El autor analiza en detalle la política negacionista de este gobierno respecto al cambio climático y la pérdida de bienes comunes esenciales como el agua, el suelo y el aire. Lejos de garantizar derechos impone una narrativa que avanza en explotar y extraer todo lo que sea posible. Mientras las comunidades resisten, la pelea “no es solo técnica o económica: es política, cultural y civilizatoria”.
Por Matías Cena Trebucq*
Argentina no está exenta de vivir y de experimentar las diferentes facetas y dimensiones de la crisis socio-ecológica global. El deterioro ambiental, económico y social no solo convive con la expansión acelerada del extractivismo: es una consecuencia directa de él, profundizando las vulneraciones de Derechos Humanos y Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales. Lo que atravesamos no es únicamente la manifestación local de la crisis climática, sino una crisis estructural más profunda, que se expresa en territorios convertidos en zonas de sacrificio, en la pérdida de bienes comunes esenciales como el agua, el suelo y el aire, y en un Estado que, lejos de garantizar derechos, termina siendo responsable de su vulneración.
La llegada al poder de La Libertad Avanza trajo consigo algo más que un cambio de signo político, consolidó un discurso negacionista del cambio climático que se tradujo en hechos concretos: el desfinanciamiento de las políticas ambientales, la retirada de la delegación argentina de la COP 29 y el incumplimiento de la presentación de la tercer NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional, NDC por sus siglas en inglés) en cumplimiento con la adhesión al Acuerdo de París.
Desde entonces, el gobierno impulsó una serie de transformaciones estructurales destinadas a expandir la frontera hidrocarburífera con la promesa de atraer grandes inversiones y aumentar las exportaciones de combustibles fósiles. Lo hizo sin siquiera recurrir al eufemismo del “gas como combustible puente”. La narrativa oficial prescinde de cualquier intento por conciliar extractivismo y el cuidado del ambiente, el objetivo es claro: explotar y extraer todo lo que sea posible de ser exportado.
El peso del endeudamiento externo —acentuado por el préstamo con el FMI durante el gobierno de Cambiemos, reforzado con uno nuevo en 2025 y con el swap acordado con EEUU— vuelve a presionar a la estructura productiva argentina hacia los sectores generadores de divisas [1]. En 2024, siguiendo los datos del INDEC, el agronegocio, la minería y los hidrocarburos aportaron cerca del 80 % de los dólares que ingresaron al país. En ese marco, la Ley Bases modificó la Ley de Hidrocarburos: reemplazó el objetivo de autoabastecimiento interno por la maximización de la renta, liberalizó precios, flexibilizó controles estatales y abrió de par en par las puertas a la exportación, dejando en evidencia la percepción de la energía como una mercancía más y no como un derecho[2].
Como si eso no bastara, el gobierno creó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), un sistema de protección de derechos adquiridos para corporaciones que promete estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por tres décadas. Los sectores habilitados —agroindustria, minería, petróleo y gas, energía, forestal, infraestructura y tecnología— se caracterizan por generar graves consecuencias socioambientales y ser foco de conflictos a lo largo y ancho del país [3].
Los proyectos que se sumen al RIGI tendrán prioridad en el uso de insumos estratégicos, incluso por encima de la población. En el caso del sector hidrocarburífero, esto implica acceso privilegiado al agua y a la energía: bienes comunes esenciales que, en contextos de crisis hídrica y energética, se traducen en derechos vulnerados. Además, la normativa impide frenar obras de infraestructura asociadas, aunque se localicen en zonas protegidas, violando el principio de no regresión y debilitando la aplicación de normas ambientales vigentes como el Acuerdo de Escazú [4].
Una vez más, la promesa de la apertura comercial y la expansión de sectores primario-extractivos se presentan como “la solución” a los problemas económicos del país. Pero detrás del espejismo de las inversiones, se esconde una ecuación que fuga más divisas de las que genera y profundiza el deterioro social y ecológico. En términos estrictamente económicos —incluso bajo criterios ortodoxos— el modelo es un pésimo negocio.
