Inteligencia Ilegal| La APDH pide que se investigue a funcionarios y ser admitida como querellante


La denuncia por abuso de autoridad formulada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ingresó esta mañana en la fiscalía a cargo de Luis Fernando Micheli. Solicitan ser admitidos como querellantes los presidentes de la entidad Guillermo Torremare, Eduardo Tavani y María Soledad Astudillo.

Por Katy García*

La denuncia fue realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) cuyo domicilio se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El trámite ingresó en la fiscalía a cargo de Luis Fernando Micheli, y contó con el patrocinio de los letrados Mabel Edith Sessa, Gerardo Battiston y Carlos Vicente, integrantes de la filial Córdoba.

La denuncia pide  que se realice  una investigación judicial que defina cuál es “la eventual responsabilidad penal” que podría caberle al  Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, al Jefe de Policía de Córdoba, Comisario General Leonardo Gutiérrez y a la Sargento Primero, Claudia Susana Melián Aranibar, quien tomó fotos “camuflada de trabajadora de prensa” durante la concentración y protesta pacífica del pasado 20 de diciembre y también los días 21 y 27 del mismo mes. El escrito insiste en que se debe precisar si se trató de “acciones de inteligencia ilegal” realizadas por la agente Melián.

Para el abogado Carlos Vicente son hechos de gravedad  que vulneran derechos  consagrados por la constitución nacional. “El derecho a la protesta, a expresarse libremente y hacerlo  en el espacio  público, están  garantizados  y de ninguna manera se puede estigmatizar a las organizaciones populares que los ejercen, por parte de los organismos de seguridad. Esto no es seguridad pública, está expresamente prohibido por la legislación que rige la materia y que ha surgido de un consenso  general  construido en estos 40 años de democracia”, manifestó.

Es texto aclara que serán llamados a declarar los funcionarios mencionados a quienes se les  podría acusar de haber cometido delitos que se engloban en abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la ley 23.554 de Defensa Nacional (1988), la ley 24.059 de Seguridad Interior (1991) y la ley 25.520 de Inteligencia Nacional (2001); actos discriminatorios normados en la Ley 23.592; sin perjuicio de las otras figuras penales que pudieran surgir. Asimismo subraya el escrito que  no respetar los derechos consagrados explícitamente en la Constitución Nacional como por ejemplo el artículo 14 que “reconoce tanto el derecho de peticionar a las autoridades, el derecho a la protesta como el de la libertad de expresión”. También argumenta que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos cuentan con jerarquía constitucional.

La denuncia

El escrito describe cómo sucedieron los hechos que se dieron a conocer públicamente a través de las redes sociales. Al inicio de la movilización en conmemoración de los 39 militantes muertos por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, manifestantes y trabajadores de prensa detectaron en la esquina emblemática de Colón y La Cañada, que una mujer fotografiaba y filmaba  la cabecera de la concentración, como si fuera una fotoperiodista.

Vestía un chaleco color caqui con la inscripción “Prensa” y era notable su cercanía con los policías uniformados a cargo del comisario general Leonardo Gutiérrez. Cuando un periodista le preguntó de qué medio era respondió que pertenecía a la Prensa “independiente”. Fue filmada por varias personas que desconfiaron de la respuesta. El vídeo se viralizó  rápidamente y pronto se supo que era una empleada de la policía.

El texto de la denuncia suma un conjunto de testimonios de periodistas que la vieron cumpliendo funciones durante otros actos de la institución y que seguramente serán convocados a declarar.

Sebastián Del Carpio, director de Relaciones Institucionales de la Policía de Córdoba, dijo según consta en el texto, que “Ella trabaja en el Multimedio de la Policía. Nosotros filmamos todos los procedimientos que hacemos, desde un clásico entre Talleres y Belgrano; hasta un allanamiento. Y acá también se filmó el procedimiento que se estaba realizando”.  Y agregó que “le están arruinando la vida a esta chica, tiene dos hijos; estaba viendo si contrataba a un abogado para iniciar acciones contra los medios”. Claramente, no asumió que la suboficial podría estar violando la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Cabe destacar que durante la concentración del 27 de diciembre frente a Tribunales I también fueron detectados policías que filmaban a militantes. Para la APDH es evidente que se trata de una conducta reiterativa que se aplica a las organizaciones sociales y sus referentes. También agrega la denuncia, que la propia jefa de policía había manifestado en marzo de 2023 que“en las marchas hay policías de civil cuya tarea es ir identificando personas sobre organizaciones sociales y sus referentes de manera autónoma, sin orden judicial previa, que incluye la presencia clandestina de agentes policiales de civil, en los espacios donde las organizaciones sociales desarrollan sus actividades”.

