Referentes políticos, sociales y académicos participaron del debate “Derecho a la comunicación y brecha digital”, organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación. Tomaron la palabra: Mariela Parisi, Gonzalo Quilodrán, Marcelo D’amico, Pablo Carro, María Ana Mandakovic, Soledad Segura,Martín Becerra y Santiago Albarracín. El tema central fue la conectividad. Vídeo.
Por Roy Rodríguez*
Minuto a minuto, las tecnologías de la comunicación cambian las maneras de relacionarse, comerciar, comunicar, comprar y vender en diferentes sociedades alrededor del mundo. Al punto tal que, el acceso a la comunicación y a la conectividad digital se convirtió en una necesidad básica universal, ya que, según los especialistas conlleva la llave para el acceso a otros derechos esenciales.
Casi al mismo tiempo en que decreto 690/20 del Gobierno nacional sentaba las bases para reconocer a la conectividad digital como un derecho, la Facultad de Ciencias de la Comunicación junto a la Federación Argentina de Carreras de Comunicación (Fadeccos) coorganizó un debate donde algunos de los principales especialistas y funcionarios discutieron los alcances de la medida y coincidieron en que, a partir de ella, se abre un horizonte para diseñar políticas inclusivas que puedan, al menos, achicar las diferentes brechas digitales que habitan los territorios de la Argentina.
“Desde la Facultad de Comunicación propiciamos un encuentro con actores sociales y políticos vinculados al campo de la comunicación”, dijo la decana Mariela Parisi al recibir a los disertantes. Estuvieron presentes en el webinar el titular del Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom), Gonzalo Quilodrán; el diputado Pablo Carro, presidente de la comisión de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados; Soledad Segura, Investigadora del Conicet y profesora en la FCC y la FCS de la UNC; Mariana Mandakovic, secretaria General del Cispren, Martín Becerra, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, moderados por Santiago Albarracín, director de la licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda y por la propia Mariela Parisi.
También participó del encuentro Marcelo D’amico, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y presidente de Fadeccos, quien expuso el documento en el que las 33 facultades de Comunicación que la conforman saludan “las medidas de política pública que actualmente se trabajan en sede parlamentaria y que dan continuidad y complemento necesario al DNU 690/20: el proyecto de ley que declara Internet como derecho humano y el proyecto de ley sobre diversidad y pluralismo en los medios de comunicación”.
Brechas y poderes
La disertación, que fue seguida por más de 200 personas en todo el país, dejó algunos diagnósticos sobre la realidad de las brechas digitales en la Argentina, varias coincidencias en torno a la necesidad del rol activo del Estado para revertir algunas situaciones estructurales y las posibilidades que abre el decreto 690/ 20 en relación a la cobertura de conectividad digital y la efectiva caracterización como derecho; y por último, algunos lineamientos de políticas con fortalezas suficientes como para revertir situaciones de vulnerabilidad social y económica que cercenan no sólo el derecho a la comunicación sino otros derechos básicos y universales.
La Argentina es un país en donde, en materia de conectividad, los que menos tienen, los desposeídos, se ven sometidos a un nuevo proceso de desposesión a la hora de acceder a servicios de comunicación digital. Invierten altos porcentajes de sus ingresos en servicios prepagos, que son los más caros y de peor calidad a la hora de gestionar datos. Al otro lado del mostrador, las tres grandes empresas que se reparten el mercado de la telefonía celular tienen en ese lugar uno de los nichos más rentables.
El decreto 690/20 abre camino para revertir estas desigualdades. La idea, según Pablo Carro, es implementar “una prestación básica, universal y obligatoria. El servicio tendría dos campos diferenciados: por un lado, este servicio básico y universal regulado y, por otro, el resto de los nichos, donde las empresas deberían competir con la variable del precio. Me parece que a esto es importante destacarlo, porque lo que se está buscando no es regular toda la actividad de las telecomunicaciones definiendo los precios, (…) sino que el servicio les llegue a aquellos que hoy no lo tienen”.
“En Argentina tenemos 14 millones de hogares. Y ahí tenemos dos datos claves: hay 5 millones que no tienen acceso a la conectividad. Y de esos cinco millones, dos millones directamente no tienen cobertura”, afirmó el presidente del Enacom, Gonzalo Quilodrán. Con el DNU 690/20, el Estado nacional “recupera músculo, recupera poder regulatorio, recupera poder sentarse en una mesa con actores privados de muchísimo poder e influencias, ya no en asimetría, sino en igualdad de condiciones”.
Los diagnósticos de la realidad sociocomunicativa en torno a la conectividad y las dificultades de acceso que genera la llamada brecha digital había sido puesta sobre la mesa un rato antes por Martín Becerra y Soledad Segura. “Internet constituye una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, como la libertad de expresión y opinión, de asociación y reunión, así como el acceso a los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la cultura”. La cita hecha por Martín Becerra pertenece a la Resolución 206 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida apenas un rato antes que comenzara el encuentro.
“La brecha digital no sólo separa a los que tienen de los que no tienen acceso, si no que separa a las muchas maneras en las que tienen acceso los que tienen acceso. Las razones geográficas o de cobertura inciden en la brecha digital y, obviamente, en un país con la fractura socioeconómica que tiene la Argentina, se le agregan las brechas socioeconómicas”. La complejidad de la problemática la da el propio Pablo Carro al graficar la ausencia de coberturas apenas alejados de los grandes centros urbanos: “Hasta principios de este año, no tuve internet en mi casa”. Carro vive en Villa Parque Santa Ana, entre Alta Gracia y Córdoba. Al parecer, los ejecutivos de la empresa proveedora sintieron la presión de que el presidente de la Comisión de Comunicaciones no tuviera servicio.