Siguiendo el trabajo publicado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE)[5], dentro del sector energético —tanto empresas nacionales como multinacionales— consolidaron un mecanismo sistemático para evadir impuestos y maximizar ganancias mediante la creación de empresas “cáscara” en jurisdicciones con menor tributación. Según el MATE, “las grandes empresas organizan sus operaciones para minimizar el pago de impuestos a través de la utilización de mecanismos contables que les permiten trasladar administrativamente el excedente conseguido en el territorio donde realizan la actividad económica hacia otro con cargas tributarias más bajas”.
Dentro de estos mecanismos destacan:
- Compra y venta de bienes y servicios intrafirma: este esquema ocurre de dos formas, por un lado se venden bienes a sí mismas a precios menores que los de mercado para luego registrar las ventas a precios de mercado en jurisdicciones que pagan menos impuestos. Por otro lado, se venden servicios con sobre precios desde jurisdicciones con baja tributación hacia jurisdicciones donde la actividad real se lleva a cabo. En ambos casos, el objetivo es el mismo: desviar beneficios y reducir el pago de impuestos.
- Endeudamiento intrafirma: las firmas se endeudan entre sí a altas tasas de interés, girando así parte de las ganancias generadas en concepto de costo financiero por pago de deuda.
Paradójicamente, mientras el Estado promueve la expansión del sector hidrocarburífero con el argumento de que generará divisas, estas prácticas terminan provocando una caída de la recaudación y una fuga de capitales que agravan la inestabilidad macroeconómica.
Siguiendo el informe publicado por MATE, entre 2016 y 2022 se registró una caída relativa del peso del impuesto a las ganancias con respecto a las ventas del sector energético, pasando de representar un 3% a apenas un 1,58% de las ventas. Si se hace foco en la extracción de petróleo la caída es aún mayor, pasando de un 4,1% a un 1,1% en el mismo periodo. Este retroceso se traduce en una distribución cada vez más desigual y regresiva. Tras un análisis de los balances de 23 empresas del sector energético encontraron que el reparto del valor agregado que generan se distribuyó de la siguiente manera para el año 2018: un 6% del valor correspondía al pago de salarios, un 21% a la recaudación estatal y un 73% a la retribución del capital. Para 2023, los trabajadores habían perdido peso en la participación del valor agregado del sector pasando a un 5% mientras que la recaudación estatal pasó a representar un 13%, lo que llevó a que las empresas absorban el 82% restante, aumentando su participación en un 8% a medida que los salarios y la recaudación perdieron participación.
A lo anterior se suman los subsidios directos que reciben las empresas hidrocarburíferas que en 2024 alcanzaron casi $400.000 millones. En conjunto, estos datos muestran que el sector energético opera como un oligopolio, concentrando las ganancias en un puñado de empresas mientras el Estado y los trabajadores pierden participación de la riqueza generada. En nombre de la generación de divisas, se consolida un modelo de acumulación regresivo, que fuga las ganancias, degrada los territorios y vulnera derechos humanos, un modelo que más que generar riqueza, la concentra, profundizando la desigualdad y dependencia.
Acumulación por desposesión, deuda ecológica y expansión fósil en Argentina
La expansión de la frontera hidrocarburífera en Argentina no puede reducirse a una estrategia macroeconómica orientada a la generación de dólares. Esa mirada economicista, omite el modo en que dicha expansión se materializa e invisibiliza los impactos sociales y ecológicos que implica. En realidad, lo que está en juego es una dinámica más profunda: lo que David Harvey definió como acumulación por desposesión[6], un proceso en el cual, frente a las crisis de rentabilidad inherentes a la acumulación de capital, este último busca nuevos espacios —territoriales, ambientales y sociales— donde volver a reproducirse y sostener su tasa de ganancia.
En el caso de la expansión de la frontera hidrocarburífera argentina, esa lógica se expresa en la apropiación y degradación de bienes comunes como la tierra, el aire y el agua. La expansión fósil avanza sobre territorios ancestrales que sostienen otras formas de vida, de producción y de relación con el ambiente, desplazando comunidades, degradando ecosistemas y generando daños ambientales que permanecen invisibles en los balances contables.
