Lo dijo María Belén Bonelli, ex trabajadora social del Hospital Pediátrico Niño Jesús ( Ex Casa Cuna), este jueves, ante el TOF2. Se basa en la documentación que analizó durante años de trabajo. Testimoniaron seis personas en relación al juicio “González Adela María y otros” que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por integrantes del D2 y funcionarios públicos que participaron en la sustracción de la nieta 107 y el secuestro y tormentos de su madre María de las Mercedes Moreno. (hechos 5 y 8).
Por Katy García*
Este jueves declararon seis personas en relación a la causa “González Adela María y otros” que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por civiles y policías en perjuicio de María de las Mercedes Moreno embarazada y la posterior apropiación de la beba (hechos 5 y 8). La abogada Liliana Beatriz Bruna, aportó datos desde su experiencia como empleada del Registro Civil en un periodo posterior a los hechos; el médico Aníbal Héctor Lucero, trabajó en la Maternidad Provincial, durante la dictadura; la pediatra Beatriz Rey, se desempeñó en la Ex Casa Cuna. Daniel Alberto Pizzi, como ex director del hospital; la ex asistente social, María Belén Bonelli, trabajó en la exCasa Cuna, en democracia. Además, María Cristina Díaz, víctima del terrorismo de estado y Víctor Hugo Bazán, hermano y primo de dos detenidos desaparecidos, en el marco del juicio por la verdad. La abogada Patricia Chalup, representante de Abuelas de Plaza de Mayo, formuló las preguntas pertinentes a las/los/ testigas/os.
Desde la experiencia adquirida
La primera en declarar fue Liliana Beatriz Bruna (70). Es abogada y trabajó en el Registro Civil entre 2003 y 2014. Ante la pregunta de la querella sobre cómo era el procedimiento de las inscripciones de nacimientos en los años setenta, respondió que no podría decirlo. No obstante, respondió desde su experiencia adquirida. “Hasta la época en que yo entré a trabajar los nacimientos se podían registrar en el lugar de nacimiento de la persona o en el domicilio de los padres. Tenían una serie de requisitos y debían llevar documentación”, afirmó. Posteriormente, dijo, hubo varios cambios pero no sabe precisar las fechas.
Agregó que tales inscripciones eran realizadas por los empleados asignados a esa tarea y que era un “trabajo mecánico” que consistía en llenar un formulario. Explicó varios conceptos como “inscripción tardía”- que consistía en la confección de un expediente donde se corría vista a las asesorías provinciales. Cuando no había certificado de parto se preguntaba a los hospitales.
Luego se le exhibió una documental relacionada con la apropiación de la nieta 107 por parte de Laura Caligaris y su esposo Roger Agüero Dona para que la analice. La abogada accedió, la leyó en voz alta, y luego opinó que además de notas marginales “Indudablemente es una resolución del registro civil. Habría que verificar el Art. 29 del decreto 8204, muy viejo, que regulaba los registros en Córdoba”, aportó.
También le acercaron otra acta donde Osvaldo Roger Agüero (apropiador) declara que el 11 de octubre de 1978, nació una criatura en su domicilio, que la madre era Laura Caligaris cuyo nombre era Mercedes Luz Agüero. Cada nacimiento, especificó, que se registraba, a mano, en dos libros. También aclaró que “Serie J” era un libro especial donde se anotaban adopciones para evitar discriminaciones cuando se solicitaba la copia. No recuerda otra situación salvo por cambio de sexo.
Venían esposadas
Aníbal Héctor Lucero (85) es médico, trabajó en la maternidad provincial entre 1969 y 1995. El testigo fue consultado por los partes diarios en los años setenta. “Estaban a la salida de las salas de parto, generalmente había una enfermera que los completaba , y si no lo hacía el jefe de guardia que controlaba todo durante el día y la noche. En general eran muy correctos”, afirmó.
Confirmó que las mujeres embarazadas venían esposadas. “Era una de nuestras preocupaciones y pedíamos que se las sacaran”, expresó. No recuerda cuántas. En general, las dejaban y después las venían a buscar. Aclaró que en esa época, durante la dictadura, “se perseguía a personas por razones ideológicas y que estaban custodiadas por agentes en la puerta de la sala de la paciente”.
