Víctimas de un ajuste inconstitucional acompañado de represión y un escándalo de corrupción –por ahora– impune, los colectivos de la discapacidad resisten en la calle las violencias del Gobierno nacional y la discriminación en los medios de comunicación. Contexto y proyección de un conflicto crucial para los derechos humanos.
Por Martín Passini *
En esta nota queremos trazar algunas líneas gruesas para comprender el proceso de disputas que se dio en el colectivo de personas con discapacidad frente al Gobierno de La Libertad Avanza, y plantear algunas reflexiones en relación a cómo la temática de la discapacidad ingresó a los medios de comunicación en este contexto de crisis y conflicto.
¿Cuántos serían aceptables?
“Acá no hubo una guerra, ¡cómo puede haber tantos discapacitados!”. Quien habla ostentó ser una de las caras jóvenes de los noticieros de la televisión de aire de Córdoba. Su enfoque conservador le permitió hacer carrera y hoy ocupa uno de esos roles centrales que sus antiguos colegas, hoy jubilados, fueron dejando vacante. El periodista describe un cuadro que muestra que a fines de los años ‘90 la cantidad de pensiones para personas con discapacidad rondaba los 80 mil, y en 2015 ya superaba la barrera del millón. La corrupción del kirchnerismo, cuando no, el gran culpable.
Habla de “pensiones truchas”, reitera frases hechas: “pueblos rurales donde hay más discapacitados (luego de esta palabra debería hacer la aclaración sic, sólo lo incorporaré una vez para facilitar la lectura) que habitantes”, “médicos que firmaron cientos de certificados”. Nada de lo que dice es original. Repite lo que ya han dicho otros comunicadores y analistas desde estudios de TV de Buenos Aires. Como aquellos, omite algunas precisiones necesarias: no aclara que en los años ‘90 las pensiones por discapacidad no eran una política real, que tuviera recursos necesarios (se sabía por ejemplo, que una persona debía esperar que otra beneficiaria muriera para acceder al beneficio), ni se contaba con información estadística certera sobre la población con discapacidad en Argentina.
El primer censo nacional que incorporó la pregunta por la discapacidad fue el de 2000. Y se desarrolló en el cuestionario con estándares estadísticos internacionales en el 2010. En ese censo, los datos oficiales demostraron que el número de personas con discapacidad fue de más de 5 millones, el 12,9 por ciento de la población. El porcentaje es coherente con las estimaciones históricas de los organismos internacionales. Y no se refiere a contextos de países en guerra.
Los periodistas de aquí y de allá, que repiten la denuncia sobre pensiones truchas imaginan una población con poquitas personas con discapacidad. “Entre 100 mil, 150 mil pensiones debería ser lo razonable”, sostienen. No mencionan tampoco la otra fuente estadística fuerte en nuestro país: el certificado único de discapacidad, el CUD, necesario para acceder a determinados derechos y beneficios (como pasajes gratuitos de ómnibus, pase libre en los peajes, etc.), y fundamentalmente prestaciones de salud, de apoyos, educativos, asistenciales. La emisión y registro del certificado único tiene también su historia: hasta los años 90s, cada provincia emitía sus certificados, pero gracias al trabajo de organizaciones y del Consejo Federal de Discapacidad, se logró unificar a nivel federal (por eso “único”). Hoy la cantidad de personas con CUD supera 1.900.000 según datos de marzo de este año. Ese proceso generó una fuente estadística de información muy rica para el diseño de políticas públicas, que el actual Gobierno desarticuló.
Según el censo, cinco millones de personas es la población total de argentinos y argentinas con diversidades de funcionamiento corporal, que al interactuar con las barreras cotidianamente, ven limitadas sus posibilidades de participación y ejercicio de derechos. Es decir, personas con discapacidad. De ellas, accedieron al CUD casi dos millones. Es decir con una evaluación médica y social (que identifica barreras) intensa. Números muy por encima de las personas que reciben pensiones. Pero el periodista en cuestión insiste: sería razonable no más de 150 mil, como otros países vecinos, que no desarrollaron una política de acceso real a este derecho.