En regiones como Vaca Muerta, estos impactos son múltiples: contaminación del agua con cócteles químicos utilizados en la técnica del fracking, acumulación de residuos petroleros sin tratamiento que se depositan al aire libre o se reinyectan en pozos sumideros, aumento de la actividad sísmica inducida por las etapas de fractura, incremento de enfermedades respiratorias y pérdida de autonomía territorial de las comunidades que allí habitan. Detrás de cada planta petrolera y gasífera, de cada pozo y cada ducto, se reproduce el mismo patrón: el territorio se convierte en una zona de sacrificio destinado a la acumulación de capital que lejos está de redistribuirse, profundizando las desigualdades socioeconómicas y socioambientales.
La acumulación por desposesión se traduce, así, en una transferencia estructural de riqueza obtenida a través de la explotación de petróleo y gas, y en la subordinación cultural, política y social de las comunidades a favor de un grupo concentrado de empresas exportadoras respaldadas tanto por los Estados nacional, provinciales y municipales. Así es como se privatizan las rentas mientras se socializan los impactos, consolidando un modelo de desarrollo extractivo que posterga la transición energética, profundiza la dependencia de fuentes fósiles, expone al país a los vaivenes de los precios internacionales al mismo tiempo que debilita y vulnera derechos sociales y ambientales.
A lo anterior se suma lo que denominamos deuda ecológica, un concepto estrechamente ligado a la deuda financiera externa y que comparte con ella una misma raíz: los procesos de acumulación por desposesión. La deuda ecológica no es una abstracción teórica, es la manifestación concreta de los impactos sociales y ambientales que dejan los modelos productivos orientados al comercio internacional y a la acumulación de capital. En el caso argentino, los principales sectores exportadores —el agronegocio, la minería y los hidrocarburos— en complicidad con los países que importan nuestros commodities son los mayores generadores de esta deuda: extraen recursos naturales, degradan ecosistemas y vulneran derechos humanos en nombre de la obtención de divisas y el crecimiento económico.
Como Argentina no puede emitir dólares, su capacidad de generar moneda extranjera depende de la expansión de las exportaciones. Cuando la deuda financiera aumenta, la presión por ampliar la frontera extractiva se intensifica, consolidando un modelo que promete estabilidad macroeconómica y crecimiento a costa de profundizar la crisis socioambiental. Esta lógica se traduce en una dependencia estructural: se endeuda el país con acreedores externos mientras se endeuda con sus propios territorios y comunidades, hipotecando agua, suelo, aire y salud para sostener los pagos de una deuda que nunca termina y un crecimiento económico y estabilidad que nunca llegan.
La deuda ecológica es, en definitiva, la contracara invisible de la deuda financiera: una transferencia constante de riqueza natural y social hacia el exterior. Y como toda deuda que no se reconoce, crece con cada ciclo de extracción y con cada nuevo endeudamiento. Sus intereses se pagan algunas veces en silencio, en forma de ecosistemas degradados y otras veces con lágrimas y sangre, con comunidades organizadas resistiendo el avance extractivo respaldado por las fuerzas armadas que en vez de garantizar el cumplimiento de sus derechos, garantizan la acumulación de capital al tiempo que violentan y reprimen a quienes defienden sus formas de vida y sus derechos.
El Golfo San Matías: historia, riesgos y resistencias
El Golfo San Matías forma parte de una eco región compartida con la Península Valdés que es reconocida por su biodiversidad y como patrimonio de la humanidad por UNESCO desde 1999. Alberga especies como el delfín nariz de botella, el pingüino de Magallanes, el caballito de mar patagónico, una parte de la única agrupación reproductiva del elefante marino del sur en toda la Patagonia argentina y la ballena franca austral, considerada Monumento Natural desde 1984 luego de que las matanzas ocurridas durante el siglo anterior redujeran su población de 100mil a 7mil ejemplares.
Dentro del Golfo San Matías se encuentran el Área Natural Protegida Bahía San Antonio, la Reserva de uso múltiple Caleta de los Loros, la Reserva Faunística Provincial Punta Bermeja, el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida Puerto Lobos y colinda con el Área Natural Protegida Península Valdés.