Respecto a las funciones del área de servicio social dijo que se ocupaba de la atención a las mujeres vulnerables, que no tenían familias, estaban solas y con dificultades económicas. “No era su función inscribir los nacimientos”, aclaró. Antes de retirarse valoró que se continúe con los juicios de lesa humanidad. “Estoy muy motivado con toda esta investigación, me parece que aunque hayan pasado muchos años, es muy importante que se haga todo lo que pueda para que se aclarare todo”, expresó.
Eran peronistas, no tenían militancia directa
Víctor Hugo Bazán (87) hermano de Juan Carlos Bazán y primo de Elías Humberto Ríos, ambos detenidos desaparecidos, brindó su testimonio por vídeo conferencia. Contó que vivía en Carlos Paz, cuando se enteró que los habían desaparecido. Primero se enteraron sus primas. “Lo único que sé es que mi hermana Maria Rosa Bazán se presentó en la justicia y le dijeron que lo den por muerto. Ella Iba todas las semanas detrás del Cabildo (jefatura de policía) a averiguar y no le dieron ninguna noticia. Y mi madre era grande”, explicó.
Tanto su hermano como su primo “eran peronistas, no tenían militancia directa. Uno trabajaba en el Banco de Córdoba, hacia mantenimiento, y el otro –Ríos- trabajaba en la Fábrica de Aviones”. Recordó que cuando allanaron la casa le robaron la camioneta Peugeot blanca, con todas las herramientas de trabajo.
No teníamos acceso al salón cuna
Beatriz Rey (85), es médica pediatra. Trabajó en la Ex Casa Cuna desde 1978 hasta que se jubiló en 2002. Su área de trabajo era la sala de pediatría y la guardia. Atendía niños y niñas menores de dos años. Conoció a Laura Coligaras (la apropiadora) porque trabajaba en servicio social y se encargaba de proveer elementos para niños carenciados. Estaba en la planta baja y recurríamos a ella “para que cubra las necesidades de los chiquitos nuestros”. Desconoce si tenía hijos. Solo recuerda que estaba casada con un funcionario del ministerio. A la imputada Adela González, no la conoce. En relación a los registros dijo que se anotaban ingresos y egresos y que una empleada realizaba la estadística.
Si algún chico se descompensaba supone que lo resolvían desde ese lugar. “No teníamos acceso al salón cuna donde según dicen había chiquitos para adopción. Ni siquiera si se enfermaban. El director, las monjas, algunas empleadas, y el doctor Juan Petit que era el director, se encargaban”, aseguró. Tampoco vio personal de seguridad en los setenta.
Había niños durante el terrorismo de estado
Daniel Alberto Pizzi (70) medico oftalmólogo y sanitarista, fue citado a declarar tras las afirmaciones de su colega Norma Elida Altamirano, quien declaró que había visto el libro de ingresos y egresos en una posteo de Facebook donde él lo mostraba. “Tiene que estar en el hospital”, afirmó la mujer. Ingresó en 1975 como estudiante y a los cinco años cuando se recibió lo nombraron y siguió hasta 2013.
Contó que la institución comenzó como asilo, en la planta alta, donde había huérfanos hasta los siete años. Agregó que “había niños que llevaba el ejército en unimog”, cree que estaban sanos, porque no había infraestructura para neonatología. Pero, como trabajaba una vez por semana, no puede asegurar si era habitual. Contó que esos niños cuando cumplián cierta edad eran llevados al Pizzurno.
En cuanto al cuaderno relató que tras el cierre del hospital realizado durante el gobierno de Ramón Mestre en 1999 -que ya había perdido las elecciones- cuando se reabrió con (José Manuel) De la Sota, en octubre del mismo año, y él fue nombrado director, ingresaron con escribanos del gobierno al lugar que “Estaba devastado. Lo que no se llevaron, lo rompieron”, expresó. En relación a la documentación encontrada sostuvo que “todo (el material)que podría reconstruir la historia lo enviamos a instituciones como el Archivo Provincial de la Memoria (APM)”, acta de por medio. Negó la existencia de un libro negro porque en rigor las tapas de todos eran de ese color. Sobre los registros, dijo que “por cada niño huérfano había una ficha de cartulina” y que las historias clínicas las confeccionaban los médicos. Conoció a Laura Caligaris de Agüero Dona, que oficiaba de asistente social y se enteró por cometarios de que “había adoptado un niñito hijo de desaparecidos” pero no lo sabe fehacientemente.
