y extranjeros.
*Periodista y escritor. Fuente: Caras y Caretas, la revista de la patria, dirigida por Felipe Pigna https://carasycaretas.org.ar/Foto web
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