Todo lo anterior está en riesgo y se ve amenazado por la expansión de la frontera fósil, favorecida por los cambios estructurales en el marco legal y con la puesta en marcha del RIGI. El caso del Golfo San Matías ilustra con crudeza el modo de operar de este tipo de proyectos [7].
Para entenderlo mejor es necesario retroceder al verano de 1994, en pleno auge neoliberal del menemismo, cuando YPF anunció un proyecto que apuntaba a construir un puerto petrolero sobre sus costas con el fin de exportar crudo. La reacción social fue inmediata: comunidades costeras, pescadores y organizaciones locales se organizaron y lograron, en 1999, una victoria histórica con la sanción de la Ley 3308, que prohibió la prospección, exploración y explotación hidrocarburífera, así como la construcción de oleoductos, gasoductos y puertos petroleros en toda la zona.
Veintitrés años después, como si fuera un déjà vu, la historia se repite. En septiembre de 2022, con el impulso de YPF y mediante un tratamiento exprés, la Ley 5594 modificó la Ley 3308, habilitando el transporte, almacenamiento e instalación de infraestructura fósil. El proceso que le siguió estuvo acompañado de una gran opacidad que atenta contra los derechos de la ciudadanía: se realizaron audiencias públicas en lugares alejados de las comunidades afectadas y sin acceso a transporte público, se restringió la participación a habitantes de Río Negro —excluyendo a las demás provincias y en particular a comunidades de Chubut que también podrían verse directamente afectadas— y se impidió un análisis serio por falta de tiempo del estudio de impacto ambiental, de más de 4.200 páginas. Con ello, se violaron tanto el principio de no regresión como el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación y el acceso a la información ambiental.
La flexibilización normativa preparó el terreno para la llegada de dos de los tres primeros proyectos aprobados bajo el RIGI, con una inversión estimada de 9.000 millones de dólares, equivalente al 53 % de los 16.860 millones de dólares comprometidos entre los 16 proyectos aprobados en el primer año de puesta en marcha del RIGI.
Es importante destacar que desde el avance de la frontera hidrocarburífera hacia la explotación no convencional, el principal cuello de botella del sector ha sido la falta de infraestructura, en particular la destinada al transporte y despacho de hidrocarburos. De allí que los dos proyectos hidrocarburíferos que se analizarán a continuación tienen como objetivo la expansión de la capacidad de despacho con fines de exportación, orientando una vez más al sector energético hacia al mercado externo antes que al abastecimiento interno.
El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), liderado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell prevé la construcción de un oleoducto que conecte Añelo —en el corazón de la formación de Vaca Muerta— con Punta Colorada, en Río Negro, donde se pretende levantar un puerto petrolero de aguas profundas con dos monoboyas para exportación del crudo en el Golfo San Matías. El riesgo de derrames dentro del Golfo es altísimo y amenaza su biodiversidad, las economías locales y los modos de vida costeros. Lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio y estilos de vida.
El VMOS está subdividido en tres etapas: la primera que busca conectar Añelo con una estación de bombeo en Allen, la segunda conectar Allen con Punta Colorada para finalmente llegar a la tercera etapa que es la construcción del puerto con las dos monoboyas. El armado del proyecto en tres etapas, permitió que se apruebe la Etapa I sin que se hubiera aprobado la Etapa III, es decir sin considerar los impactos ambientales de manera integral, contradiciendo el principio de Evaluación Ambiental Estratégica.
El proyecto VMOS prevé incrementar la capacidad de exportación en 550.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliarse a 700.000. Si se considera que durante 2024 la extracción promedio de petróleo en Argentina fue de 717.000 barriles diarios, el objetivo equivale prácticamente a duplicar la producción actual. Hasta que esa expansión se concrete, la exportación de crudo entrará en tensión directa con el abastecimiento interno, priorizando el mercado externo por sobre las necesidades energéticas nacionales.
