El ajuste del gobierno no puede ser planteado como el único camino posible

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) sostiene que  las medidas anunciadas implican la violación de derechos sociales y económicos de amplios sectores de la población. Situación que traerá un mayor empobrecimiento y una crisis social de difícil recuperación. Además, no será la llamada “casta”la que pagará los platos rotos. Texto.

Por Redacción*

Mientras estaba en campaña, Javier Milei dijo que el ajuste lo iban a pagar los sectores privilegiados a los que llama “casta”. Sin embargo, las primeras medidas para reducir el déficit fiscal generarán en conjunto un shock inflacionario que beneficiará a los sectores más concentrados de la economía y dan de lleno contra quienes dependen de su trabajo para vivir. No se trata de un reparto justo del “sacrificio y el sufrimiento” asociado al ajuste.

La devaluación brutal deteriora la vida de quienes dependen de sus ingresos en pesos y va a incrementar el número de personas pobres. Por otro lado, el aumento de impuestos a exportaciones e importaciones se trasladará a precios, especialmente al de los alimentos.

La quita de los subsidios supondrá una suba en el costo de los servicios básicos: viajar al trabajo, acceder al agua o tener electricidad en pleno verano será más caro. A pesar de estos aumentos seguros, no existen medidas de acompañamiento de los ingresos para amortizar el impacto. El gobierno sólo anunció una contención a través de la AUH y la Tarjeta Alimentar, que alcanza a menos de la mitad de quienes están debajo de la línea de pobreza.

Al mismo tiempo definió un congelamiento nominal de otros planes sociales. De modo acelerado, esto implicará una destrucción brutal del poder adquisitivo de les trabajadores formales e informales, de la economía popular, así como de las personas jubiladas y pensionadas.

En simultáneo, los sectores ricos y concentrados de la economía tendrán asegurados ingresos superlativos, ya que las medidas benefician directamente a quienes tienen ingresos en dólares, como el sector exportador y quienes tienen inversiones financieras con renta en dólares.

¿Qué va a pasar con quienes ya hoy no llegan a fin de mes? ¿Qué va a pasar con quienes ya destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler? ¿Qué va a pasar con las personas adultas mayores que subsisten con jubilaciones y pensiones ya insuficientes?  Las medidas profundizarán las desigualdades sociales y la distancia entre los sectores de mayores y menores ingresos.

Las medidas también impactarán en un aumento significativo de la desocupación.

La flexibilización del ingreso de productos del exterior perjudica directamente a las pymes, que dan empleo a más de la mitad de las trabajadoras y los trabajadores registrados de todo el país. La angustia económica de no llegar a fin de mes tiene efectos disciplinantes en la sociedad. El freno de la obra pública, anunciado por el gobierno, también supondrá la destrucción de puestos de trabajo.

Por otro lado, dejar la obra pública exclusivamente en manos de los privados, como se anunció, significa subsumirla a criterios de rentabilidad. Pero la obra pública es importante para mejorar la vida en común.

Nadie dudaría de que la construcción de escuelas, de jardines de infantes, de centros de salud, de rutas y de puentes son indispensables, a pesar de no ser inversiones que luego derivan en ganancias. Esta decisión también impactará sobre los sectores de menos ingresos, que son quienes más dependen de los servicios públicos.

El Estado parece encaminarse, además, a recortar sus funciones fundamentales de acceso a derechos, a través de la quita de servicios que atienden las necesidades sociales.

La gran mayoría de quienes trabajan en el sector público cumplen tareas indispensables para que funcionemos como sociedad: la gestión de documentación, la atención médica, la enseñanza universitaria, el desarrollo tecnológico, la preservación del patrimonio, entre cientos de funciones.

Son estos roles a los que se debería dar prioridad, sostenibilidad, y asegurar su alcance territorial, de manera tal de asegurar condiciones equitativas de acceso en todo el país.

Las políticas anunciadas profundizarán la ya menguada capacidad del Estado de dar respuestas a las demandas legítimas de las mayorías y dejarán en situación de mayor indefensión y desamparo a quienes son diariamente expulsados por el mercado.

El dinero que el Estado logre ahorrar con este ajuste será destinado en gran parte al pago de los vencimientos de deuda con el FMI, que festejó inmediatamente las medidas. Así, el gobierno decide pagar la deuda a costa de los derechos de las mayorías.

El gobierno plantea este ajuste brutal como única alternativa. Pero hacer recaer un ajuste sobre quienes menos tienen sin siquiera tomar medidas para reducir el daño es siempre una decisión política, no un camino inevitable.

*Publicación emitida por el Cels https://www.cels.org.ar/ Foto: Adrián Escandar.

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