Se trata de la sentencia tras el desarrollo del “Juicio ético de opinión ante el genocidio por goteo, de los mayores adultos, por parte del gobierno nacional de Javier Milei”, que se realizó en la ciudad de Córdoba, este 22 de septiembre, ante una sala llena en la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. No tiene efecto jurídico pero sí simbólico.
Por Katy García*
El Espacio Antifascista de Córdoba, conformado por numerosas organizaciones, ha organizado esta actividad denominada “Juicio Ético de opinión ante el genocidio por goteo, de los mayores adultos”. Los acusados fueron el Presidente Javier Milei y su gabinete de ministros, imputados por la implementación de políticas de ajuste aplicadas a las y los jubilados de todo el país. La última audiencia, culminó con la lectura de la sentencia y un mini recital interpretado por Claudio González, María Eugenia Acotto y Aldo Cerino (teclados).
El tribunal, conformado por el exjuez federal y constitucionalista, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, junto a Patricia Josefina Coppola, abogada penalista y profesora consulta de la Facultad de derecho de la UNC, y Rubén Stiberman, civilista y profesional del derecho, sintetizó el contenido de la sentencia en varios puntos.
La sentencia
El Tribunal condena éticamente al Gobierno nacional presidido por Javier Gerardo Milei, sus ministros, legisladores afines, funcionarios, sectores sociales que apoyan, y fuerzas de seguridad, que “han sido y son cómplices o ejecutores de las políticas económicas y represivas que han causado y causan daño directo y sistemático, en una destrucción planificada, a las personas mayores en la República Argentina”.
Considera que las políticas llevadas a cabo han sido fundamentales para provocar un “genocidio por goteo, entendido como una forma moderna de violencia estatal estructural y planificación de la desigualdad, cuyos efectos letales y deshumanizantes han sido comprobados por testimonios, estadísticas, informes médicos, sociales y económicos”.
Asimismo, dichos argumentos serán enviados con copia de la sentencia a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “ámbitos institucionales” que deben tomar nota de lo debatido y analizado para que “reviertan de manera urgente las medidas que han puesto en riesgo la vida, la salud, la dignidad y los derechos de la población adulta mayor”.
En otro punto destaca que habiendo superado la noche del “Terrorismo de Estado”, el gobierno nacional, utilizando métodos inaceptables, algunos descriptos en este fallo, “pretenda consolidar una política, al servicio de intereses propios de un colonialismo financiero especulativo y genere un Estado perverso y cruel”, dirigido a los más vulnerables.
Asimismo, insta a diferentes instituciones y al pueblo en general “a no callar, a denunciar, a acompañar y a construir una ética pública basada en la justicia, la memoria constructiva y la solidaridad intergeneracional”. Entre ellas, medios de comunicación, universidades, organizaciones sociales, iglesias, templos, colegios profesionales, sindicatos, partidos políticos.
Dispone, que esta sentencia ética se difunda públicamente “por todos los medios disponibles, y que forme parte del acervo documental y testimonial de las luchas por los derechos humanos en la Argentina, en esta etapa de nuestra historia común”.
-Además se decidió que el original de la sentencia “se guarde y proteja en la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, (ACIC)”, institución que representa al pueblo judío, que sufrió el holocausto durante el nazismo y “defiende la plena vigencia de los derechos humanos para con todos los pueblos del mundo” y a la vez, “repudia el genocidio al que está sometido el pueblo palestino, por parte del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu”.
Genocidio por goteo
Para el Tribunal está acreditado que “el grave impacto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional encabezado por el presidente Javier Gerardo Milei, en perjuicio de la población adulta mayor que “han producido un deterioro sistemático en los haberes jubilatorios, el acceso a medicamentos esenciales, la atención médica y la calidad de vida en general, afectando derechos humanos básicos como la salud, la alimentación, la vivienda y la dignidad”.
A la vez, sostiene que “el concepto de genocidio por goteo”, permite calificar que se trata de una forma de violencia institucional sostenida y mortal” que si bien no busca la eliminación física directa “provoca muertes evitables y sufrimiento extras, a través del desmantelamiento del sistema de protección social”.
Ratifica que aun cuando este Tribunal “no posee carácter jurisdiccional ni competencia estatal, su legitimidad se funda en la soberanía ética de los pueblos, en la Constitución Nacional y en los principios de justicia social, solidaridad y defensa de los derechos humanos.
Finalmente concluye la parte resolutiva: “Así lo resolvemos, firmamos y hacemos público, en ejercicio de la conciencia ética y el deber ciudadano de no ser cómplices desde el silencio”.
Las partes y los argumentos
Este juicio, nace desde conceptos como la dignidad humana, los derechos fundamentales, la memoria colectiva y la ética pública, la voluntad soberana de los pueblos, reflejada en la Constitución Nacional que nos rige y los derechos esenciales que de ella surgen necesarios a defender, se reúnen en audiencia pública”.