Pero no es solo sobre cantidades. Es cualitativo, es el discurso. Es ideológico. Porque también como sus pares porteños habla siempre de “discapacitados”, con una distancia que más que objetividad resuena a desinterés real por el colectivo social que engloba en esa palabra aparentemente neutra a un grupo extremadamente heterogéneo. Y la discapacidad como fatalidad, siempre: “en Argentina no tuvimos una guerra o una catástrofe natural, para que haya tantos discapacitados”. De la catástrofe de la desigualdad, el hambre infantil o la pobreza extrema en muchos territorios, no se dice ni una palabra.
El uso de la palabra “discapacitado” en las redes y los medios es una de las costumbres que más ha molestado este año de tanta exposición a las personas con discapacidad. Quizás haya que buscar en la economía para escribir titulares en la prensa escrita el origen de este uso tan arraigado en el periodismo. Hace años que el colectivo insiste como mantra: ¡personas con discapacidad, personas con discapacidad! “Desde que tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) es más que claro que nunca, primero la persona”. Se refieren al tratado internacional de derechos humanos que nuestro país promulgó en 2008 y hoy goza de jerarquía constitucional. Es decir, el marco jurídico indiscutible.
Hay un juego interno entre activistas: ver los gestos de esfuerzo que realizan algunos comunicadores con miradas más progresistas para asumir correctamente y no equivocarse: “persona con discapacidad, persona con discapacidad” y a la cuarta mención sucumbir en el “discapacitado”. Más que corrección política vacía, se trata de ejercicio ético y político de la comunicación, de un poder de nominación que tiene efectos. El movimiento de las personas con discapacidad incluso ha desarrollado el debate: la discapacidad es una situación social, una posición colectiva, incluso una identidad política. Por eso también hay usos de términos –discas, lisiada, rengo, locos…– que utilizados por el propio colectivo adquieren una carga política contestataria, de orgullo. El lenguaje, siempre dinámico, es un territorio de disputa.
Tiempos de “lucha disca”
Este año, la cuestión de la discapacidad ha tomado relevancia pública como nunca en la historia. El tema ha ocupado el centro de la escena pública, los titulares de los medios, los tópicos de tendencia en las redes sociales. Y nunca como antes, las propias personas con discapacidad ganaron protagonismo frente a otros actores del “sector”: los profesionales, las instituciones y centros prestadores de servicios, las propias familias.
De una manera inesperada para muchos, el colectivo de discapacidad resultó en un actor social y político que resiste la política de la motosierra y la exclusión del gobierno libertario. Al sostenimiento de la lucha, en condiciones de inaccesibilidad que no se pueden soslayar para las personas con discapacidad, se sumó el escándalo de corrupción desatado en la misma entidad que en los últimos años instrumentó los recortes en las pensiones (campaña de desprestigio de por medio) y en las prestaciones.
Después de meses de resistencia y disputa social y política, que no solo es material, sino también por el reconocimiento y el sentido de ser un actor social relevante, nadie en Argentina es ajeno a este conflicto. Nadie ignora que hay una ley que habla de emergencia, que primero el Gobierno vetó y luego tuvo que promulgar, pero al mismo tiempo la dejó sin efecto. El decreto 681/25 fue un acto de excesiva creatividad jurídica y nula legitimidad democrática, con el artilugio de suspenderla y pedirle al Poder Legislativo que ocupe el rol del Ejecutivo, de indicarle de qué partida presupuestaria tomar los recursos.
Inmediatamente, más de 500 organizaciones de todo el país repudiaron la medida calificándola como “una maniobra dilatoria, en línea con la política sistemática del Poder Ejecutivo de bloquear, frenar y desnaturalizar una conquista de las personas con discapacidad y que otro poder del Estado ya decidió”. Y como era de esperar, empezaron a surgir amparos colectivos en contra de la suspensión de la Ley de Emergencia. El Poder Judicial aún no ha emitido un fallo definitivo al respecto.
