Días atrás, la vicepresidenta de la nación rechazó ante la Cámara de Casación Penal la imputación en la llamada “causa del dólar futuro”. Habló del lawfare y del sistema creado para desestabilizar y perseguir a dirigentes populares de la región. (Cristina) “es un tabú porque reúne en su cuerpo una gran autonomía intelectual, una femineidad afirmativa y no sumisa y la relación con un proyecto histórico siempre por venir”, la define, citando a Jorge Alemán.
Por Aram Aharonian *
La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) dejó a la intemperie los manejos ocultos de un sistema de judicialización política persecutorio mediante causas prearmadas, en su alegato vía internet ante la sala primera de la Cámara de Casación Penal, que le denegara el derecho de presentación directa para su defensa.
El 4 de marzo, en directo por internet y ante la Cámara, pasó de ser una acusada con un ensañamiento cruel por parte de los medios hegemónicos y la propia judicatura, a acusadora, rechazó una imputación por demás absurda en la denominada “causa del dólar futuro”, y dejó al desnudo el lawfare.
Pero también realizó un análisis punzante y certero de las fuerzas e intereses en disputa en el cuadro político argentino, que en buena medida lo es también del continente.
“Este es el sistema que está podrido y perverso y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo, para transformarlo. Porque no se puede seguir con un país donde nos vienen a endeudar cada 20 años o cada 10 años viene uno, nos endeuda y después lo sobreseen y vuelve a hacer lo mismo. Esto es lo que está pasando y en esto tienen responsabilidad ustedes”, espetó a los camaristas.
CFK desnudó el lawfare -el neologismo inglés que es una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra)-, que utiliza al poder judicial como actor político, en combinación con medios de prensa y grupos económicos, para desestabilizar y perseguir a los líderes populares que se atreven a desafiar la hegemonía estadounidense y el dominio de las corporaciones nativas en el continente.
“Yo no les voy a pedir mi sobreseimiento, les voy a pedir que apliquen la Constitución, que apliquen los códigos de fondo y de forma: está todo escrito, apliquen la ley”, fue la frase final de un contundente discurso en el que desnudó los manejos ocultos de un sistema de judicialización política persecutorio movilizadas por causas armadas.
Un día después, el presidente Alberto Fernández respaldó el alegato de la vicepresidenta y subrayó que todo lo que denunció en su exposición “es verdad” y que es incomprensible que la causa siga abierta. Señaló que la oposición “no puede tratar a Cristina de mentirosa porque todo lo que dijo es verdad. Cuando se quedan sin argumentos ensucian. Son ellos los que no pueden explicar ante la historia lo que han hecho. Lo que les molesta es que Cristina les diga la verdad“, enfatizó,
Mencionó dos causas “paradigmáticas, como son la de dólar futuro y el (inexistente) pacto con Irán”, y consideró que es incomprensible que estén abiertas esas causas, ya que “hace dos años que están para pasar a juicio oral y no empiezan porque saben de la debilidad de la imputación”.
Entre diciembre de 2015 y diciembre 2019 Argentina fue devastada social, cultural, económica e institucionalmente por un gobierno neoliberal depredador. Para ello se contó con un protagonista clave, un engranaje fundamental en el proyecto neocolonial de sumisión argentina a los intereses concentrados: el Poder Judicial.
La indebida intromisión de la corporación judicial en la política llegó al extremo de pautar procedimientos judiciales de alto impacto con el cronograma electoral, a fin de influir sobre ellos y sugestionar a la población, para direccionar su voto.
Para que el proyecto político del ajuste económico, la destrucción del salario y el endeudamiento externo se impusiera en el país, el Poder Judicial consintió hacer el trabajo sucio de criminalizar el proyecto político inverso, de distribución de la riqueza, apreciación del salario y desendeudamiento progresivo de las cuentas públicas., señaló el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Agustín Bruera.
Esa criminalización sistemática de los movimientos populares y sus dirigentes extendida a escala regional, continúa intacta, a más de un año del fin del gobierno que la promovió y usufructuó. Ya el primero de marzo el presidente Alberto Fernández hizo algunos anuncios sobre el sistema judicial, pero pese a la expectativa generada, todos son consciente de que los cambios necesarios demandan algo mucho más potente que una alocución presidencial: hechos y decisiones de fondo.
La progresividad de los cambios proyectados en relación al Poder Judicial, dependerá de la correlación de fuerzas parlamentarias y la presión que los grupos de poder opondrán. Pero no habrá pasos concretos ni eficaces si no se apunta a modificar sensiblemente el funcionamiento de la Corte Suprema, ni se altera la correlación de fuerzas entre la corporación judicial y la representación política en el Consejo de la Magistratura, ni se cambia el rumbo del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Muchos dirigentes y altos funcionarios del gobierno temen el enfrentamiento y optan por la conciliación, que en realidad no es pluralidad ni diálogo, sino subordinación a los intereses minoritarios de los más poderosos, que postergan o claudican ante la definición de redistribuir la riqueza y hacer pagar la crisis a los que la generaron y lucraron con ella.
