Se refiere a la niña que atendió como docente de prejardín en la Casa Cuna. Mercedes María Luz Agüero, la nieta 107, declaró a puertas cerradas. El Tribunal, autorizó el pedido de la víctima. Luego declararon cuatro testigos y uno de los imputados lo hizo sin responder preguntas.
Por Katy García*
Este viernes culminó la etapa testimonial del juicio 14, que tramita el TOF 2, en Córdoba. En ese marco, Mercedes María Luz Agüero, solicitó declarar a puertas cerradas. El Tribunal accedió porque se trata de una víctima y el código procesal penal lo contempla. De modo que se llevó a cabo el acto procesal que contó además con la anuencia de Abuelas de Plaza de Mayo que en éste y todos los casos respeta el resguardo de la intimidad de las y los nietos recuperados. Se trata de la niña que nació en cautiverio en 1978 y luego fue apropiada. Testimoniaron cuatro personas y se realizó una inspección ocular en el Departamento de Informaciones (D2) donde se perpetraron la mayoría de los delitos.
Mercedes era hija adoptiva, no era un secreto
Ana Graciela Petit trabajó en el Hospital Pediátrico desde 1971 hasta 1990. Trabajó como maestra de prejardín acompañando a los niños y las niñas que concurrían a la guardería, hijos de los empleados del establecimiento. “Los traían a la mañana y los retiraban a la tarde”, precisó. “Siempre he trabajado como docente”, dice, excepto durante el periodo vacacional donde trabajó como secretaria en otras áreas como consultorio externo y alergia, recordó. Entre los niños y las niñas a su cuidado, durante 1981 y 1982, se encontraba Mercedes María Luz Agüero (la nieta recuperada 107) cuya causa se ventila en este juicio. “Hay que ser docente para saber que una se acuerda de las caras. La recuerdo por sus ojitos claros y el pelo negro”, cuenta y sonríe cuando le acercan una foto donde están ella y la nena festejando un cumpleaños.
“La trajo Laura Agüero que trabajaba como asistente social en la Casa Cuna”, dijo, con total seguridad. “Ella nunca estuvo embarazada” y se sabía que “Mercedes era hija adoptiva, no era un secreto pero era una situación grave…se decía que no había sido abandonada por sus padres en la casa Cuna”. En cambio la otra niña, Laura Belén, “era mucho más grande así que no podía venir al jardín conmigo porque yo atendía niños de 3 a 4 años” en la guardería.
En otro tramo aludió a los cambios que se fueron dando durante las décadas ‘70 y ‘80 en su lugar de trabajo. “En el primer piso había una galería larga, un salón de actos grande y no se podía subir a las salas que estaban arriba donde estaban los niños pequeños y siempre pensé que eran enfermos. Luego, estaba el laboratorio”, describió. Supone que tal vez “en esa época del proceso a esos chiquitos se los llevaban a la familia…pero no puedo dar precisiones”. Había días -agrega- que cuando llegaba al trabajo había policías y soldados en las puntas de las galerías, que no nos permitían pasar hacia las salas y tampoco al jardín donde estaban las hamacas, en la Casa Cuna”, rememoró.
La abogada de la defensa le preguntó si Laura Agüero le había mencionado que su hija era biológica. “No. No me lo dijo. Sé que esa nena no era de ella. Es una delgada línea…“, señaló. Para refrescar su memoria le leyeron una declaración anterior cuando dijo: “Yo sabía que no podía tener hijos porque yo tenía el mismo problema y hablábamos de eso”. Escuchó y confirmó que así había sido.
Sin precedentes
Wilfrido Pérez, es asesor letrado y está a cargo de la oficina de derechos humanos del poder Judicial de la provincia de Córdoba, creada 20 años atrás. Esta oficina “abrió la puerta a las personas que querían conocer su origen biológico y parte del derecho a la identidad”, sostuvo. En 2008, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictó un acuerdo para que se realice una investigación que estuvo a cargo de María de los Ángeles Bonzano con el aval de Abuelas Córdoba y el apoyo del área informática de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), explica, el funcionario.
Se puso en marcha entonces una investigación “sin precedentes en el país donde se ha consultado el acervo documental del archivo del poder judicial desde 1975 a 1983, revisándose las declaraciones de abandonos, guardas y adopciones”, a los efectos de detectar si pudo haber pasado algún niño nacido durante el cautiverio de su madre, redondeó. Tras explicar el proceso contó que el informe final se presentó en el Archivo Provincial de la Memoria (APM) en 2011, y que dicho estudio continúa hasta la fecha.
Sobre el caso específico de Mercedes Luz Agüero afirmó que a ese caso no lo tenían registrado porque estaba en manos de la justicia federal pero “tengo entendido que ha sido una guarda entregada por decreto”.