Tercios y millones
Martín Becerra graficó el mapa del acceso de los hogares a internet de calidad en la Argentina, siguiendo las cifras brindadas por la Cámara Argentina de Internet (CABASE). La entidad informa que cinco millones de hogares están en condiciones de acceder a internet por fibra óptica en el país. Sin embargo, sólo un millón paga por el servicio. Otra foto del panorama actual indica que dos tercios de los hogares del país tiene banda ancha por diferentes formatos tecnológicos. Sin embargo, la velocidad de bajada y subida del servicio varía según los conglomerados urbanos y los diferentes territorios, aún en espacios contiguos como puede ser la Villa 21 en Retiro y el centro de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
“Dos tercios de los hogares tienen acceso a banda ancha. Y eso no es poco. Pero, obviamente, hay un tercio que no tiene. Hay un problema obvio de asequibilidad a las buenas infraestructuras, cuando las hay, pero no siempre es ese el caso”, apuntó Becerra.
En ese contexto, si algo vino a visibilizar la pandemia de Covid 19 es que las inequidades tienen que ver directamente con la imposibilidad de ejercer derechos. Para Soledad Segura, el derecho a la comunicación “es una condición necesaria para demandar, ejercer y exigir la ampliación y la vigencia de otros derechos sociales, políticos y culturales. Y el avance de la pandemia, las medidas excepcionales de distanciamiento y aislamiento obligatorios, puso en evidencia drástica que el acceso a la conectividad se convirtió en imprescindible para el ejercicio de todos los otros derechos: la educación, la salud, el trabajo, el comercio. Pero también el derecho de reunión y asociación, por ejemplo, para defender derechos gremiales. Incluso para tener acceso a políticas sociales y los servicios básicos elementales se usan estos mecanismos”.
A 40 años del informe McBride, que denunciaba la inequidad de los sistemas comunicacionales e informativos globales, donde el flujo comunicacional no era otra cosa que otra fase del sometimiento de los países centrales a los periféricos, Mariana Mandakovic abogó por la implementación de políticas que recuperen la idea de soberanía comunicacional y desde su posición de representante de los trabajadores de la prensa de Córdoba dio la bienvenida al Decreto 690/20. Además, es necesario plantearse “quiénes son los dueños de las redes y quiénes tienen el poder de manejar las comunicaciones”, señaló.
Paradigmas y políticas
“La brecha digital no es sólo una brecha, no es sólo una diferencia. Es una asimetría, una desigualdad y se basa refuerza otras inequidades e injusticias de clase social, de género, de generaciones, de etnias y de lugares donde se habita”, afirmó Soledad Segura. “La declaración de servicio público a que hace este decreto, permite que el Estado recupere la potestad de regular precios y es un paso adelante para limitar estos abusos. Pero, además, marca un enfoque, estructura también el debate sobre qué implicancia tiene pensar la conectividad como servicio público. En este sentido espero que sea el puntapié inicial de una política integral en esta materia”.
“Necesitamos un plan. El decreto en sí mismo no soluciona nada. Sino que se va requerir de un plan de largo aliento. No es algo que vamos a resolver este problema ahora, ni la semana que viene ni el año que viene. Ni siquiera creo que sea un problema que podamos resolver durante el gobierno de Alberto”, se sinceró Pablo Carro.
Para Segura, las cuestiones sociales en relación con los usos y accesos a las tecnologías son centrales si se quieren desarrollar políticas de largo aliento. Y abogó por la puesta en marcha de un plan educativo que permita capacitar a quienes toman decisiones en las comunidades sobre las formas de uso de las tecnologías. Además, fundamentó la necesidad de volver sobre herramientas de software libre y divulgación: “Tenemos experiencias con los programas Conectar Igualdad y Argentina Conectada en comunidades donde estos programas llegaban y las autoridades guardaban las computadoras para protegerlas e impedían el uso y el desarrollo de capacidades, con una reverencia con respecto a la tecnología” que era perjudicial para todos.
Todos los disertantes coincidieron en el hecho de que el decreto es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma necesario con el que, según Pablo Carro está de acuerdo todo el arco político argentino, pero que, por cuestiones de oportunismo político, no existen posibilidades de aunar voluntades.
Para Martín Becerra, este cambio es imprescindible y obliga al Estado a trabajar en políticas que generen las condiciones para la universalización del derecho y por tanto la universalización de los servicios. “Bienvenida la tipificación como servicios esenciales, bienvenida la consideración de que este es un derecho ciudadano. No podemos hablar de la ciudadanía digital si por lo menos no le reconocemos a cada ciudadano el derecho a tener una buena conexión”, celebró.
Fueron dos horas de debates, arduos. De multiplicidad de ideas a que recorrieron el país a través de pantallas. De conectividad. Conectividad en contexto de pandemia. Un problema exacerbado que, sin dudas requirió una solución rápida. Una oportunidad, dijo Segura: “Al principio de la pandemia, escribimos con Ana Bizberge un artículo sobre el derecho a la conectividad y la pandemia. Y lo cerrábamos con este párrafo: En situación de crisis se toman medidas excepcionales que pueden sentar precedentes adversos como las prácticas de vigilancia y censura estatal y privada. Sin embargo, constituyen también una oportunidad para construir alternativas progresistas, viables y sostenibles en el tiempo como el zero rating para garantizar acceso a plataformas de educación virtual, las redes comunitarias de internet o el software libre. La crisis es también terreno fértil para plantear debates sobre los derechos digitales con un alcance social más amplio. Del activismo social y las decisiones estatales depende que esta situación adversa constituya una oportunidad para garantizar derechos”.
*Fuente: Qué, portal de contenidos de la FCC-UNC.
www.prensared.org.ar
