El 8 de marzo, comienza un juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba

Este miércoles 8 de marzo, desde las 9:30, comienza el decimotercer juicio por delitos de lesa humanidad en la Torre de  Tribunales Federales. Barreiro, Villanueva y Díaz, condenados en otras causas, deberán responder por graves delitos cometidos contra tres militantes  en 1979.

Por Katy García*

La apertura del juicio tendrá lugar  este miércoles 8 de marzo, a las 9:30, en   la Sala Mayor de Audiencias “Agustín Díaz Bialet” que se encuentra en el primer piso de Tribunales Federales y será trasmitida en vivo por el Canal de YouTube del Tribunal Oral N°2 de Córdoba (TOF2). Las audiencias siguientes se realizarán los días miércoles 15 y martes  21 y 28 de marzo, desde las 14. Se anticipa que van a testimoniar frente al Tribunal unas 11 personas.

En representación del Ministerio Público Fiscal Carlos  Gonella y Facundo Trotta acusarán en la causa que tiene como imputados a los represores exmilitares Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Enrique Villanueva y Carlos Alberto Díaz, ya condenados en varias causas. Los cargos son: privación Ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Rubén Amadeo Palazzesi, José Jaime Blas García Vieyra y Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso, tormentos agravados en perjuicio de García Vieyra y Cavigliasso y  tormentos agravados seguidos de muerte a Palazzesi.  Durante el cautiverio se pudo saber que

En relación a la causa, el auxiliar fiscal Trotta le dijo a Prensared que si bien es un juicio chico porque no se acumuló con otras causas grandes presenta características importantes.  “Es un hecho que ocurrió en 1979, cuando se produjo una caída importante de militantes de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)  en  Buenos Aires, y eso trajo consecuencias en Córdoba. Lo buscaban a (Rubén) Palazzesi porque tenía un rol protagónico  en Córdoba. Los hechos se cometen en la Quinta Guiñazú propiedad de Silvio Octavio Viotti y de su hijo de igual nombre que militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Ambos fueron secuestrados en  diciembre de 1977 en el marco del llamado “Operativo Escoba” donde cae más  gente en esa quinta. El grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141  se queda con esa casa y la usa como  centro clandestino de detención incluso  con posterioridad al cierre del campo de concentración  La Perla”, destacó. Agregó que el primer juicio cuyos hechos ocurrieron el mismo año, fue el secuestro, tortura y homicidio agravado del subcomisario Fermín Albareda militante del PRT- ERP causa que se juzgó en 2009.

Durante el cautiverio de las víctimas en la casa quinta se pudo identificar como partícipes del operativo ilegal  a Carlos Enrique Villanueva (a) Príncipe o principito, Carlos Alberto Díaz (a) HB y a Ernesto Guillermo Barreiro cuyo alias en este caso no es Nabo sino Gringo.

Los hechos

De acuerdo a la elevación a juicio, Rubén Amadeo “Pocho” Palazzesi, militante del Peronismo de Base (PB) y de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) junto a José Jaime Blas García Vieyra se movilizaban en auto por el barrio Parque Vélez Sarsfield cuando son interceptados y privados de la libertad por agentes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército  Argentino. Fue el 12 de agosto de 1979 cuando un grupo de hombres armados,  vestidos de civil, bajan de un Peugeot  blanco y  un Taunus verde,  los atan de pies y manos y arrojan a los baúles de los coches. De inmediato, los llevan hasta la casa quinta ubicada en Gran Parque Guiñazú, cerca del Liceo Militar General Paz, que utilizaban como centro clandestino de detención.

Diez días después, Níveo Teobaldo Domingo Cavigliano – delegado sindical del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), militante del PB y cuñado de Palazzesi, se encontraba en su casa de Villa Revol cuando irrumpe personal militar del Destacamento 141 no identificado y trasladado a la casa quinta mencionada anteriormente.

En ese lugar  Palazzesi, García Vieyra y Cavigliano permanecieron privados de la libertad y sometidos a torturas psíquicas y físicas para obtener información. Permanecieron en condiciones infrahumanas y soportaron todo tipo de apremios como colgarlos con las manos atadas en un muro alto y propinarles golpizas y simulacros  de fusilamientos. Jamás recibieron información sobre su situación.

 Llegan los expertos de la Esma

Tres días después –es decir el 25 de agosto de 1979- llegan los torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a interrogar a Palazzesi sobre personas y hechos ocurridos en la capital federal. Los métodos de tortura empleados terminaron con su vida. Para encubrir el hecho como era habitual inventaron una historia y la difundieron.

El comunicado mendaz afirmaba que mientras era trasladado a Buenos Aires uno de los vehículos de la custodia se averió. Entonces, el prisionero aprovecha para darse a la fuga. Es perseguido pero el auto se incendia “pereciendo carbonizado”. El cuerpo al que le faltaban las extremidades le fue entregado a sus familiares en el Hospital Militar de Campo de Mayo.

Días después, García Vieyra y  Cavigliasso fueron trasladados del CCD a la Dirección General de Inteligencia que funcionaba en Mariano Moreno esquina Caseros  donde continuaron con los interrogatorios bajo tortura y sometidos a  pésimas condiciones de vida. Con diferencia de días, fueron trasladados a la Penitenciaría de Barrio San Martín y puestos a disposición del Área 311. García Vieyra recuperó la libertad el 16 de septiembre de 1980. Mientras que su compañero permaneció hasta febrero del año siguiente tras recorrer otras cárceles.

El Tribunal Oral que actuará está conformado por Julián Falcucci (Presidente), María Noel Costa y José Fabián Asís (vocales). A cargo de la secretaría está Tristán López Villagra.

Los abogados querellantes son Claudio Orosz y Eugenio Biafore en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Los denunciantes son Silvio Octavio Viotti y otros. En tanto que los defensores  oficiales que asistirán a los acusados son  Rodrigo Altamira y Natalia Bazán.

*Periodista. Agencia Prensared. Foto archivo Infojus.

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