En relación a la hermana, Laura Belén Agüero, contó que cuando la citaron a su madre, ella les dijo que no podía responder porque estaba con un ACV y además porque el abogado le había recomendado que no declarara. Esto ocurrió en dos oportunidades en 2011 y 2016. La hermana mayor, le dijo a la persona que la habló por teléfono que ellas sabían que “eran hijas adoptadas, que conocían a sus madres, unas mujeres comunes, regulares o corrientes”.
Acerca de la investigación, afirmó que del universo abarcado en el primer informe, menos del 10 por ciento fueron separados como sospechosos de apropiación. Asimismo “se pudo determinar que el Poder Judicial de Córdoba de un total de 44 expedientes, la gran mayoría de niños hijos de desaparecidos, fueron entregados a familiares. No hemos encontrado niños apropiados nacidos en cautiverio”, sostuvo.
Más adelante y ante una pregunta de Claudio Orosz sobre la documentación encontrada en la casa Cuna dijo que miles de historias clínicas se rescataron, trataron, sistematizaron y después fueron escaneadas y permanecen el poder judicial. “Nuestra labor más fuerte con la Casa Cuna, fue la recuperación de esa información en 2014”, aseguró Pérez.
Respecto a las inscripciones tardías fueron tramitadas 4300. Y como dice el primer informe en esa época los registros de nacimientos se hacían con testigos y había tres juzgados de menores y 48 secretarías.
Gran demanda de personas por conocer sus orígenes
María Elena Flores, se desempeñó en el hospital pediátrico, en 1983. Fue citada a declarar porque realizó dos posgrados que dan cuenta de Los niños expósitos. Ambos estudios analizan las prácticas de entregas de niños y niñas a personas que los habían solicitado. Lo hizo motivada, por la enorme cantidad de hombres y mujeres grandes, que llegaban al lugar a averiguar datos sobre su identidad.
Aclaró que que su trabajo abordó dos etapas pero no llegó tomó el periodo del terrorismo de estado. Sobre esta causa, habló de los registros de la época y contó que junto a Belén Bonelli (que ya declaró) trabajaban juntas y atendían la demanda de las personas que querían conocer sus orígenes. Cuando empezaron a realizar las entrevistas en1995, asume Ramón Mestre y decide cerrar el lugar. Ambas se preocuparon por preservar la documentación que estaba en un sótano, descuidado, debajo de la capilla. También por un libro inmenso y numerosos sobres marrones con fichas sociales y médicas y a veces estaba el oficio oficial que declaraba una adopción. Fue ahí que se ocuparon de ese problema. Recordó que pudo ver las firmas en diferentes informes de sus colegas Mirian Vial, Laura Caligaris, Yolanda Molina y otras asistentes sociales.
Solo atendía niños
Las preguntas de la querella apuntaron a obtener información sobre el funcionamiento de la institución durante el terrorismo de estado cuando la testiga Ileana Amanda Rojas (75) ejercía la profesión de enfermera desde los años setenta hasta 2002, en la Casa Cuna. Pero, según sus dichos “no tenía contacto” con casi nadie. Solo atendía a los niños que ingresaban desde la guardia y negó haber tenido algún vínculo con menores de dos años y menos con el personal. Solo recordó a las monjas concepcionistas Monserrat (Tribo) y Asunción, quienes les acercaban ropas, alimentos, medicamentos, para la atención de los pacientes. Durante el “proceso” vio personal de seguridad o del ejército pero “no recuerdo porque llegaba y tomaba la guardia”.
No estaba en el D2
El imputado Yamil Yabour optó por declarar pero anunció que iba a responder preguntas. Negó terminantemente los delitos que le adjudican en esta causa ya que en aquel momento no se encontraba en el D2 como dice el fiscal (Facundo) Trotta. “Trabajaba como sumariante junto al oficial Molina y mi función era la confección de sumarios ordenados por los juzgados 1 y 2”. También expresó que “el delincuente subversivo Charlie Moore habría actuado por venganza” cuando se refirió a su persona ya que en esa oficina todos eran administrativos y él tenía restringido el ingreso. “Yo trabajé en el área judicial y cuando hubo un incendio tuve que declarar” y por supuesto no le adjudicaron ninguna responsabilidad penal.
Da la impresión que interpretó que estaba siendo imputado en la causa por robo de bb y supresión de identidad porque el Presidente del Tribunal cada vez que les informa a los testigos y testigas las obligaciones también les lee las carátulas de la causa y los nombres de los imputados. Por eso dijo: “No tengo conocimiento de esa causa y me llama la atención que me haya mencionado”, dijo sorprendido. La abogada defensora le preguntó cuántos años tenía en 1978. “Terminaba de hacer el curso de oficial auxiliar en la escuela de policía. Tenía 32 años, estaba casado y tenía tres hijos. Negó además conocer a Ríos y Bazán detenidos desaparecidos.
La próxima audiencia será el 9 de abril, a partir de las 9:30.
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*Periodista. Agencia Prensared. Fotos de archivo y capturas.
www.prensared.org.ar