Por otra parte, citan al Fiscal De Aragón (quien ordenó reprimir par liberar la Avenida Vélez Sarsfield, cuando se realizó un cacerolazo en la explanada del patio Olmos)quien incorporó a la investigación un informe de “Fuentes Abiertas” confeccionados por la Dirección general de investigaciones criminales, la División de análisis e Investigación en las Comunicaciones (D.A.I.C.) donde revela los movimientos de las redes sociales de las organizaciones “Polo Obrero, Libres del Sur, FAR, MST, MTR y ATE” con fotografías y vídeos incluidos. También se nutren de la propia información que las agrupaciones y los medios de comunicación publican.

En otro tramo, se refiere a la reunión que  mantuvo el Cispren con el Ministro de Seguridad de la Provincia quien “desmintió que se trate de una tarea de inteligencia policial hacia militantes y dirigentes sociales y políticos”. Asimismo se comprometió con el sindicato de prensa a “corregir esta forma y aseguró que la agente realizaba su trabajo para el área de comunicación de la Policía”, como si fuera una acción habitual.  Cuando estas prácticas deben ser ordenadas por un juez que investiga un hecho criminal.

“El uso de tácticas de vigilancia masiva como éstas no sólo invade el derecho a la privacidad de las personas que protestan, sino que también intimida a las personas para que sea menos probable que deseen asistir a marchas”, sostiene el Organismo y afirma que se trata de un abuso de poder “desproporcionado de las autoridades de seguridad provinciales y demás responsables, quienes habrían desarrollado todo este proceder delictivo menoscabando derechos constitucionales de los manifestantes”.

Finalmente solicitan que “se disponga el cese urgente de estas tareas de seguimiento y espionaje ilegal realizadas sobre las organizaciones sociales, políticas y gremiales, por parte de la policía de Córdoba”. Luego detalla la tipificación de los delitos.  A la vez, manifiesta que “todas las personas en la Provincia gozan del derecho a “asociarse y reunirse con fines útiles y pacíficos” y “a peticionar ante las autoridades y obtener respuesta y acceder a la jurisdicción y a la defensa de sus derechos”.

Enfatiza que la Policía “es una institución civil armada, que tiene por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba” y aclara que tiene prohibido  “realizar investigaciones por motivos políticos, raciales o religiosos, como así también espionaje industrial o comercial, seguimientos o investigaciones a los integrantes de los poderes públicos del Estado y a miembros de los medios masivos de comunicación, salvo autorización expresa de Autoridad Judicial competente”. También cita numerosos artículos de la carta magna y de organismo internacionales que garantizan los derechos.

Tras aclarar que serán llamados a declarar los funcionarios mencionados tipifican los delitos que podrían haber cometido y que se engloban en abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la ley 23.554 de Defensa Nacional (1988), la ley 24.059 de Seguridad Interior (1991) y la ley 25.520 de Inteligencia Nacional (2001); actos discriminatorios normados en la Ley 23.592; sin perjuicio de las otras figuras penales que pudieran surgir.

Concretamente la denuncia solicita que  sean admitidos como querellantes, en carácter de parte. Ofrecen un cúmulo de pruebas en forma provisoria y exigen que se investiguen los hechos mencionados, que “se determine la identidad y participación autores, coautores, cómplices e instigadores de dichas conductas, encuadrándolas en su caso en los tipos penales que correspondan por ser conductas de acción pública perseguibles de oficio”.

En 34 páginas, la organización expone porqué tomó la decisión de presentar la denuncia, las causas, los argumentos y la jurisprudencia. También manifiesta su voluntad de ser aceptados como  querellantes los presidentes de la entidad nacional.

Por otra parte, en el mismo sentido, el secretario General de ATE y CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani,  presentó con el patrocinio del abogado Claudio Orosz, una denuncia al ministro Quinteros por violar la Ley de Inteligencia Nacional y a la falsa fotoperiodista, Sargenta Melián.

DENUNCIA APDH ABUSO DE AUTORIDAD v2 (1)

*Periodista. Agencia Prensared. Imagen ilustrativa Hoy Día Córdoba.

www.prensared.org.ar