En los días que transcurrieron desde el anuncio de intervención y posible expropiación de Vicentín, el término “soberanía alimentaria” fue puesto como una de las motivaciones de la decisión. En más de una ocasión diferentes miembros de “Juntos por el Cambio” han realizado afirmaciones donde demuestran un desconocimiento de toda la trayectoria política, social y científica que hay acumulada al respecto.
Por Fernando González*
En el comunicado emitido por las autoridades de la alianza opositora a pocas horas del anuncio presidencial de la intervención de Vicentín, se sostiene que la expropiación se realiza “con la excusa de la ‘soberanía alimentaria’, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas”. En tanto, en la sesión de la Cámara de Senadores del jueves 11 de junio, el senador formoseño Luis Naidenoff, insistió con esta idea.
Al referirse a diferentes expropiaciones, sostuvo que ahora se había producido una innovación para justificar la decisión. “¿Cuál es la novedad? El nuevo invento de la soberanía alimentaria. Primero, este criterio de la soberanía alimentaria, es un concepto desde la política, no es un concepto que esté reconocido ni por la OMC. Es un slogan, un latiguillo”. Así, de manera desordenada en su exposición, Naidenoff deslegitimó una trayectoria de más de 25 años de discusiones en el mundo de la agricultura.
También demostraron desconocimiento algunos medios de comunicación nacionales. Pese a que encontrar información sobre los orígenes, promotores e interlocuciones que han generado las organizaciones promotoras de esta propuesta para el campo, la mayoría de las veces ello se omite y se desinforma deliberadamente. Es lo que ha realizado recientemente la “tribuna de doctrina” de la clase dominante argentina que, en un artículo reciente, sostiene que “el gobierno cubano exportó luego la agroecología con un valor ideológico agregado que incluyó, entre otras cosas, la meneada ‘soberanía alimentaria’”.
Similar fue la posición de “el gran diario argentino” que a través de Héctor Huergo afirma que “quien más apeló al discurso de la soberanía alimentaria fue el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez”. Si bien esto no tendría nada de malo, dista de ser cierto y no dice nada de quienes realizaron “el invento”.
El invento
Como toda creación, tiene sus antecedentes, sus creadores y sus posteriores mejoras. El creador de este concepto, que por supuesto proviene de la política (como libertad, igualdad, fraternidad, y tantos otros), no es un filósofo que a través de sesudas reflexiones llega a esa idea. Es un movimiento campesino global, que habla múltiples idiomas, tiene múltiples experiencias productivas, organizaciones y formas de intervención política, cada una de ellas acorde a las realidades de los territorios en los que se inserta. Es la Via Campesina. Este movimiento no fue fundado en Cuba, ni en la Rusia bolchevique, sino en la ciudad de Mons, Bélgica en el año 1993.
Tres años después de su lanzamiento como movimiento campesino internacional (con 55 organizaciones de 36 países), en la ciudad de Roma y junto con otras organizaciones aliadas reclaman que “el derecho internacional debe garantizar el derecho a la alimentación, asegurando que la soberanía alimentaria tiene prioridad sobre las políticas macro-económicas y la liberalización del comercio”. Plantean así que los alimentos no deben ser considerados como una mercancía y es por ello que una de sus consignas más importantes es: “¡Fuera la OMC de la alimentación y la agricultura!”.
Es ahí donde la dirección de Juntos por el Cambio demuestra su ignorancia al respecto. Mal podría rechazar (o aceptar) un concepto justamente uno de los dos organismos a los que impugnan quienes promovieron la agenda de la soberanía alimentaria a nivel mundial. La OMC rechaza el concepto de la misma manera que gobiernos como el de Trump proponen ilegalizar al antifascismo. Nadie va a reconocer como oponente legítimo a quien lo combate.
En cambio, con FAO hay una interlocución por parte de quienes promueven la soberanía alimentaria. Vía Campesina y sus organizaciones aliadas, desde un principio buscaron interpelar la idea rectora de las discusiones sobre el hambre en el mundo: la “seguridad alimentaria”.