Por su lado, el proyecto Southern Energy está integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Esta iniciativa consiste en instalación de dos buques de licuefacción de gas natural, el Hilli Episeyo que comenzaría a operar en 2027 con gas obtenido de la Cuenca Austral y el MKII que entraría en operación en 2028 y vendría acompañado de la construcción de un gasoducto de casi 600 km que al igual que el VMOS, busca conectar Vaca Muerta con la costa atlántica. En conjunto, apuntan a exportar 15 millones de toneladas de GNL que equivalen a más del 60% del consumo interno anual de gas y a entre un 15% y 20% de la extracción total de gas nacional anual. Es de esperarse que aumente la tensión entre aquello que se destina al abastecimiento interno y a la exportación, quedando nuevamente en evidencia los efectos de entender a la energía como mercancía y no como un derecho.
La aprobación de Southern Energy tampoco contó con una evaluación ambiental estratégica y no consideró los impactos acumulativos con otras actividades, como es la construcción y puesta en marcha del puerto petrolero. El proceso de licuefacción de gas natural licuado necesita de agua para enfriar los procesos, la cuál será extraída del mar y luego se retornará con niveles de salinización y temperaturas más altas, lo que impactará ineludiblemente en la biodiversidad marina, la pesca y el turismo.
Los datos de 2024 publicados por la Secretaría de Energía [8] muestran con claridad la magnitud del impacto por venir. La producción no convencional de petróleo y gas —obtenida mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking— implicó 322 pozos y 13.891 etapas de fractura, que demandaron aproximadamente 50.880 millones de litros de agua y más de 1.320.559.708 millones de toneladas de arena. Esta última, de origen nacional, amplía el alcance territorial de los impactos socioambientales, extendiéndolos desde Neuquén hasta provincias proveedoras como Río Negro y Santa Fe. Si se considera el declino de la producción convencional en los últimos años y el aumento de la producción no convencional, es de esperarse que la producción que abastezca al VMOS y a Southern Energy sea en mayor medida con petróleo y gas no convencional, lo que implicaría elevar de manera exponencial la cantidad de pozos y fracturas para su extracción y con ello, la voracidad en el uso del agua, químicos y arenas que utiliza el fracking.
A la presión sobre el agua y los ecosistemas se suma la sismicidad inducida. El INPRES registró 79 sismos en Neuquén solo en 2024, y más de 400 desde 2013, año en que se firmó el acuerdo YPF-Chevron para el desarrollo de Vaca Muerta. Antes de esa fecha, no se habían reportado sismos en la región. Investigaciones [9] del Observatorio de Sismicidad Inducida establecen una relación directa entre el fracking y el aumento de la actividad sísmica, advirtiendo que esta expansión extractiva no solo pone en riesgo los ecosistemas, sino también la seguridad y el bienestar de las poblaciones que habitan los territorios afectados.
Si hay algo bueno que se puede destacar de esta nueva avanzada del extractivismo sobre los cuerpos y territorios, tiene que ver con la articulación de diversas resistencias territoriales, que en el caso del Golfo San Matías nuclean a comunidades costeras, organizaciones socioambientales, académicas y técnicas que tienen por objetivo fortalecer la autonomía comunitaria, consolidar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los territorios afectados, frenar el avance de la infraestructura fósil a través de la restitución de la vieja Ley 3308 que imposibilitaba cualquier tipo de actividad hidrocarburífera en el Golfo San Matías, ejercer presión sobre actores legales, gubernamentales y financieros para evitar la puesta en marcha de los proyectos y proponer modelos de desarrollo alternativos que prioricen la conservación del ecosistema, el turismo de naturaleza, la pesca artesanal y la generación distribuida de energías renovables.
La defensa del Golfo San Matías refleja que aún en contextos adversos, las comunidades construyen alternativas y hacen valer sus derechos. Es una muestra de que la participación ciudadana y la organización colectiva no solo resisten, sino que también proponen un horizonte distinto, uno donde el desarrollo y el crecimiento no se mida por la cantidad de barriles exportados y dólares generados, sino por la capacidad de preservar la vida, de garantizar un ambiente sano y de sostener la dignidad de quienes habitan y aman su territorio.