Días después, el conflicto escaló aún más: mientras se desarrollaba una manifestación de prestadores y familias frente a la sede de la Andis, el interventor del organismo suspendió una reunión con representantes de estas organizaciones, porque “no aceptaba trabajar con presiones”. La indignación de los manifestantes, acostumbrados a esperar pagos desactualizados y atrasados durante meses y hacer malabares para no cerrar las instituciones, fue tal que un grupo irrumpió en la sede de la agencia. La escena fue transmitida en vivo por la televisión, y a muchos nos recordaron escenas históricas protagonizados por personas con discapacidad, como la protesta para exigir la aprobación de la “Ley de Estadounidenses con Discapacidades” en 1990, en la que personas usuarias de sillas de rueda “escalaron” las escaleras del Capitolio. En el caso de la Andis, la manifestación fue tomada como presión, por lo que los funcionarios se tomaron algunas semanas más, para, luego de las elecciones, determinar el aumento de entre 29 y 35 por ciento para las prestaciones por discapacidad.
Casi al mismo tiempo, el fallo judicial que concentró buena parte de las demandas presentadas por diversas organizaciones de la sociedad civil –entre ellas, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba– contra la auditoría de las pensiones, obligó al Gobierno reconocer que todo el procedimiento estaba mal y a prometer la devolución de las pensiones suspendidas erróneamente, a partir de diciembre.
Ambas resoluciones son parciales y no cumplen con lo que exige la Ley de Emergencia. Y mucho menos con lo que realmente requiere el colectivo de personas con discapacidad para vivir con dignidad. Sancionar la ley de Emergencia, reglamentarla, implementarla, cumplirla, implica que el Estado se haga cargo de su rol en la reproducción social de la vida en comunidad. El ideario del Gobierno no puede estar más alejado de esta orientación política: no importa tanto cuánto significan en términos económicos lo que se juega en esta disputa. Si el Estado tiene una función armonizadora de las fuerzas sociales o si solo sirve para beneficiar los negocios, cristalizando relaciones de dependencia con el sistema financiero internacional. Ese es el verdadero contexto de esta disputa.
A pesar de todo, nadie en Argentina desconoce que se trata de una conquista colectiva, cuyos protagonistas centrales son las propias personas con discapacidad. Y, al mismo tiempo, nadie en Argentina puede negar que el mismo Gobierno que prometía limpiar el Estado de corruptos (y romper el Estado desde adentro también) es el que ahora tiene a sus principales figuras envueltas en casos escandalosos, con fondos que, por ejemplo, deberían ir a cubrir las necesidades de apoyos de las personas con discapacidad. Nadie pasa por alto en el país qué significa cuando alguien dice “alta coimera”, “3%” o “discapacidad en emergencia”.
Al mismo tiempo, la crisis continúa y es cada día mayor. Tras años de movilización, organización, articulación, divulgación, formación, construcción colectiva y de una serie de conquistas históricas en términos legislativos, pero también políticos, de agenda pública y conciencia colectiva, la situación sigue siendo la crisis. Un año en el que el Gobierno logró una victoria electoral indiscutible, en un contexto generalizado de empeoramiento de las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. Sin embargo, las escenas circenses de salvatajes trumpistas y las piruetas estadísticas no logran desviar la atención de los malabares que las mayorías deben realizar para llegar a fin de mes.
Las personas con discapacidad, las familias y quienes trabajan con ellas viven en una sensación de desamparo, como en un laberinto sin salida. Es momento de articulaciones en colectivos más amplios, para resistir en este tiempo y para construir una salida que no puede ser sino colectiva, una salida que también es anticapacitista.
* Licenciado en Comunicación Social de la ECI-UNC. Trabaja en el Área de Comunicación Institucional de APADIM Córdoba y forma parte de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y el Observatorio de Salud Mental y DD.HH. de Córdoba. Fuente: Qué Portal de la FCC https://que.fcc.unc.edu.ar/discapacidad-comunicacion-y-disputa-por-la-democracia/ Foto principal: Vigilia en Plaza de Mayo, previa al tratamiento de la Ley en la Cámara de Diputados (9 de agosto de 2025). Crédito: Foro de Discapacidad de Buenos Aires.
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