Como en todo proceso las partes son importantes. Actuaron como fiscales, Irina Santesteban, Hugo Seleme y Carlos Raimundi, quienes destacaron en la acusación, el deterioro de los haberes previsionales generado por disposiciones del gobierno a través de políticas de ajuste implementadas, a partir de diciembre de 2023; la nueva fórmula vigente desde el 2024, cuya pérdida fue notable en relación a la inflación.
Estas decisiones han impactado directamente en la quita de prestaciones médicas, la entrega de medicamentos esenciales gratuitos y aumentos en copagos “generando una disminución indirecta, pero significativa, de sus ingresos”, agregan los fiscales. Y la respuesta del estado frente a la protesta fue la represión. La mayoría de la población ha visto cada miércoles por la televisión que en vez de protegerlos los gaseaban y golpeaban.
Asimismo, destacan que las consecuencias generaron una pérdida importante en la calidad de vida; por caso, suspender comidas diarias, porque no les alcanza para cubrir la canasta básica. Así, fueron creciendo “las causales del genocidio por goteo”. Para la fiscalía “cabe la condena ética a la política del gobierno nacional inaugurado en diciembre de 2023 y a quienes la llevaron adelante este plan. Grafican que “no son matanzas con armas ni bombas, sino muertes lentas, sistemáticas, producidas por las medidas económicas” que les impiden comprar alimentos, acceder a la salud y contar con servicios.
La defensa de oficio que estuvo a cargo de Mariana de Pérez Gallego y Mariana Romano, aseguró que el Poder Ejecutivo Nacional, ministros y legisladores afines “no son responsables de la acusación formulada”. Agregan que los argumentos de los fiscales “no encuadran dentro del concepto histórico de genocidio”. Luego cargan contra el tribunal a quien califican de “incompetente” para analizar el plan económico cuyo programa es “legítimo, implementado por un presidente electo democráticamente”. Y agregan que recibió una “crisis heredada” de gobiernos anteriores. Por caso, cuestionan la moratoria previsional efectuada por Néstor Kirchner que otorgó “jubilaciones a personas que no hicieron aportes” aumentando la cantidad de jubilados en un 90%. También justificaron “las acciones represivas” contra las manifestaciones por parte del Ministerio de Seguridad que protegía “el derecho a la libre circulación”. Además apoyan a los legisladores que le “dan gobernabilidad” a su gobierno.
Testigos
Un grupo de notables de la comunidad que representa a diversas organizaciones ofreció su testimonio desde diferentes ámbitos laborales antes de jubilarse. Cada uno contribuyó con datos de primera mano desde el conocimiento y la experiencia que fueron fundamentales en la construcción de la prueba.
Ellos son: Miguel Berrotarán (Foro Solidario Córdoba); Oscar Cacho Mengarelli, (Jubilados/as ATE – CTAA); Marta Vocos, (jubilada); Doña Jovita, personaje de ficción que le da vida el actor y escritor José Luis Serrano que cuenta con las características negativas típicas: ser mujer, vieja, pobre y del interior. Daniela Ponce de León, (trabajadora social- Colegio de Trabajadoras Sociales de Córdoba); Mariano Oberlin, (sacerdote católico); Juan Carlos Mansilla, (Psicólogo, especialista, en adicciones y salud mental); Carlos Presman, (médico gerontólogo, docente y escritor); Oscar Atienza, (médico, magister en salud pública y administración de salud); Eduardo González Olguín, (economista, jubilado como profesor en la Facultad de Ciencias Económicas-U.N.C.); José María Rinaldi, (contador, licenciado en administración, tributarista y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas- U.N.C.); Daniel Godoy, (abogado constitucionalista, ex-camarista del fuero labora, profesor de la Facultad de Derecho-UNC); Mónica Heinzmann, (médica, bioeticista, profesora en distintas universidades, integra la Red Bioética UNESCO y la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad de América Latina) y Cecilia Lorenzo (periodista, especializada en mayores adultos, conductora de los programas de radio y televisión “Palabras Mayores”).
Bases del Tribunal Ético
El juicio simbólico de opinión se inspiró en experiencias anteriores que ensayaron los pueblos a lo largo de la historia y su legitimidad está dada “por la voluntad soberana de los pueblos”. Esta resolución, entonces, “no tiene carácter estatal vinculante legal, sino ético y se concreta a través de una “sociedad organizada” que expresa y ejerce su derecho de petición, en democracia, afirma el texto.
La frase “Genocidio por goteo” que da nombre a la causa explica que el presidente Javier Gerardo Milei “le aplica a las personas mayores una violencia estatal sistemática”. Teoría que ha sido propuesta por el jurista Raúl Zaffaroni y sostenida por diversos líderes mundiales, como el Papa Francisco. Se entiende como “una herramienta conceptual útil para pensar críticamente estas políticas públicas que, si bien no implican una eliminación física directa e inmediata, sí conducen, en forma progresiva, al deterioro, enfermedad y muerte evitable de miles de personas”. En esa línea, Zaffaroni se refiere “a modalidades de exterminio que no responden al modelo clásico de genocidio masivo, sino que operan lentamente, a través de mecanismos institucionales, decisiones políticas y omisiones del Estado”. Esto es, que aunque no haya una matanza “los efectos destructivos son igualmente reales y profundamente dañinos”.