Retiraban niños alojados en Los Niños Expósitos o en la guardería
María Belén Bonelli (62) trabajó en la exCasa Cuna entre 1987 y 2018. Como trabajadora social, llegó a ser jefa de servicio y fue la primera que ingresó con título universitario. Fue convocada para que diga lo que sabe sobre la documentación de los años ‘70, que seguramente consultaba. “Si, eran libros de ingreso sobre todo y en pocos casos había egresos de personas que habían pasado por la casa cuna y registros de 1978/ 79”, porque era muy difícil acceder al material. “Nosotras con María Elena Flores, una compañera de trabajo, que realizó su tesis doctoral sobre la historia de Los Niños expósitos como llamaban a los niños asilados, lo comprobamos.”
Enfatizó en ese sentido que era “muy costoso hacer el recorrido porque en el medio, los niños eran bautizados por el capellán Gorosito que trabajaba en la cárcel y en la capilla y también anotaban esos datos en los libros de bautismo que fueron al arzobispado”. Evaluó que esa información “no se protegía y tampoco se le daba importancia a la identidad como derecho de las personas”.
Concretamente, sobre el periodo específico de 1978/ 79 no puede asegurar nada porque ingresó años después. Sin embargo dijo que en las adopciones “había situaciones objetivamente irregulares. Sé positivamente que hubo personas que retiraron niños que estaban alojados en Los Niños Expósitos o en la guardería. Era común que albergaban niños y que a veces los iban a buscar y ya no estaban”, declaró.
De la época de la dictadura “encontramos algunas notas de distintos operativos policiales que le pedían al doctor Funes Camplis que albergara a algún niño o niña cuyos padres habían sido objeto de algún procedimiento, o sus padres habían muerto. Pero no se logró encontrar datos concretos”. Ella trató de preservar la documentación. Una parte fue enviada al archivo histórico y recordó que habló con la exfiscal (López de) Filoñuk para que retire ese material. Pero nunca lo vieron.
En relación a las monjas solo se acordó de “una que se hacía llamar Monserrat” (Tribo) que vivía en el primer piso. Trató de establecer algún vínculo para conocer sobre ese periodo “pero no lo logré”. Por comentarios se enteró que en los ‘70 estaba Laura Caligaris a cargo del servicio y personal administrativo.
Estaba operada de la cadera, dolorida
María Cristina Díaz (71) comenzó su relato con su propia experiencia de haber sido secuestrada de su domicilio el 7 de septiembre 1978, por la tarde, ingresó un grupo de uniformados “por atrás y por delante” de la casa y la introdujeron en un auto, vendada. Con el tiempo, supo que había estado en el D2 ubicado en Caseros y Mariano Moreno, donde recibió maltratos y torturas (golpes en el cuerpo, submarino, esposada con las manos atrás, en condiciones infrahumanas) durante 20 días. Después la llevaron a la Unidad Penitencia 1 (UP1) donde le retiraron la venda y permaneció tres meses incomunicada.
Es hija de Florencio Díaz quien permanecía detenido en la UP1 junto a 30 militantes populares considerados “detenidos especiales”. Contó que cuando su padre fue detenido se fue de Córdoba durante dos años y volvió cuando su madre le avisó que lo habían fusilado.
Dijo que le hicieron un consejo de guerra y la absolvieron. Estaba acusada de asociación ilícita. A su hermano Florencio Gustavo Díaz, también lo llevaron dos veces amenazado. “Mientras ellos, los imputados, están cómodos en su casa”, señaló.
Durante su permanencia en el D2 pudo hablar con Marily Piotti cuando “la sentaron en una silla al lado mío. Me preguntó cómo me llamaba y acordaron que si alguna salía avisaría a su familia que estaban vivas”. Agregó que cuando llegó “estaba operada de la cadera, muy dolorida. Cuando la llevaron no la vi más”. Calcula que estuvo unos cuatro días. También se acordó que había otras personas una a quien llamaban Charlie Moore y que escuchó que entre los represores decían “éstos son comunistas”. Afirmó que las torturas las aplicaban en otra parte. A su padre pudo verlo una sola vez en la jefatura de policía, antes del golpe.
El próximo 5 de abril continuará la recepción de testimonios, ampliarán declaraciones los imputados y luego se realizará inspección ocular en el D2 (Mariano Moreno y Caseros).
*Periodista. Agencia Prensared. Registro fotográfico Adrián Camerano.
www.prensared.org.ar
