A 40 años de democracia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, regional Córdoba (APDH), emitió una declaración donde reflexiona sobre la avanzada del autoritarismo sobre los derechos conquistados y la democracia. Qué pasa en Córdoba. Declaración completa.
Por Redacción*
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, regional Córdoba (APDH) (1), alerta sobre la quita de derechos conquistados por el pueblo que empezó en Jujuy cuando se aprobó una reforma constitucional que la sociedad rechazó y el gobernador Gerardo Morales reprimió, criminalizó y judicializó. Mediante una Declaración el organismo expresa su “preocupación por la consolidación de prácticas antidemocráticas”. Asimismo, invita a organizaciones de la sociedad civil a debatir sobre esta situación. Tras describir este escenario advierte que una ley provincial no puede modificar las garantías constitucionales. Por eso, alerta sobre la necesidad de visibilizar ésta “avanzada del autoritarismo sobre la democracia”. (Descargar al final).
“La represión estatal a manos del Gobierno de Jujuy, es la antesala de la criminalización y represión a la protesta social, que se quiere aplicar en Córdoba, a través de dos proyectos presentados en la Legislatura por el oficialismo y la principal fuerza opositora”, dice el texto. A la vez, convoca a Organismos de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos, centrales obreras, movimientos sociales, representantes estudiantiles, de distintos credos y referentes de la sociedad civil a debatir y visibilizar esta problemática.
Destaca además que la represión estatal ejercida en la Provincia de Jujuy – antes en Chubut y Salta-, “No solo criminaliza y reprime la protesta, también ejerce una fuerte “persecución político-judicial, a través de razias, allanamientos, amenazas de cesantías laborales a trabajadores del Estado y la aplicación de cuantiosas multas y/o la inhabilitación para cargos públicos”.
Además, judicializa a quienes se manifiestan con un objetivo claro: “el disciplinamiento social y la afrenta al escarnio público” utilizando a las fuerzas policiales para ejercer “violencia policial, infiltración en las protestas, detenciones, traslados ilegales, imputaciones penales” a dirigentes sindicales, y estudiantiles para “controlar la acción política en el campo popular” y luego atacar con “fallos judiciales ilegítimos como el expuesto por el Juez de Control Nº 10 de Córdoba, Juan Manuel Fernández López, a favor de restringir el derecho a la protesta a través de un hábeas corpus interpuesto por el Centro Vecinal del Barrio Centro”. Acciones que van contra de derechos constitucionales.
En este punto el texto destaca que en Córdoba “el oficialismo provincial de Hacemos por Córdoba y el principal bloque opositor de Juntos UCR unificaron criterios para modificar el Código de Convivencia e introducir una redacción que limita o directamente impida la protesta social”. Un derecho que está garantizado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Enfatiza, que “una ley provincial” no puede modificar dichas garantías de la Constitución “simplemente por el interés del gobierno de turno” para modificar la relación de fuerzas.
En Jujuy y en otras provincias a través de estas “reformas” buscan “restringir derechos, condicionar y limitar el ejercicio de garantías básicas como la libertad de expresión” para “desalentar y hasta prohibir la protesta pública”. El rechazo del pueblo en Jujuy no se hizo esperar pero el gobierno en vez de convocar al diálogo respondió con una fuerte represión. “En todos los casos pretenden retrotraer el ejercicio de las libertades democráticas conquistadas en estos cuarenta años”, enfatiza la declaración.
La Asamblea denuncia “a viva voz” que se trata de “medidas claramente anticonstitucionales” que constituyen un “grave peligro” para la Democracia y la plena vigencia de los Derechos Humanos. Luego, repasa las luchas recientes por los derechos de las mujeres y las diversidades, colectivos contra abusos policiales, resistencias anti represivas; por los derechos laborales, por condiciones dignas de vida, ambiente, por Memoria, Verdad y Justicia, conquistados con la movilización. Entonces, es fundamental “rechazar cualquier intento de limitar la protesta; que respondiendo implícitamente a la matriz ideológica de la doctrina de la seguridad nacional impulsan utilizar las instituciones del Estado Provincial para criminalizar”.
“En todos los casos pretenden retrotraer el ejercicio de las libertades democráticas conquistadas en estos cuarenta años”.
En esa dirección, la organización reafirma que “la manifestación, participación y libertad de expresión, la queja, aprobación, rechazo o protesta son todos derechos inalienables del Pueblo, garantizado por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”. Acciones que se realizan en el espacio público.
Finalmente promueven “un diálogo abierto entre instituciones del Estado y Organizaciones de la sociedad civil, por la vigencia irrestricta de la Constitución Nacional y el reconocimiento de la participación de la población como fuente de la democracia que el próximo 10 de diciembre cumplirá 40 años ininterrumpidos, bregando por su defensa, ampliación y profundización”.
Nota
1-Integran el organismo: Luis Miguel Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet, Mabel Edith Sessa, Carlos Vicente (Copresidentes); Medardo Ávila Vázquez (Secretario General); Gerardo Battiston (Secretario de Lesa Humanidad), Claudia Fontanesi (Secretaria de Género y DDHH); Luis Bazán, David Dib, Gustavo Molina y Pablo Sigismondi (Vocales).
*Agencia Prensared. Imagen ilustrativa AnRed.
APDH Declaracion 07 2023 V2 Texto Completo
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