Durante la indagatoria, el exfuncionario les respondió a los testigos y querellantes Luis Miguel Baronetto y Juan Miguel Ceballos. El acto procesal tuvo lugar en la pequeña sala de audiencias del TOF 2. Dijo que se considera un “perseguido” sometido a un juicio “absurdo y descabellado”.
Por Katy García*
Como estaba previsto, el presidente del tribunal Mario Martínez, abrió el debate este miércoles, con la ampliación de la indagatoria del acusado Carlos Otero Álvarez, en la sala del TOF2. A media mañana, fue habilitado para que ejerza su derecho a la defensa de manera libre, sin responder preguntas.
Sentado en el banquillo, con voz pausada, rodeado de papeles, se dirigió a los jueces para manifestar en primer lugar que “este juicio es absurdo y descabellado” porque en el país se realizaron “decenas de juicios a magistrados y funcionarios judiciales, incluso con condenas a jueces, fiscales y también a algún defensor público, pero nunca, en el país, ni siquiera se ha imputado a un secretario y menos por incumplimiento de funciones”, afirmó.
Durante la indagatoria prevaleció como eje argumental que su función se limitaba a ser un actuario, un fedatario, y que las decisiones eran tomadas por el juez Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido) porque tenía las facultades para hacerlo. Asimismo, señaló que no es cierto que la investigación de la Comisión Interamericana de derechos humanos lo haya mencionado.
Reivindicó a miembros de la Sagrada Familia judicial cordobesa y denostó las presentaciones del “señor Baronetto” un “lego” en derecho. Pero, advierte, que lo que más le ha preocupado es que otros se hicieran eco de un “libelo” como (Carlos) Gonella, un fiscal que sabe de derecho. Cuestionó, además, la imputación y el dictamen de Diana Conti –“que Dios la tenga en su gloria”- al que calificó como “canallesco, obsceno y monstruoso”. Tema que profundiza en el vídeo que ofrecemos al final. También opinó que la jueza Ana María Figueroa “se ha equivocado”.
Recordó que en 2008, formó parte del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, cuyo tribunal se completaba con Jaime Díaz Gavier y Vicente Muscará, que juzgó y condenó a Luciano Benjamín Menéndez y a cuatro imputados que eran personal civil de inteligencia y se desempeñaban en La Perla, con penas de prisión perpetua.
Destacó que el “Señor Baronetto” había presentado una recusación al inicio de dicho juicio que “fue rechazada por todos los querellantes” y que en 2009, el Tribunal, en durísimos términos también condenó la presentación que hizo José Fabián Asís. Tras cartón, leyó la resolución, donde asegura que en definitiva “me vino muy bien porque en el juicio anterior (cuando fue absuelto) no lo tuve presente” y reiteró los dichos sobre los secretarios que “carecen de jurisdicción” y reafirmó el concepto de fedatario. Comentó que ahí, empezó “una persecución” para con su persona y familia.
En su extensa alocución, señaló que las primeras presentaciones de Baronetto, ante el Consejo de la magistratura, en foja 6 y subsiguientes, declara la muerte de su esposa (Marta Juana González de Baronetto) y se refiere al juez Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido) y al defensor Molina cuando éste le recomienda que se vaya del país, porque “usted tiene dos hijos y le conviene rehacer su vida”. Hasta ahí, dice, que la responsabilidad era para el juez y que “después de 30 años descubre al secretario y habla de la causa (Héctor) López Aurelli”. En relación a las “órdenes de traslado” (de los detenidos en la UP1) afirmó que siempre fue dada por el juez como se constata en los legajos carcelarios y continuó con otros hechos que constan en “la foliatura” del Consejo de la magistratura. En cuanto a las torturas, sostuvo que se sobreseyó sin investigar.
Al testigo y querellante en la causa, Juan Miguel Ceballos, le dedicó un largo parlamento. Lo acusó de realizar un acting durante la audiencia y que además “tuvo el tupé de hacer críticas a personas honorabilísimas de la justicia federal de Córdoba, que la honran y enaltecen, como Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, personas intachables que han realizado con responsabilidad, dedicación y valentía, la mayoría de los juicios de lesa humanidad”. Expresó que en realidad “hizo un alegato con un ropaje de testigo” y se refirió a varios de los puntos planteados en su declaración .
Sobre la presentación de Ceballos y (Rubén) Arroyo, interpretó que el testigo pretendió “trasladarle la responsabilidad de Zamboni Ledesma” a él que era un secretario. En igual sentido, se expresó respecto a las torturas y asesinato de la esposa del “señor Baronetto” y de sus propias torturas cuando él se había “solidarizado por lo que le había pasado”.
También explicó, que el oficio emitido por Juan Bautista Sasiain estaba dirigido al juez Zamboni Ledesma, quien le respondió y que la copia era archivada por el secretario.
El relación a Raúl Augusto “Paco” Bauducco, asesinado en la penitenciaría, por el cabo Pérez, leyó una parte del dictamen realizado por el exfiscal (Gustavo) Vidal Lascano quien manifestó que había actuado en “carácter de secretario y solo dio fe de los delitos”. Negó que haya tenido participación en el caso porque se trata de “una acción del juez quien debía ordenar una investigación”. Añade que la denuncia de Baronetto le hizo “hervir la sangre”.
También aclaró que “es falso lo que dijo Ceballos sobre el doctor Hugo Vaca Narvaja (h). Fue detenido en el juzgado n°2, y no en el uno”. Dijo que el testigo quiso relacionarlo con “los enormes sufrimientos de la familia Vaca Narvaja, apellido icono si los hay en la ciudad de Córdoba, entre las víctimas del terrorismo de estado”. En cuanto a un hábeas corpus respondió que “no intervino, ni siquiera en la protocolización”.
“Yo hice lo que me correspondía como actuario”, dijo en varios tramos enfatizando sobre las diferencias de funciones entre juez y fiscal.
Finalmente aseguró que de una simple lectura se puede inferir que “no se puede equiparar la actividad de un juez y la un secretario. Cita fragmentos de la resolución del Consejo de la magistratura cuyo expediente completo será incorporado a la causa.
Este juicio que se está realizando responde a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella. En 2017, se realizó el Juicio de los Magistrados, y el exsecretario fue absuelto por el tribunal presidido por Julián Falcucci. En 2020, se ordenó la anulación del punto 9 que dejó sin efecto la absolución del del ex juez Otero Álvarez.
Ver la indagatoria completa aquí.
*Periodista. Agencia Prensared. Fotos gentileza de Alexis Oliva.
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