Durante la primera audiencia del juicio Diedrich – Herrera, se cumplimentó la lectura de la elevación a juicio (hechos y calificación penal). A las 11: 08, la presidenta del tribunal, Carolina Prado, realizó la apertura de la audiencia virtual. El fiscal Maximiliano Hairabedián anunció que serán más de 50 los testigos que declaren ante el Tribunal y las partes.
Por Katy García*
Pasadas las 11, ingresó el Tribunal que juzgará a 18 represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de 43 víctimas. Lo preside Carolina Prado acompañada por los vocales Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci.
Con la presencia de las partes y respetando el protocolo por el Covid 19, se procedió a la lectura de la requisitoria fiscal. El secretario, Hernán Moyano Centeno, comenzó por el expediente Driedrich que narra lo sucedido con Claudio Luis Román Méndez, Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello, Juan Carlos Soulier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Soulier, Luis Freddi Soulier, Luis Roberto Soulier Guillén. Y luego continuó con la lectura del expediente Herrera que reúne 26 hechos.
Los lugares donde se instaló el horror fueron el centro clandestino de detención La Perla que dependía del Destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren” que al momento de los hechos estaba comandado por Oscar Inocencio Bolasini como jefe, y Hermes Rodríguez subjefe, hasta el 5 de diciembre de 1977. El otro, fue el Ex Departamento de Informaciones policiales (D2) ubicado en el Pasaje Santa Catalina donde hoy funcionan la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria.
El Destacamento 141 estaba dividido en cuatro secciones. 1°) política, a cargo de Luis Gustavo Driedrich (hasta el 28 de enero de 1977); 2°) Calle, 3°) Operaciones especiales, a cargo de Héctor Vergez (hasta el 28 de julio de 1976) luego reemplazado por Jorge Acosta hasta el 5 de diciembre de 1977; y 4°) Logística. La sección de actividades especiales de inteligencia estaba a cargo del Grupo de Operaciones (OP3) que funcionaba en el campo. La integraban: Pedro Vergéz, y entre otros los agentes civiles Morard y Lardone.
La aplicación del plan sistemático de exterminio al oponente político puede reconocerse a lo largo de la lectura de los hechos. Secuestros violentos, traslados a centros clandestinos de detención donde eran torturados hasta obtener información de las organizaciones donde militaban para luego asesinarlos y desaparecerlos en los alrededores del campo. Así eran los métodos del Grupo OP3.
El hecho uno (H1) da cuenta del calvario sufrido por Claudio Román Méndez (16) estudiante de la Escuela Manuel Belgrano y dirigente de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). En el campo fue torturado y sometido a tratos crueles. El 10 de agosto de 1976 fue retirado por el Grupo de Operaciones especiales “y asesinado en un inexistente enfrentamiento” entre las fuerzas militares y “elementos subversivos en las inmediaciones de Camino a San Carlos y Avd. Circunvalación”.
El segundo hecho reconstruye el secuestro de Ángel Ernesto Cuello (19) empleado de Juncadella, trasladado directamente a La Perla. Fue retirado y asesinado en las inmediaciones. Permanece desaparecido. Los responsables del lugar eran los torturadores Héctor Pedro Vergez y Ernesto Barreiro, ambos miembros del Comando Libertadores de América, versión local de la Triple A. El H3 describe el periplo de la familia Soulier en el D2. Todo, en el marco de la llamada lucha antisubversiva bajo la responsabilidad operacional del jerarca fallecido Luciano Benjamín Menéndez y una larga cadena de mandos.
Sistematicidad
De la lectura de los hechos surge claramente la sistematicidad de las prácticas. Tras la detención ilegal el militante era trasladado al campo donde permanecía con las manos atadas, los ojos vendados, tirado en colchonetas en el piso, con la prohibición de moverse y comunicarse con las demás personas detenidas. Sin atención médica, privado de elementos básicos de higiene, forzado a escuchar gritos, lamentos y expresiones denigrantes de quienes eran sometidos a tratos crueles “con el objeto de menoscabar su moral” para obtener información sobre la organización donde militaba. En este caso gran parte – estudiantes secundarios, universitarios, trabajadores, delegados sindicales de base y profesionales-, lo hacían en el PRT-ERP.
Antes de ingresar al recinto el fiscal Maximiliano Hairabedián evaluó que las causas son complejas y anticipó que más de 50 testigos brindarán testimonio ante el Tribunal. Lo hizo en declaraciones realizadas al periodista acreditado Jorge Vasallo. Sobre la duración del proceso expresó que “El desafío es terminarlo a fin de año. Pero será difícil por la pandemia y porque son muchas las declaraciones e intervenciones por videoconferencia que requieren de medios tecnológicos, que son limitados”. Señaló que el Tribunal debe atenerse a los turnos que le concedan para contar con “los servicios de cámaras y videos que tienen las unidades carcelarias y otras dependencias del estado; en el medio de esta adversidad”.
A eso de las 15 concluyó la lectura con la calificación penal.
El próximo miércoles 16, a las 10, se realizará la segunda audiencia por el canal de YouTube del Tribunal.
*Prensared |Fotografías gentileza Prensa TOF 1
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