La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba realizó un conversatorio virtual sobre el proyecto de Ley que busca prevenir y erradicar la violencia estatal, y acompañar y reparar a las víctimas. El Frente de todos logró un dictamen de mayoría. El radicalismo y el PRO, presentaron un despacho en minoría y la Coalición Cívica lo rechazó. Expusieron: Hugo Yasky, Mariano Przybylski, y Natalia Bermúdez. Dieron su punto de vista Soledad Laciar y Leticia Aparicio.
Por Katy García*
El miércoles pasado se desarrolló un debate virtual convocado por la Mesa de Trabajo por los derechos humanos y la Comisión de lucha contra la violencia institucional que forma parte de la mencionada organización. La idea es lograr una amplia participación de organizaciones diversas, de abajo hacia arriba, para lograr una norma que permita -desde una perspectiva de Derechos Humanos y de género- cambiar el paradigma instalado. Participaron militantes de derechos humanos, funcionarios públicos y familiares de víctimas de violencia institucional.
Durante la reunión que se realizó mediante la plataforma zoom se analizaron aspectos centrales del Proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional, en seguridad y servicios penitenciarios que en términos generales busca: prevenir y erradicar la violencia estatal protagonizada por agentes de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarios. Acompañar y reparar a las víctimas, y garantizar la integridad psicofísica, la formación y el entrenamiento profesional a los agentes públicos.
Los expositores Hugo Yasky (diputado nacional, por la provincia de Buenos Aires), Mariano Przybylski (Director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de derechos humanos de la Nación), Natalia Bermúdez (antropóloga, integrante del Conicet-UNC), explicaron en qué consiste el proyecto. Tras cartón aportaron sus visiones Soledad Laciar y Leticia Aparidio en representación de las víctimas. Moderaron: Mariano Fernández y Jesica Vega.
Una deuda de la democracia
Hugo Yasky, expresó que el proyecto “Está inspirado en la necesidad de pensar soluciones que nos permitan superar los casos de violencia institucional que casi siempre tiene como víctimas a jóvenes de origen humilde, en situaciones de absoluta asimetría”. Agregó que “es imposible sobrevivir a esa disparidad de fuerzas y es una deuda a saldar por la democracia”. En ese orden, señaló que los cambios de gobierno han generado “distintas miradas” donde el discurso de los “partidarios de la mano dura, el gatillo fácil y la policía brava” difundido por los medios de comunicación es llevado a la práctica desde el estado. A lo que se suma “El apañamiento de políticos en situaciones concretas como en el caso de Santiago Maldonado (entre otros) y también los que permanecen en el anonimato porque muchas veces desisten las familias de hacer las denuncias”, afirmó.
“No podemos sentarnos de brazos cruzados, por eso debemos cambiar las leyes, los modos de tratar a los familiares, y establecer un marco legal para que los políticos tengan opiniones que no se convierten en parte del problema”, subrayó. Piensa que el proyecto “va a generar el rechazo de sectores que pretender mantener el statu quo y que piensan que va en desmedro de las fuerzas de seguridad, con discursos o manifiestos, tratando de distorsionar el verdadero objetivo”, advirtió.
Asimismo, aludió a la violencia represiva que ejercen los uniformados en recitales, actos públicos, y protestas en la calle. Violencia que también es aplicada “a los periodistas que cubren los hechos y que terminan siendo blanco de amenazas y acciones que generan represalias”.
En esa dirección enfatizó que “se debe proteger al más débil, a los más indefensos, a los últimos” y confió en que se generen las condiciones necesarias para “avanzar en este debate” con organizaciones de derechos humanos y sociales para logar una “construcción social y comunitaria” que consolide una conciencia amplia “para que esta ley, si se aprueba, no sea una expresión de deseos o un papel que quede archivado”.
Que se apruebe y aplique en todo el territorio
Mariano Przybylski, destacó la importancia del proyecto de ley que “es transversal a todos los gobiernos y provincias”. En ese sentido afirmó que es fundamental “asumir la existencia del problema” porque cada provincia maneja sus policías y servicios penitenciarios. Entonces, dice, que para que sea una política de estado se debe avanzar en un acuerdo en todo el país. Lo cual implica discusiones y consensos. “El desafío es que se convierta en ley que se aplique en cada provincia”, sintetizó.
Uno de los cambios propuestos es que el estado no le pague un abogado particular al policía que haya cometido un delito mientras cumplía funciones. Porque sencillamente se trata de un privilegio. En cuanto al acceso a la justicia se prevé la institucionalización de espacios en todo el país. Por caso, destacó, que la secretaria de derechos humanos de la nación lleva un registro de casos y es “la boca de acceso ante la justicia”.
Otro capítulo modifica “el sistema de sanciones de las fuerzas de seguridad y dispone que los procesos administrativos no sean llevados por la propia institución”. Se crearán centros de denuncias por fuera “de la órbita de las fuerzas de seguridad”.
Asimismo,contempla “políticas de prevención, sanción y reparación a las víctimas” y propone medidas de reparación económica en los casos de desaparición forzada, homicidios, y lesiones causadas por el estado tal como se hizo con las víctimas del terrorismo de estado.
Explicó que “Cuando el estado asume una violación a los derechos humanos, pide disculpas, actúa sin esconderlo, y lo hace público -por ejemplo, cuando lo hizo Néstor Kirchner en la ESMA- poniendo señales, con las fotos de las víctimas”, está actuando para la prevención, graficó. Otro tema “preocupante” a solucionar es la falta de definición de las dos terceras partes de las provincias respecto a los “mecanismos de prevención de la tortura” y Córdoba, es una de las que está en falta.
