La victoria electoral del Frente de Todos en primera vuelta alienta expectativas de recuperación del trabajo, reconquista de derechos e integración latinoamericana, pero los datos de Córdoba y otros cinco distritos imponen el desafío de contrarrestar la derechización y regenerar la cultura política de una buena parte de la sociedad argentina.
Por Alexis Oliva*
El triunfo en primera vuelta del Frente de Todos con el 48,10 por ciento (12.473.709) de votos, contra el 40,37 (10.470.607) obtenido por la alianza oficialista Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales del 27 de octubre, alienta para los sectores populares la esperanza de salir de la situación de miseria a donde los empujó el modelo de ajuste y reducción del Estado, cogobierno empresario y restricción de derechos humanos y sociales instalado por la gestión del presidente Mauricio Macri.
A nivel continental, la victoria de la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner implica un punto de inflexión en un período signado por el acceso al poder –por la vía de las urnas o mediante golpes institucionales– de gobiernos neoliberales y de derecha, que proclamaron el “fin de ciclo” progresista iniciado a comienzos del siglo XXI, con aquellas propuestas que incluyeron la recomposición del empleo y fortalecimiento de los mercados internos, ampliación de derechos e integración latinoamericana sobre una base de independencia económica y soberanía política.
Chile arde en plena revuelta popular contra el Gobierno liberal de Sebastián Piñera. Bolivia camina al borde del golpe de Estado contra un Evo Morales reelecto con lo justo en primera vuelta electoral. El Ecuador de Lenín Moreno se sumerge en una crisis económica y política. La Venezuela de Nicolás Maduro resiste como puede los embates desestabilizadores alentados por Estados Unidos. Y en Brasil late una conflictividad provocada por el combo de racismo, misoginia y autoritarismo de Jair Bolsonaro. Ante ese panorama, que nada menos que la Argentina vuelva a optar por un Gobierno que –muchos esperan– favorecerá a los excluidos, reestablecerá derechos y apostará a la integración regional, es un dato esperanzador para toda Sudamérica.
La diferencia –aún provisoria– de alrededor de 8 puntos porcentuales entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio (Pro y Unión Cívica Radical) fue la mitad que los 16 (47,78 a 31,79) registrados en las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, lo que no resta importancia a un resultado que consagra en primera vuelta a Fernández y evita un balotaje que en varios países de la región abrió la puerta al triunfo de propuestas conservadoras. Así sucedió en 2015 en la Argentina, cuando el propio Macri perdió en primera vuelta pero forzó la segunda y se impuso con el 51,34 por ciento contra el 48,66 del candidato del peronismo kirchnerista Daniel Scioli.
Además, las cifras deben ponerse en contexto y valorarse frente al rol, casi inédito en la historia política argentina, del conglomerado empresarial mediático y su doble juego de apoyo incondicional al Gobierno macrista –el llamado “blindaje mediático”– y ataque virulento al kirchnerismo, principalmente en la figura de Cristina Fernández, sus familiares y ex funcionarios, incluido el actual Presidente electo desde que aceptó la candidatura propuesta por la ex Presidenta. Valgan como ejemplos la campaña sucia en torno a la desaparición y muerte del militante Santiago Maldonado, infectada de “trolls” y “fake news” con el objetivo de proteger a la Gendarmería, y el ocultamiento del estrago económico y social detrás de la incesante referencia a la corrupción del Gobierno anterior, en pocos casos probada con evidencia seria, coronada con shows montados ante cada detención de ex funcionarios y militantes del kirchnerismo.
Otro componente estructural de ese combo mediático fue la demonización de las organizaciones sociales en lucha, tal como ocurriera en la última década del siglo XX, como instancia previa legitimadora de la respuesta represiva a la protesta social, encarnada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Para conquistar a la franja del electorado seducida por el discurso autoritario, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert, los candidatos de derecha que salieron airosos de las PASO, pronunciaron decenas de veces en los debates televisivos la palabra “piqueteros” asociada a todos los males del país.
Al contrario, la propuesta del Frente de Todos contaba y cuenta justamente con el apoyo de organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Patria Grande, Barrios de Pie-Somos y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras. En ese sentido, Juan Grabois, referente de la CTEP, afirmó que el Presidente electo contará con “cien días de luna de miel”, pero “tendrá que mostrar resultados”. Sin embargo, no será tarea fácil resolver las necesidades urgentes y satisfacer las expectativas de la población más castigada por las políticas económicas de un Gobierno que llegó al poder con la promesa de “pobreza cero”.
Distintas consultoras y medios especializados en macroeconomía coinciden en señalar que durante los cuatro años de gestión de la coalición Cambiemos –iniciada el 10 de diciembre de 2015– la inflación fue del 250, la suba de tarifas de 550 y la trepada del dólar de 400 por ciento; en cambio, el salario promedio subió apenas un 200 por ciento y su poder de compra se redujo en un 30 por ciento. Entre diciembre de 2015 y agosto de 2019, el valor dólar del salario mínimo, vital y móvil argentino pasó de U$S 580 a U$S 221, un 61,9 por ciento de caída que significó que Argentina pasara del primero al noveno puesto en el ranking regional de salarios mínimos en dólares.