Los magistrados analizan si la causa del dólar futuro fue una maniobra y una manipulación con la que el Poder Judicial se metió en la política para ayudar al triunfo de Mauricio Macri en 2015, lo que incluyó un allanamiento a la mesa de operaciones del Banco Central en pleno horario bancario, casualmente cinco días antes de la segunda vuelta electoral.
Además, Cristina sostuvo virtualmente que no hay democracia con la Justicia actual porque produce situaciones como las de este expediente: los que endeudaron al país dan clases en Columbia (el exministro Federico Sturzenegger) o viajan a ver fútbol a Qatar (el expresidente Mauricio Macri), mientras que los funcionarios del gobierno, que tienen que asumir los desastres del endeudamiento y los negociados de la administración anterior, están sentados en el banquillo de los acusados.
El odio y la descalificación mediática
A Cristina, se supo desde el comienzo de la gran andadura de Alberto, se la debía difamar, había que seguir buscándola, no dejar que se la olvide, otorgarle la presencia estructural de un Tabú. El secreto del tabú es siempre un enigma, en este caso su matriz fundamental es la siguiente: “esa mujer Cristina tiene un poder excesivo, inhumano, ilimitado, que opera desde una distancia incalculable sobre cualquier escena de la vida política argentina”, señala el sicoanalista y escritor Jorge Alemán.
Cristina sería capaz de tramar la peor de las realidades, incluso estando ausente. Este uso difamatorio del nombre de Cristina, este funcionamiento de un Tabú que ha hecho que en definitiva Cristina sólo aparezca muy discretamente en su presencia política, habla muy mal de una corriente de opinión de la Argentina. Cristina es un tabú porque reúne en su cuerpo una gran autonomía intelectual, una femineidad afirmativa y no sumisa y la relación con un proyecto histórico siempre por venir, añade.
Depositaria del capital político más importante del país, Cristina jamás pasa inadvertida porque tiene peso propio como pocos (o casi ninguno), mal que pueda pesar a muches, empezando por el Presidente que ella designó y debe administrarla como un dato central de la realidad, lo que no deja de serle inquietante.
Y la Sala I de la Cámara de Casación, que debe resolver el recurso antes de que termine el mes de marzo tiene muy en claro esa situación.
Cristina Fernández viuda de Kirchner, odiada por la burguesía argentina, que la llama “Negra de M…..” o “Yegua”, fue – y sigue siendo – víctima de una de las versiones más cobardes y absurdas del lawfare. En su defensa, desenmascaró los cargos en su contra, transformándolos en cargos contra el Poder Judicial argentino y concluyendo que: “con esta Justicia no puede haber democracia”.
Este proceso es sobre una política del dólar futuro de su gobierno, cuando su Ministro de Economía era al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y que tenía como objetivo liberar a Argentina de una de las cadenas que más dificulta el avance de la economía del país, porque está ligada a la dolarización heredada de la crisis de 2001-2002.
La expresidenta y el exministro fueron acusados de obtener ventajas para ellos y para amigos y funcionarios del gobierno, quienes se habrían enriquecido enormemente con esa política. La denuncia fue realizada al inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2015, que favoreció abiertamente al derechista Mauricio Macri, que siempre tuvo el apoyo del Poder Judicial.
El Poder Judicial, recién cinco años después, en 2020 concluyó que ni Cristina, ni Kicillof, ni ningún amigo o funcionario del gobierno de Cristina, habían comprado dólares y se habían beneficiado de la política del dólar futuro.
Pero no bastó el escándalo mediático, sino que se realizaron allanamientos en la casa de Cristina y en la sede del Banco Central, con amplio despliegue televisivo, siempre en medio de la campaña electoral. Macri ganó las elecciones y, contra todo lo que había prometido en la campaña electoral, hizo una gran devaluación de la moneda.
Volvió a hablar Cristina y pegó fuerte. En mayo de 2019 la expresidenta renunció al protagonismo táctico para asumir un liderazgo estratégico del movimiento nacional y popular, el peronismo, como forma de impedir la continuidad del neoliberalismo o un eventual triunfo de sectores derechista, incluso de su propio partido.
La intervención de CFK -invisibilizada, ninguneada por los medios hegemónicos-, fue demoledora para el establishment, el poder fáctico, la derecha política y la corporación judicial y fue útil incluso para quienes exigen del gobierno mayor decisión y menos conciliación, con medidas audaces.
La intervención de la abogada Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y ahora vicepresidenta de la Nación, es estratégica en tanto busca subordinar la táctica al objetivo trazado, la caracterización de la situación, el camino y las alianzas para enfrentarla. Marca la senda: no es la conciliación.
* Fuente: Agencia Nodal (www.nodal.am)| El autor es periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) .
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