En concreto, se trata de medidas de ajuste que impactan en los haberes percibidos, el desmantelamiento de programas de asistencia social y del sistema de salud pública que impactan directamente en la calidad de vida. No obstante, se han observado también muertes evitables y enfermedades que podrían haberse evitado si se hubieran prevenido.
Desde otras visiones, el concepto “genocidio por goteo” se queda corto ante la situación actual y bien podría ser “genocidio a chorro, más que por goteo”, ironizan los testigos médicos. “La destrucción lenta, de vidas humanas por políticas deliberadamente crueles, orientadas por una lógica de mercado, que descarta a quienes ya no son productivos, implica una política de gobierno que decide, en definitiva, quién vive y quién muere”, que culmina con la vulneración masiva de derechos humanos.
Sobre este ítem Zaffaroni considera que “ciertas decisiones políticas pueden convertirse, en la práctica, en mecanismos de eliminación de sectores enteros de la población, bajo la forma del silencio, la inacción o un cálculo económico deshumanizado”.
También lo abordaron desde la ética de la solidaridad que “pone el acento en la responsabilidad mutua entre los seres humanos, especialmente con aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión”. Esta perspectiva considera que “no es una cuestión de caridad sino de justicia racionalmente fundada”, entre otras, explicadas por Mónica Heinzmann.
Desde la perspectiva del Estado, el fallo considera que “tiene la obligación moral de garantizar las condiciones para que sea respetada la dignidad de todas las personas” y proteger y garantizar los derechos sociales como la educación, la salud y la vivienda, entre otras obligaciones.
También advierte acerca del comportamiento del presidente Milei que a través de la difusión sin límites de un “discurso de odio, naturaliza la crueldad, la no consideración y la discriminación”. Ni hablar de quienes no comparten sus ideas a quienes nombra como ratas, mandriles, excrementos y a los ancianos como “viejos meados” y al propio Papa Francisco lo insultó por divulgar la “justicia Social”. Incluso ha llegado a decir que “que no se odia lo suficiente” refiriéndose a los periodistas que no comulgan con él. Tampoco se priva de justificar que usa la “motosierra” para destruir el estado y a los empleados públicos.
Desde lo legal, el veredicto fundamenta que las personas mayores están protegidas por leyes y por la constitución nacional reformada en 1994, como lo explicó Daniel Godoy. Además, por los tratados internacionales como la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores”.
Asimismo, analiza que el plan económico y su implementación constituyen un “genocidio por goteo”. En ese sentido, los testigos economistas han opinado que la búsqueda del “déficit cero” no puede justificar políticas públicas que afecten la supervivencia de los adultos mayores. Entonces, Javier Milei agravó la situación como lo advirtió la fiscalía.
También rebatió el tribunal la posición de la defensa porque “se trató de una medida reparadora, que permitió a cientos de miles de personas -particularmente mujeres amas de casa y trabajadores informales- acceder a una protección mínima en la vejez. Lejos de destruir el sistema, esta medida fortaleció el principio de solidaridad intergeneracional y reconoció el trabajo de cuidado no remunerado y precarizado, durante décadas invisibilizado”. Definiciones que están reforzadas por datos.
Otro punto central abordado se refiere a la violencia institucional que utilizó el estado a través de sus fuerzas de seguridad utilizando “su poder de coacción no para proteger derechos sino para silenciar la expresión legítima de quienes reclaman por su subsistencia”. Concretamente no ha garantizado el derecho a la protesta, ha criminalizado la demanda social con “una fuerza desproporcionada y represiva” con el objetivo de disciplinar y desmovilizar a los sectores más vulnerables violando los principios del Estado de derecho y los derechos humanos.
El daño psicológico en la tercera edad por estrés económico típico de este modelo también quedó acreditado a través del testimonio del testigo psicólogo Juan Carlos Mansilla.
Por otra parte, se abordó el incremento del maltrato hacia los adultos mayores y formas de violencia a veces ocultadas. Todo esto acompañado por datos y estudios.
En salud, se observó un aumento de muertes cuyo pico se dio entre marzo y julio de 2024 con registros por encima de los ocasionados durante la pandemia “un espejo incómodo” que da cuenta de los efectos del ajuste y el abandono del Estado, como expresó Pressman. En esa línea, el sanitarista Carlos Atienza, dijo que “estamos ante una verdadera tragedia sanitaria, como nunca, en la historia del país se ha vivido”. Asimismo, opinó sobre los efectos de haber retirado a nuestro país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuyo objetivo es evitar no realizar estadísticas que desnuden la realidad tal como es.
Tras disfrutar de las interpretaciones de los músicos, Esther Gallina, presidenta de Asic, agradeció a los presentes la participación y convocó a un acto en apoyo a Palestina, que se realizará el próximo 2 de octubre, a las 18, en las escaleras del Patio Olmos.
*Periodista. Agencia Prensared. Fotos, cortesía de la organización.
www.prensared.org.ar
