La actividad “Por un mecanismo local contra la Tortura en Córdoba“, se realizará este jueves 21, a las 10.30 h, en el local de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, ubicado en Santa Fe 11, barrio Alberdi. Se prevé una conferencia de prensa donde se dará a conocer un documento acordado por diversas organizaciones que será presentado a los nuevos legisladores provinciales para lograr la “inmediata creación” de dicho instrumento. No es la primera vez que se presenta este proyecto sin resultados.
Por Redacción*
La convocatoria expresa que es urgente la creación de “un organismo de control con participación de la sociedad civil e independiente de los poderes del Estado” para cumplir con la normativa nacional e internacional definida en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes”.
Se trata de una herramienta “necesaria para la prevención de la tortura y los malos tratos en los lugares de detención de la Provincia de Córdoba” acorde al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. No es la primera vez que se intenta “la sanción de una ley provincial que lo cree”.
Cabe destacar que la situación de Córdoba es complicada porque, expresan, “la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad, y disimulado en el marco de la política de seguridad pública, corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso””, como lo dijo en 2018, el relator de la ONU.
Este año – 2019 – se produjeron “cuatro muertes en menos de dos meses” en las prisiones provinciales especialmente en la cárcel de mujeres. Se conoce, además, que existen “prácticas denigrantes” normalizadas por las instituciones. Entre ellas, “celdas de aislamiento, camas de sujeción, brutales golpizas, traslados compulsivos, entre otras prácticas de maltrato que dan cuenta de la negligencia penitenciaria y las pésimas condiciones en los servicios como el de salud”.
A esto se agregan “los tratos inhumanos, las condiciones insalubres y el hacinamiento” que en varios casos terminan en la muerte por falta de atención médica. También advierten que – según datos aportados por el ministro Farfán-desde 2015 aumentaron las detenciones “a mil ingresos por cárcel” cuando en el periodo 2006 / 2015 había aumentado de 300 a 400 presos por año con periodos incluso de disminución. Otras prácticas son “el uso letal de la fuerza” por disparos de balas de plomo por parte de efectivos policiales. Por caso, entre noviembre del 2018 y marzo del 2019 hubieron “cuatro muertes por disparos policiales en hechos similares”.
A esto se suman “el hostigamiento policial” y hasta “la tortura sistemática” de varones jóvenes de sectores populares de la provincia. Las re-victimizaciones y las “enormes dificultades para transitar procesos de burocracia administrativa formal” y se suman otras denuncias de maltrato y torturas “en otros contextos de encierro” como son el complejo “Esperanza” y el Hospital de Salud Mental de Oliva.
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Imagen ilustrativa Colectivo Cárcel es tortura
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