Durante la 1° Cumbre Mundial por el Derecho a la Alimentación (1974), en pleno auge del pensamiento neomalthusiano, se construye el concepto de “seguridad alimentaria” como la necesidad de “que haya en todo tiempo existencias mundiales suficientes de alimentos”. Pese a que a los cultores de la agricultura libre de ideologías no lo hayan visualizado, esa concepción nació aliada al proyecto de la revolución verde (que buscaba diferenciarse de la revolución roja de la URSS y la blanca del Shá de Iran, como definió William Gaud, ex-director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
Sin embargo, este concepto va mutando desde este primer enfoque neomalthusiano hacia uno basado en el acceso y los derechos, acorde a las investigaciones sobre hambrunas realizadas por el economista indio Amartya Sen. De esa manera llegamos a que, en 1996, la FAO sostenga que hay seguridad alimentaria cuando existe “en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias”.
Pero estas definiciones también son políticas y están imbuidas en la ideología del neoliberalismo. Bajo las políticas que solamente se enunciaban bajo la idea de “seguridad alimentaria”, se insta a que los países “respeten y cumplan la totalidad de los compromisos de la Ronda Uruguay”, absteniéndose “de aplicar medidas unilaterales que no estén en consonancia con las obligaciones de la OMC” (Plan de Acción de FAO, 1996). Es decir, los países deben proteger más al comercio que a sus productores.
En cambio, para los sectores que no tengan “acceso físico y económico” a los alimentos en el mercado, aparecen los programas de transferencia de recursos. Esos programas en muchas ocasiones fueron parte de mecanismos de “dumping”, por los que grandes empresas inundaban los mercados nacionales con “alimentos baratos”, que destruían los tejidos agrarios, dejando en la ruina a los productores locales (algo que en Argentina hemos conocido durante los años 90).
Pero “el cuento de la soberanía alimentaria” no es tan lineal como lo querrían quienes comenzaron a denostarla. Su final, con la FAO, no es de antagonismo, sino de complementariedad. De la misma manera que Via Campesina sostiene que “sin soberanía alimentaria no hay seguridad alimentaria”, FAO dice que “el concepto de soberanía alimentaria no es antagónico ni alternativo al concepto de seguridad alimentaria”. Por lo tanto, nuevamente la conducción de la alianza opositora demuestra su ignorancia.
¿En qué sentido la intervención y expropiación de Vicentín puede ser un paso hacia la soberanía alimentaria?
Sin dudas vamos a escuchar diferentes versiones de qué es y qué no es soberanía alimentaria. Desde posiciones que la confunden con la autosuficiencia a nivel familiar/comunitario, a posiciones estatalistas que la emparentan con la “soberanía estatal”. Pero partiendo de la propuesta de Vía Campesina, que la define como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”, contar con una empresa en la que trabajadores, productores agropecuarios y consumidores puedan incidir en que se produce en nuestro país, es indudablemente un paso en ese sentido.
Una empresa de alimentos que cuente con la participación de esos sectores (y no sólo de los que buscan maximizar ganancias) puede promover que en un país como el nuestro no se produzca solamente lo que el mercado mundial decida, sino (aunque sea en parte) lo que la población precisa. Esa empresa puede encargarle a los productores, garantizando la compra, lo que los consumidores demanden.
También puede hacerlo con el propio Estado, bajando así el gasto que el estado tiene con sus proveedores en hospitales, cárceles, escuelas y demás instituciones que demandan alimentos. Esto ni siquiera es una brutal intervención sobre el mercado de granos (como afirman desde Juntos por el Cambio), ya que esta empresa representa sólo aproximadamente el 10% de dicho mercado.
“Son cosas chiquitas”, diría Eduardo Galeano. Pero aún así les molesta a los defensores del liberalismo agrario. No les molesta tampoco que sea esto un invento o un cuentito. El problema, como continúa diciendo Galeano, es que intervenir y expropiar Vicentin “es al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito. Es la única manera de probar que la realidad es transformable”.
* Sociólogo y Doctor en Geografía. Investigador Asistente del CONICET. “Programa de Estudios Regionales y Territoriales”, Instituto de Geografía de la UBA. Miembro del Colectivo “Crisis socioambiental” del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Integrante de la Rama Rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Fuente: notaperiodismopopular.com.ar| Sección Batalla de ideas.
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