Mari Menuco: el agua en disputa
El lago Mari Menuco se encuentra ubicado junto al lago Los Barreales en la provincia de Neuquén y en su conjunto se abastecen del río Neuquén. Ambos cuerpos de agua aseguran el abastecimiento de agua para más de 600 mil personas, para el aprovechamiento económico, turístico y la generación de energía eléctrica a través del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados.
A través del Decreto Provincial 276/25, el gobierno de Neuquén autorizó la instalación por parte de YPF de más de 500 pozos no convencionales en las inmediaciones de los lagos Mari Menuco y Los Barreales, dentro del territorio de la comunidad mapuche Kaxipayiñ [10]. La medida, fue adoptada sin consulta previa, libre e informada y constituye una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al mismo tiempo que carece de estudios de impactos ambientales poniendo en grave riesgo una de las principales fuentes de agua dulce de la región [11].
El 22 de octubre pasado, se registró una explosión seguida de una gran fuga de hidrocarburos en un pozo operado por Pan American Energy (PAE) —empresa que forma parte de los proyectos de infraestructura fósil amparados bajo el RIGI analizados en el caso del Golfo San Matías— a tan solo 930 metros de la costa del lago Mari Menuco y a 6.500 metros de la bocatoma de agua que abastece al mayor conglomerado urbano de la Patagonia. Según imágenes satelitales, el derrame afectó al menos 50.000 metros cuadrados de superficie, evidenciando los riesgos que implica la expansión no convencional sobre áreas críticas para la seguridad hídrica y la vida de las comunidades [12].
Es importante destacar que los incidentes ambientales en la industria hidrocarburífera no son algo excepcional, sino que son la regla. Entre 2015 y 2022 se registraron 9242 incidentes ambientales, lo que da un promedio de 5,6 incidentes por día, si la explotación hidrocarburífera aumenta, es lógico que la cantidad de incidentes también lo haga[13].
Las comunidades Mapuche vienen denunciando desde hace tiempo el deterioro en las condiciones de salud que viven por estar localizadas cerca de plantas, ductos, venteos y pozos de extracción. Las emisiones fugitivas de metano y otros gases, los venteos, el polvo en suspensión por la cantidad de tráfico y perforaciones deterioran el aire que se respira lo que lleva a que las infancias tengan problemas respiratorios leves y en muchos casos graves como el EPOC y neumonía. De hecho, Lefxaru Nawel, portavoz de la Confederación Mapuche de Neuquén cuenta que una de las pocas veces que la Justicia investigó sobre la contaminación hidrocarburífera “… se evidenció la contaminación petrolera en la zona urbana, periurbana y rural en el departamento de Añelo, donde, entre otras cosas, surgió que el agua de los lagos Los Barreales y Mari Menuco estaba contaminada. En ese estudio hablan sobre el efecto acumulativo y claramente determinan que respirar aire contaminado es peor que ingerir alimentos o agua contaminados, porque el impacto es muchísimo más fuerte en la población. El efecto acumulativo va dañando las funciones vitales: el sistema nervioso, el respiratorio, el endocrino, el inmunológico, los pulmones, los riñones. Cuando una persona se enferma, el diagnóstico médico no dice que está así por vivir en una zona petrolera y respirar aire contaminado, sino que tiene insuficiencia respiratoria o renal o tiene cáncer.”[14].
Nuevamente, las resistencias territoriales buscan frenar el avance indiscriminado del sector hidrocarburífero articulando entre comunidades indígenas, sociedad civil, organizaciones sociales y académicas a través de la campaña “Salvemos el Mari Menuco” demostrando que la conciencia social y ambiental frente al extractivismo está creciendo, y que existe una gran voluntad colectiva de frenar estos proyectos que transforman territorios enteros en zonas de sacrificio. Frente a este escenario, la defensa del Mari Menuco se vuelve también la defensa del agua como bien común y del derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios.
