El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó el “Informe sobre represión y criminalización de la protesta social en la Argentina (2016 – 2018)”. En 19 páginas, el estudio da cuenta de la política represiva llevada a cabo durante el gobierno de Cambiemos. Describe, año por año, los hechos más relevantes y afirma que su punto más alto fueron los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Las detenciones arbitrarias y el uso de la violencia física fueron acciones permanentes destinadas a desmovilizar a la población. Conclusiones y enlace al informe completo.
Por Redacción
El informe analiza que “La represión y criminalización de la protesta social fue una constante durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos”. En la introducción explica que se dio “un aval explícito a la represión de la protesta social”. En ese orden, actuaron de manera “violenta, desproporcionada, publicitada a través de los medios masivos y defendida en forma irrestricta sin importar los hechos por los máximos líderes políticos”. El objetivo era “amedrentar, amenazar, e infundir miedo en la población” para desmovilizar y demonizar especialmente a las organizaciones sociales, sindicales, políticas o de derechos humanos.
Por caso, unas 1452 personas -sobre todo dirigentes sociales y sindicales- fueron detenidas. El pico más alto fue en 2017 cuando se produjo la desaparición seguida de muerte (durante 78 días) de Santiago Maldonado durante la represión llevada adelante por la Gendarmería Nacional, en la comunidad mapuche en el Pu Lof de Cushamen. Y luego el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por efectivos de la Prefectura Nacional.
Entre enero de 2016 y diciembre de 2018 se produjeron 538 hechos represivos contra manifestantes y el asesinato de cinco personas por parte de las fuerzas de seguridad. A los casos citados de Santiago y Rafael se sumaron Ismael Ramírez, Héctor Reyes Corvalán y Rodolfo Orellana. Esta política, afirman, fue avalada por los funcionarios de ministerio de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano. La llamada “doctrina Chocobar” es un claro ejemplo. Destacan otras acciones como la militarización de los barrios populares, detenciones arbitrarias y razias en las calles y medios de transporte, y el intento de asesinato de Julia Rosales, dirigente de la CCC, herida de tres balazos. A continuación se transcriben las conclusiones del estudio.
Conclusiones
“La represión y criminalización de la protesta social fue una constante durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Más aún, fue una herramienta cuya utilización respondió a una decisión consiente y avalada desde los más altos funcionarios del Estado, tendiente a limitar la capacidad de resistencia de los sectores populares frente a las políticas de ajuste.
Las consecuencias sociales y económicas de estos cuatro años de gestión se plasmaron en aumentos en la pobreza y la indigencia, el desempleo, la precarización laboral y en una fuerte caída en términos reales de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ni la intensidad de la represión estatal ni el hecho de que esta fuera avalada desde los niveles más altos de la función pública fueron suficientes para inmovilizar al conjunto de la sociedad.
Por el contrario, como hemos descripto en este documento la represión, las detenciones y la apertura de causas no disuadieron a los trabajadores y trabajadoras de seguir llevando adelante acciones de resistencia. El proceso de construcción en el plano simbólico de un “enemigo interno” fue una decisión política tendiente a buscar a otro difuso la razón de los fracasos económicos del Gobierno Nacional.
Ese “otro” se desplazó del manifestante al extranjero, llegando al punto de modificar regresivamente la legislación migratoria, intentando instalar una supuesta relación entre migración y delito. La reivindicación de la resolución violenta de las tensiones provocadas por el conflicto social constituye una de las herencias que deja la gestión de Cambiemos.
Ella trasciende los resultados electorales, por cuanto se trata de un discurso que, impulsado desde el Estado y replicado incesantemente por numerosos medios masivos de comunicación, intentan legitimar un consenso social que no hace más que incrementar los niveles de violencia existentes en la sociedad.
Este desafío es clave de cara el futuro inmediato. Por un lado, vuelve a ser necesario resaltar el papel que cumplen las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos no solo en la construcción de una sociedad más justa, sino también en el procesamiento institucional y democrático de la conflictividad social.
En tal sentido, vale recuperar la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998. Por el otro, resulta imprescindible iniciar procesos que tiendan a revertir la securitización de la respuesta estatal al conflicto social, desandando cuatro años de políticas donde la reivindicación del accionar violento de las fuerzas de seguridad estuvo en el centro de la acción estatal”.
Fuente: Informe final y nota publicada por la Agencia Acta
Foto: Walter Piedras
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