Esta entrevista con el coautor -junto a Alberto Fernández- del libro “La Justicia Acusada” echa luz sobre el proyecto de reforma judicial que se debate en el Congreso. Afirma que “discutir el Poder Judicial no es atacarlo”, y sostiene que ahora es el mejor momento político para debatir.
Por Juliana Ricaldoni*
El secretario general de Gobierno bonaerense y coautor con el presidente Alberto Fernández del libro “La Justicia Acusada”, Federico Thea, consideró que “discutir el Poder Judicial no es atacarlo”, pidió a la oposición “no anular debates” en el marco de la reforma que se debate en el Congreso y analizó que “es el mejor momento político” para dar esa discusión porque “funciona con oscuridad”.
Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un máster en Derecho Público de la University College London, Thea conoció a Fernández en 2018 cuando era rector de la Universidad de José C. Paz y lo invitó a participar de un seminario.
En aquellas charlas coincidieron en la visión sobre el derecho y, poco a poco, comenzó a tomar forma la idea de editar un libro con diferentes miradas sobre la justicia, que finalmente vio la luz esta semana, cuando salió a la venta.
– ¿Una reforma judicial es necesaria?
-Para ser reforma faltan cosas. Acá, con mucha prudencia, se mandó al consejo asesor a empezar a discutir cuestiones para transformar la justicia. Pero si ante el primer cambio del status quo de un juez se empieza a hablar de inconstitucionalidad, de avasallamiento de la independencia o de impunidad, es muy difícil. Hay una responsabilidad de la oposición de que nos sentemos. A nadie de buena fe en la política le conviene anular de esta manera los debates y que siga funcionando de esta manera el sistema judicial.
-¿Se incrementó en el último tiempo el poder de los jueces?
-Sí. Con una pantalla de supuesta imparcialidad y de no involucrarse en la política cuando sí lo hacen. Que lo hagan no está mal, lo tienen que hacer con un lenguaje y reglas más claras y sin huirle al debate. El nuestro es un sistema muy desordenado, nadie lo pensó, ni contempló sus frenos y contrapesos.
– ¿Por qué ocurre esto?
-El procedimiento de selección de jueces que copiamos de Europa con el Consejo de la Magistratura se basa en un modelo más burocrático donde los jueces no cumplen un rol político, sino que aplican la ley. Aquí, se hace control político con el ejercicio de control de constitucionalidad. Un juez dice: “La ley que sancionó el Congreso o el decreto que dictó el presidente viola nuestra norma máxima, por lo que es inválido”. Hay control político porque hay muchas interpretaciones políticas de la Constitución. En Argentina, todos los jueces fueron elegidos de una forma política. El Presidente nominaba a cualquiera con acuerdo del Senado y cualquier juez podía ejercer el control de constitucionalidad.
– ¿Es difícil discutir esa cuestión?
– Sí, porque cuando se ponen en el debate público cuestiones relacionadas a su funcionamiento, los miembros del Poder Judicial dicen que es un ataque a la independencia y eso es aprovechado políticamente para los que quieren obstruir sin lugar a debate. Discutir el Poder Judicial no es atacarlo: es simplemente, avanzar en la práctica democrática según la cual todos podemos cuestionar todo.
– ¿La reforma propuesta por el Presidente busca saldar estas cuestiones?
– Alberto hace un esfuerzo por dar el debate con gran generosidad. Tiene un diagnóstico con ideas de Comodoro Py sobre la concentración de poder y de causas muy importantes en pocas manos con otras deficiencias estructurales y personales que se encontraron. La forma de desconcentrar ese poder es ampliando la cantidad de juzgados y de competencias, mejorando el procedimiento de selección, descentralizando y pasando al sistema acusatorio.
– ¿Por qué hay resistencia al traspaso de la justicia penal nacional a la Ciudad?
-El proyecto propone unificar el fuero Contencioso Administrativo Federal con el Civil y Comercial Federal. Es una idea que le trajeron miembros del Consejo de la Magistratura de otros espacios políticos y que el Ejecutivo tomó. El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad tiene que ver con que antes de 1994 era Capital Federal y tenía una dependencia de la Nación. Entonces la justicia ordinaria de Capital se llamaba justicia nacional. Con la autonomía de la Ciudad, de a poco la Nación le tiene que ir pasando a CABA todo lo que tenga que ver con la justicia ordinaria y lo que es federal sigue siendo federal. Pero los jueces nacionales no quieren dejar de ser nacionales. La pregunta política es: ¿Si un Presidente quiere garantizar impunidad y controlar la justicia, le va pasar competencias penales a la jurisdicción gobernada por el principal partido opositor?
– Al Poder Judicial no le gusta mucho que se lo critique.
– Ahí radica gran parte de su poder. Por eso es tan importante tratar de que las sentencias sean más claras, de que usen otro tipo de lenguaje. No es casual que la forma que usó la Cámara Nacional Criminal para pronunciarse en la acordada (contra la reforma) no se comprenda.
¿Qué piensa del llamado ‘lawfare’?
-Fue un paréntesis horrible, oscuro y absurdo. Ojalá que con estas modificaciones podamos tener un antídoto para que no suceda nunca más. Pero hay otros procedimientos más invisibles que tienen que ver con que muchas decisiones de la política pública se terminan judicializando y no es que allí hay una apertura al diálogo sino que se cierra en despachos más oscuros y menos transparentes.
-¿Qué debe revisarse de la Corte?
– Hay que identificar problemas, priorizarlos y pensar soluciones. Yo hablo de repensar el control de constitucionalidad y el manejo de tiempos. Hay cosas que son inconstitucionales. Cuando salió la Ley de Blanqueo de Capitales, expresamente en el Congreso se dijo “familiares no”. Macri sacó un decreto donde lo permitió y sus familiares blanquearon dinero. Macri asumió y derogó los principales aspectos de una ley como la de Servicios de Comunicación Audiovisual por un decreto de necesidad y urgencia. El control de constitucionalidad funciona para algunas cosas y para otras no. Hay que repensarlo.
– ¿Por qué se pone el eje en el número de jueces?
-Alberto mismo dijo que no. Le pidió al consejo analizar el funcionamiento de la Corte, del Consejo de la Magistratura, haga diagnóstico y priorice problemas y haga sugerencias. No hay que poner el carro delante del caballo.
-¿Tiene que ser revisado el Consejo de la Magistratura?
-En todo. Hay algunas cuestiones que son legales y otras más reglamentarias. En 1994 se incorporó la figura del Consejo de la Magistratura para despolitizar el proceso de selección de jueces. Sucedió todo lo contrario. Funcionó mal por muchas razones.
*Fuente Agencia Télam.
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