En cuanto a la formación profesional de los uniformados sostuvo que es preciso ”entender que el respeto a los derechos humanos es para todos”, y que se debe crear conciencia porque “nos puede pasar a cualquiera de nosotros”.
Complejizar y replantear
Natalia Bermúdez consideró que este encuentro “permite habilitar ciertos marcos de debate” diferentes a otros como la doctrina Chocobar. Advirtió que el estado “es diverso y heterogéneo” donde hay “matices y grises” a la hora de discutir.
Afirmó que la violencia policial se constituye como un “entramado” de diversos factores sociales como los prejuicios de clase y el olfato policial que tiene internalizado “un estereotipo del joven antes que el delito”, y de “ciertas masculinidades que legitiman su comportamiento”.
En esa dirección dijo que “No hay que demonizar a la policía para poder complejizar y replantear la violencia” porque existen “prácticas corporativas” que exceden los protocolos, las leyes, y las prácticas heredadas de la dictadura como “plantar armas, inventar causas, que surgen de las “costumbres institucionales”. Invitó a repensar la idea de que no se contemplan los derechos humanos de las fuerzas “para poder articular esa formación y que pase a la acción”.
Destacó que los reclamos contra la violencia policial que realizan en el espacio público las familias de las víctimas son el resultado de luchas anteriores cuya legitimidad “viene de las Madres de Plaza de Mayo y de las Abuelas”. También es frecuente que vengan de sectores populares vulnerables, de quienes han atravesado otras violencias como los veteranos de Malvinas, y el terrorismo de estado.
En Córdoba la lucha contra la persecución policial y el gatillo fácil viene desde hace años. La lista de asesinatos a manos de uniformados es larga. Y las marchas contra la impunidad y pedidos de justicia también. Desde David Moreno(13) en 2001 en adelante hasta los últimos casos. Algunos, fueron resueltos por una fuerte presión en las calles como por ejemplo el asesinato de Güeré Pellico.
De modo que “Esa acumulación de experiencias y participación política” ha contribuido a legitimar la lucha de las familias afectadas. Que también deben lidiar con las “violencias sutiles”, naturalizadas, como la eterna espera en los pasillos de tribunales, la búsqueda de información, los traslados sin aviso como ocurre con los internos que cumplen condenas en cárceles. Las dificultades para encontrar el cuerpo de la víctima, descubrir las agresiones que presenta, y lograr el acceso a las causas. Como si esto fuera poco deben soportar la mirada quienes “justifican la violencia policial” y se sacan el problema diciendo que por algo será o que “son unas ratas”.
Soledad Laciar: “Al gobierno le conviene esta policía”
“Para mí la ley es súper importante pero la decisión política es más importante”, dijo, Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correa (17) -asesinado por la Policía de Córdoba, el 6 de agosto de 2020. Manifestó que jamás recibió las condolencias del gobierno por la muerte de su hijo. Supo que sí hicieron llamadas desde el ministerio de seguridad para que “arreglen el quilombo que armaron” y que la respuesta fue plantar un arma.
En cuanto a la investigación dijo que “está muy avanzada en comparación de otros casos pero la cadena se cortó en la policía”. Evaluó que “Si hay un gobierno detrás, al que le conviene ésta policía, por más ley que haya a mí me quedará un sabor amargo. Porque está clarísimo que en Córdoba es así; porque si no, no hubiera pasado lo que pasó con Joaquín (14) dos meses después”.
En ese orden expresó que es fundamental que “el gobierno nacional baje una línea clara” respecto a la ley. Al mismo tiempo se pregunta cómo será “el seguimiento de la formación” de los uniformados. Aclaró que no mete en la misma bolsa a toda la policía pero “no cualquiera puede portar un arma. Debe saber cuándo usarla y como último recurso, y el seguimiento psicológico”. Contó que como madre intenta “cortar la cuestión de las diferencias sociales” porque “nos puede pasar a cualquiera”.
Leticia Aparicio: “Necesitamos sí o sí un cambio en la formación”
La educadora integra el grupo Justicia por Joaquín Paredes (14), asesinado por miembros de la Policía de Córdoba, el 25 de octubre de 2020.
“¿Qué pasó con esos jóvenes que entraron a esa escuela de policía, y salieron después a disparar contra los familiares del policía que les prestó el equipamiento para que vayan a rendir?”, interpela, quien fue docente de dos de los cinco policías que participaron en el hecho. Y ensaya una respuesta. Contó que en el noroeste -una de las regiones más pobres de la provincia de Córdoba- “la propuesta de desarrollo para los jóvenes es ingresar a la policía” porque para estudiar un profesorado hay que viajar entre 50 y 70km, durante 4 años. Entonces, la salida -siempre y cuando se disponga de “contactos”- es ingresar a la policía; y en pocos meses obtener un cargo, un uniforme y el arma. “Está todo viciado”, dijo con tristeza. “Nuestros territorio aporta policías a las fuerzas de seguridad de la provincia y ese es el plan para nuestros jóvenes”, enfatizó.
En otro tramo señaló que es necesario contar con una ley para que no se repita lo que pasó aquella madrugada cuando una balacera (112 balas) dispersó a quienes buscaban a Joaquín que estaba tirado detrás del Dispensario donde no les abrieron la puerta.
“No sólo necesitamos cambios en las cúpulas, necesitamos sí o sí un cambio en la formación, un compromiso serio de la política y una ley que lo enmarque”, sostuvo. Sobre el final comentó que hace pocos días lograron el cambio de carátula pero los acusados están libres y se los cruzan a toda hora y en todos lados. “Y eso es violencia. Necesitamos protegernos nosotros, y ellos también Necesitamos una justicia más ágil. Tenemos claridad por el camino recorrido por los Organismos de derechos humanos y no ha lugar a los que no respeten los derechos humanos”.
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