Esto explica por qué lejos de acercarse al cero la pobreza creció entre 2015 y el primer semestre de 2019 del 30 al 35,4 por ciento de la población. El porcentaje de indigencia, que había bajado un par de puntos en el primer año de la gestión Cambiemos, entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2019 se incrementó de 4,8 a 7,7, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad de La Plata. Eso significa que al primer semestre de este año la pobreza afectaba a 15,9 millones y la indigencia a 3,4 millones de argentinos.
La posibilidad de revertir este panorama a futuro estará condicionada por el alto nivel de endeudamiento externo. Un informe del Observatorio de Deuda Externa (ODE) cuantificó que durante la gestión macrista las emisiones de deuda del Tesoro en moneda nacional y extranjera, los pagos por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las emisiones de las provincias y el sector empresario suman U$S 187.706 millones.
Córdoba, como si nada
La provincia de Córdoba es una de las cinco que junto a la ciudad de Buenos Aires ratificaron su adhesión a la propuesta encabezada por el actual presidente Macri y el ex peronista Miguel Ángel Pichetto, votada por un 61,30 por ciento del electorado cordobés contra el 29,27 que optó por la fórmula Fernández – Fernández. Los otros distritos donde triunfó Juntos por el Cambio fueron Mendoza (50,19 a 37,69), Santa Fe (43,54 a 42,64), San Luis (45,10 a 41,60), Entre Ríos (44,49 a 44,32) y ciudad de Buenos Aires (52,04 a 35,91). El Frente de Todos se impuso en el resto del país y principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 33 por ciento del padrón electoral, con el 51,95 por ciento contra el 36,13 obtenido por el macrismo.
En Córdoba, Macri ganó en la capital y en toda la provincia, excepto en los departamentos del norte. Así como la amplia diferencia obtenida en Córdoba gravitó para que en 2015 Mauricio Macri y Gabriela Michetti lleguen a la Casa Rosada (53,22 a 19,26 en primera vuelta y 71,52 a 28,48 en el ballotage), en esta ocasión la diferencia se achicó en sólo dos puntos porcentuales, si se compara con la primera vuelta de 2015. El macrismo sigue obteniendo una amplia mayoría en una Córdoba donde la economía depende cada vez más del sector agroexportador y el monocultivo sojero, privilegiado por la política económica oficial.
Desde hace veinte años, la provincia mediterránea está gobernada por el Partido Justicialista, que en los años del kirchnerismo tuvo una pésima relación con el poder central. El apoyo del Gobierno provincial al agroempresariado sojero contra el proyecto de retenciones móviles a la soja en el llamado “conflicto del campo”, entre marzo y julio de 2008; la inacción del Poder Ejecutivo nacional frente al acuartelamiento de la Policía de Córdoba que derivó en los saqueos y se contagió a varias provincias causando 18 muertos en todo el país en diciembre de 2013, cuyo costo político el entonces gobernador José Manuel de la Sota logró trasladar íntegro al Gobierno de Cristina Fernández; la larga disputa en torno a la coparticipación federal, que llegó la Corte Suprema con un fallo favorable a la Provincia de Córdoba en noviembre de 2015; la incapacidad del kirchnerismo para elegir y fortalecer a sus referentes locales, entre otras cuestiones económicas y políticas, ayudan a entender la mala performance electoral de los candidatos kirchneristas en Córdoba. También explican por qué en 2015 el peronismo cordobés fue garante del triunfo de Macri y ahora –por acción u omisión– un aliado que le permite mantener una importante adhesión electoral desde la cual ejercer el liderazgo de la futura oposición.
Pero todo eso no es suficiente para entender el apoyo local a un proyecto de políticas regresivas que dispararon el desempleo, la inflación y el endeudamiento, que empujaron a la quiebra a centenares de pymes y comercios y afectaron críticamente a las empresas automotrices, emblemas de la industria cordobesa. En la provincia, la pobreza y la indigencia crecen al mismo ritmo que en el resto del país: al segundo semestre de 2018, 1.316.528 de cordobeses (el 35,7 por ciento) estaban bajo la línea de pobreza, y 278.061 (el 7,5) en situación de indigencia. Pero el macrismo se impuso también en los barrios populares de la ciudad, en el Gran Córdoba y en los conglomerados periurbanos de las grandes ciudades del centro y sur de la provincia. Sólo la zona norte, excluida del modelo de los agronegocios y castigada por el desempleo y la inflación, votó la propuesta del Frente de Todos.
Si el voto cordobés de 2015 se hubiera orientado a partir del análisis racional de los hechos y factores antes enunciados, cuatro años después –incluso en las elecciones legislativas de 2017– la crítica situación política, económica y social aporta argumentos de sobra para castigar al macrismo. Al contrario, el electorado local le ratificó su respaldo, que no se motiva en consideraciones materiales y objetivas, sino en el antiperonismo, antiprogresismo y antipueblo que forman parte de una mentalidad conservadora hegemónica y atávica en la sociedad cordobesa, por más Reforma Universitaria y Cordobazo que las hayan desafiado. Esa subjetividad, aguijoneada por el poder mediático más concentrado del país, volvió a gravitar en los cuartos oscuros de la Docta. No alcanzó para la reelección ni para la segunda vuelta, pero a futuro impone uno de los desafíos que en el futuro próximo Gobierno y sociedad deberán afrontar: la recuperación de la conciencia política. Eso tampoco será de un día para el otro.
*Periodista. Ex Secretario de Prensa del Cispren
Artículo publicado por http://www.desafiosurbanos.org/esperanza-los-excluidos-freno-la-derecha-continental/
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