Entre la dependencia extractiva y los futuros posibles
En la Argentina de hoy, es urgente comprender que la expansión hidrocarburífera no es solo una política energética: es el reflejo de un modelo que privilegia la extracción antes que la vida. La falta de dólares y el endeudamiento externo vuelven a ordenar las prioridades del Estado, los cambios en la Ley de Hidrocarburos y el RIGI garantizan la rentabilidad de las empresas a costa de derechos colectivos mientras que la promesa exportadora se impone como un relato sin fundamento: no redistribuye riqueza, no garantiza soberanía ni mejora la vida de quienes habitan los territorios que se convierten en zonas de sacrificio en nombre del crecimiento y el desarrollo.
Los casos del Golfo San Matías y el Lago Mari Menuco son dos ejemplos concretos de ese modelo, territorios que buscan ser convertidos en zonas de sacrificio donde se violan derechos humanos, se pone en riesgo el agua y se profundiza un modelo fósil que agrava las crisis climática, ecológica y social. Son casos que demuestran que la supuesta “necesidad de generar dólares” es, en los hechos, una plataforma para profundizar la dependencia extractiva y consolidar la concentración económica.
Aun así, en cada territorio que se defiende hay respuestas posibles, alternativas en construcción. Como dice Lefxaru Nawel, “Los planes de vida de cada una de las comunidades son nuestra principal forma de resistencia y de proyección. Pero sabemos que con un territorio contaminado, con el agua y el aire contaminados, no se puede proyectar una vida feliz ni sana” [15]. Las comunidades que se organizan, las asambleas que resisten y las denuncias que se multiplican, son la prueba de que la disputa no es solo técnica o económica: es política, cultural y civilizatoria. Nos enfrentamos a un modelo que destruye para acumular y, al mismo tiempo, confirma que la solución a la desigualdad no va a surgir desde arriba, sino desde abajo, desde quienes entienden que no hay deuda externa que valga más que el agua ni dólar que justifique la violación de derechos humanos.
O seguimos hipotecando territorios para sostener una economía que ajusta, despoja y contamina, o construimos proyectos que partan de lo más básico y urgente: el cuidado del ambiente, el respeto a los derechos humanos y la defensa de la autonomía de los pueblos. No se trata solo de lo que extraemos, sino de lo que dejamos: tierras erosionadas o territorios dignos, comunidades desplazadas o derechos vigentes, zonas de sacrificio o futuros habitables.
Referencias
[1] Sectores que si bien generan una gran entrada de divisas, han generado mecanismos para, en muchos casos, fugar más de las que entran. Para más info ver: El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios. Tres análisis sectoriales para entender la Argentina actual
[2] Para más info ver: La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental
[3] Para más info ver: La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental
[4] Para más info ver: Las dos caras del RIGI: fomento para las grandes inversiones y desprotección del ambiente
[5] Para más info ver El poder económico y la frágil economía de los bajos salarios. Tres análisis sectoriales para entender la Argentina actual
[6] El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión
[8] Para más información ver: Secretaría de Energía
[9] Para más información ver:
- Sismicidad a simple Vista: el fracking en Bajada del Palo Oeste y otras zonas de operación de Vista Oil & Gas (Vaca Muerta)
- Chevron, fracking y terremotos: el consenso oculto de la sismicidad inducida en Vaca Muerta
[10] Para más información ver: Mari Menuco: la Confederación Mapuche aplica medidas de protección y control territorial en el ingreso a Loma La Lata
[11] Para más información ver: Fuga de petróleo en el lago Mari Menuco: nuevo desastre en Neuquén
[12] Para más información ver: El derrame en el lago Mari Menuco afectó 50 mil metros cuadrados
[13] Para más información ver: Vaca Muerta: 5,6 incidentes ambientales por día
[14] Para leer la entrevista completa ver: Pulso Ambiental Nº25. Metano en todas partes, todo el tiempo
[15] Para leer la entrevista completa ver: Pulso Ambiental Nº25. Metano en todas partes, todo el tiempo
* Economista ecológico, docente en la UNC, investiga en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), cordobés. Este artículo forma parte del dossier: “No hay planeta B. Desafíos y alternativas frente al saqueo extractivista y al cambio climático”. Fuente: Huellas del Sur, comunicación en movimiento https://huelladelsur.ar/Imagen ilustrativa web.
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